Familiares y representantes de las víctimas de la represión en la región andina de Puno que dejó 19 muertos y 180 heridos denunciaron demoras en la investigación de esos hechos. El pasado nueve de enero, en medio de protestas contra el gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, las fuerzas de seguridad reprimieron de forma violenta a los manifestantes.

“En Puno hubo una masacre, asesinaron a civiles con armas de fuego, Puno precisa justicia pronta, son cerca de dos meses y aún las diligencias (fiscales) no se realizaron”, afirmó Wilmer Quiroz, abogado de las víctimas, en conferencia de prensa.

Además, dijo que la demora en la investigación tiene que ver con que primero estuvo en manos de policías y fiscales especializados en crimen organizado. Luego, pasó una fiscalía común de Juliaca que inició la revisión de videos recién la semana pasada, denuncia Quiróz.

El abogado dijo que la fiscalía no tiene pericias balísticas y psicológicas. Tampoco cuenta con declaraciones de los policías y soldados que participaron del operativo, y que ninguna víctima fue citada para que diera su testimonio.

Los familiares de las víctimas exigen la apertura de investagaciones a los jefes del operativo y que se habilite en Puno una fiscalía especializada en derechos humanos.

Perú: protestas contra el gobierno

Las protestas en Perú comenzaron el siete de diciembre con la destitución del presidente Pedro Castillo. El mandatario había anunciado la disolución del parlamento luego de una serie de mociones del congreso de mayoría opositora para buscar su destitución.

En las calles el reclamo es por la salida de Dina Boluarte, el llamado a elecciones y una nueva Constitución.

Según datos de la Defensoría del Pueblo murieron 49 personas (48 civiles y un policía) por la represión y enfrentamientos, y 11 personas murieron como consecuencia de los cortes de ruta. Más de 1300 personas resultaron heridas.

El gobierno de Boluarte resolvió ayer por decreto entregar “por única vez” subsidios de 50.000 soles (equivalente a poco más de 13 mil dólares) a los familiares de los muertos durante las protestas y de 25.000 soles a los heridos de gravedad.

"Queremos justicia, que los culpables paguen por todos estos hechos, y pedimos que nunca más vuelvan a suceder, que nunca más pongan de luto a una población entera", denunció en una conferencia Raúl Samillán. Su hermano Marco era médico internista y fue "ejecutado extrajudicialmente", afirmó Samillán.

Sobre el subsidio anunciado por el gobierno, Samillán dijo que "ningún dinero va a devolver" las pérdidas del 9 de enero, cuando Juliaca fue escenario de la jornada más sangrienta de las protestas en Perú.