Daniel Busson tiene 31 años y lleva 10 en prisión, en la U21 de Campana. Fue condenado en 2017 a perpetua por el homicidio en Zárate de un joven, crimen que asegura que no cometió. Asegurar, asegura cualquiera su inocencia, pero el caso tiene tufillo a jardineros policiales que plantaron evidencias. ¿Por qué? Porque además de las pruebas que presentó Busson de que no estaba en el lugar al momento del crimen, no parece haber evidencia alguna que lo comprometa. No se entiende el motivo por el que lo detuvieron y, mucho menos, las causas que determinaron a la policía de Zárate a abandonar otra línea de investigación: la principal, se podría decir, si se tiene en cuenta que otros dos jóvenes fueron señalados por testigos como los responsables del crimen para robar la moto de la víctima, y que en la casa de uno de ellos la policía encontró una moto igual a la vista en el robo. 

Más sorprendente, de no ser por el hábito policial, resultó el testimonio de una mujer que aseguró (y lo declaró ante los jueces) que en la rueda de reconocimiento un oficial iba indicando a quien reconocer, o sea, a Busson y a otro acusado de la nada. El efecto del reconocimiento apuntado se verificó en los dos principales testigos de la acusación: en su primera declaración no habían podido reconocer a nadie, pero 17 días después, y pasados por el tamiz policial, milagrosamente reconocieron a ambos. Lo maravilloso y que cierra el círculo del poder poli-toga es que dos de los jueces asumieron como fiables todas las pruebas policiales y desestimaron las de la defensa. El caso llegó a la Corte Suprema y, en estos días, la Comisión Provincial por la Memoria podría presentarse como amicus curiae, después de reunir cantidad de elementos que permiten asumir que se trata de una causa armada.

La historia visible comenzó el 7 de abril de 2013 al mediodía, en el barrio Saavedra, sur de Zárate, cuando dos jóvenes mataron de un tiro al adolescente Lucas Melo para robarle la moto, usando una Yamaha Crypton roja. Días después, y tras una sucesión de marchas de reclamo de los familiares de Melo, Daniel Busson fue detenido junto a otro desventurado. A partir de allí se fueron sucediendo los acontecimientos que fueron sintetizados más arriba, y cuyo desarrollo puede seguirse con detalle en el razonamiento del juez del Tribunal de Zárate que juzgó a ambos en 2017, Daniel Ropolo quien, a diferencia de sus colegas preopinantes Guillermo Guehenneuf y Ángeles Andreini, consideró que no existían pruebas para condenar a Busson ni al otro acusado, Emiliano Micucci, quien esta semana intentó suicidarse y fue descolgado por un compañero de celda que lo advirtió a tiempo.

Ropolo hace un minucioso cuestionamiento a las pruebas de la fiscalía aportadas por la policía. Para empezar, la rueda de reconocimiento y el papel de dos testigos que participaron en ella y cuya declaración es la base de la acusación: Emanuel Rodríguez y Nancy Zapata, que presenciaron el hecho y acudieron en ayuda de Lucas Melo. Durante la instrucción, ambos aseguraron "categóricamente" --subraya Ropolo-- no reconocer a nadie, en el caso de Zapata, y solo a uno, en el caso de Rodríguez. Y 17 días después, en la rueda de reconocimiento ambos no tuvieron dudas en afirmar que Busson y Micucci eran los responsables. Ropolo no cree los argumentos que dieron los testigos para cambiar en su percepción, que se habían puesto nerviosos y que no entendieron la pregunta. "(...) es un interrogante concreto y simple y no requiere manejar una literatura especial para entenderlo", razona el juez.

El juez vuelve hacia atrás y dice que la rueda de reconocimiento no es una prueba en sí misma sino la confirmación de una instancia previa, en la que un testigo dijo reconocer a alguien por lo que se lo lleva a la rueda a ratificar. Y en ese punto es que Ropolo se sorprende: "(...) me pregunto cómo es que los instructores aparecen citándola diecisiete días después (...) si dijo que no podía reconocer a nadie".

Y Ropolo vuelve una y otra vez sobre la cuestión porque subraya que "no hay una sola  prueba que ameritara llevar a los imputados a la rueda de personas. Ninguna. Hasta ahí solo se había constatado y secuestrado producto de un allanamiento en la casa de un tal C. (el diario se reserva el nombre) una moto Crypton roja sin patente similar a la que describen Zapata y Rodríguez". Para colmo, Ropolo agrega que hasta finalizar el debate oral, la única prueba aportada fue el resultado de la rueda de reconocimiento, y ésta fue seriamente puesta en duda por otra declaración. La testigo Belén Messina sostuvo que acompañó a su marido a la rueda de reconocimiento y "en ese momento --cita el juez la declaración-- un policía alto y calvo les dijo que tenían que reconocer a uno de oreja cortada y a otro de barbita". Busson era el de barbita y su compañero en suerte, el de la oreja cortada.

Y por último, Ropolo analiza los datos que surgen de la investigación policial para llevar a Busson y Micucci a la rueda de reconocimiento: "(...) qué elementos probatorios tenía la policía para hacerlo --se pregunta y se responde--. Del análisis general de la prueba debo concluir que ninguno". 

Por último, señala la declaración de otra testigo, Melisa Martínez. Ropolo recuerda que la mujer declaró que el día del crimen, su novio estaba con otros tres hombres y que dos de ellos, escuchó ella, afirmaban que habían participado en el robo de la moto y en el crimen. La mujer aportó los datos, la policía, como ya se dijo, obtuvo una moto semejante en un allanamiento, pero la investigación se detuvo allí, ni siquiera para corroborar si se trataba de la misma Crypton vista por Zapata y Rodríguez.

El caso cerró con la condena a perpetua. Basta agregar que el entonces jefe de la comisaría 1 de Zárate, Daniel Segovia --que intervino en la detención de Busson--, fue detenido por amenazas y coacción en 2014, salió libre durante el proceso y quedó prófugo, hasta que en 2018 fue capturado y condenado.

Dar vuelta un fallo judicial por más absurdo que sea no es sencillo. Ahora el expediente llegó a la Corte Suprema con el pedido de revisión de la Defensoría Pública. La Comisión Provincial por la Memoria analiza el caso como evidencias de una causa armada y se prepara a presentarse ante la Corte como amicus curiae.