La Cámara Federal de Rosario emitió un fallo declarando la nulidad de la causa cerrada en 1977 en la que se dictaminó como “accidente de tránsito” la muerte del obispo católico de San Nicolás Carlos Ponce de León. El obispo falleció el 11 de julio de aquel año cuando, según se afirmó entonces, el vehículo Renault 4 que conducía en la ruta nacional 9 a la altura de la localidad de Ramallo, y en el que se trasladaba junto a un acompañante, chocó contra una camioneta. A partir de ahora tendrán que ser convocados a presentar declaración indagatoria los militares acusados por el presunto asesinato del obispo.

La resolución de la Cámara rosarina le da ahora la razón a la determinación del juez Carlos Villafuerte Ruso que, en 2004 y a pedido del fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, pidió la nulidad de lo actuado en base a graves “irregularidades” en el procedimiento y ante la sospecha de la existencia de un delito de lesa humanidad cometido en el marco de la dictadura militar que entonces gobernaba en la Argentina.

El expediente señala que todos los antecedentes acumulados “hacen sospechar que el deceso de Ponce de León pudo estar pergeñado por parte de las autoridades militares del área Militar 132”, al mando del coronel Manuel Saint Amant.

En agosto de 2021, el juez federal Marcelo Bailaque había rechazado el pedido de nulidad por entender que se trataba de “cosa juzgada irrita” y en respuesta a los recursos de apelación interpuestos por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello y por la abogada Evangelina Lardone en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo dispuesto ahora con la firma de los jueces Guillermo Toledo y Fernando Barbará habilita la reapertura de las investigaciones sobre la base de la hipótesis del homicidio y la Justicia podrá disponer el llamado a indagatoria de los eventuales acusados.

El obispo Ponce de León fue un firme crítico de la dictadura militar y en esa condición se enfrentó con las autoridades militares, denunciando la detención y desaparición de personas. En virtud de ello, y según figura en el expediente judicial, recibió intimidaciones y reiteradas amenazas de muerte.

En el pedido de la reapertura de la causa, los peticionantes indican que “a lo largo de quince años se colectaron numerosas pruebas documentales, testimoniales e instrumentales que abonan como posible que el hecho que llevara a la muerte al obispo Ponce de León haya sido producto de una conducta pergeñada por parte de las autoridades militares y no de un hecho culposo como quedó plasmado en la sentencia recaída en el año 1978”. Y en ese sentido se precisa que lo que en su momento se señaló como simples “omisiones” en la investigación llevada a cabo por la Justicia provincial en 1977 son en realidad “serios vicios formales y sustanciales” que impiden llegar a la verdad de los hechos.

A fin de esclarecer la muerte del obispo, el fiscal Di Lello pidió la indagatoria de Antonio Bossié, entonces mayor del Ejército y jefe de inteligencia del Área 132 en el momento de los hechos, y la de otros dos militares: el capitán Bernando Landa y el mayor Omar Andrada, entendiendo que todos ellos, entre otras personas, tuvieron presunta participación en el homicidio de Ponce de León.

Según consta en el expediente, “ha quedado acreditado que Ponce de León estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos de la dictadura cívico militar que gobernó el país entre 1976/1983” y que “esas operaciones y amenazas estaban directamente vinculadas a las defensas realizadas por Ponce de León respecto de personas perseguidas o desaparecidas por cuestiones políticas, gremiales, sociales y religiosas, lo cual podría haber constituido –según criterio fiscal– la motivación de su asesinato, y que a través de un expediente judicial instruido irregularmente se pretendió enmascararlo como un accidente”.

Dentro de las pruebas documentales aportadas a la causa consta un documento acercado por la Comisión Provincial por la Memoria. Se trata de las agendas del obispo Victorio Bonamin, provicario general castrense y clérigo muy afín a la dictadura militar. Allí existe constancia de que los militares “tenían a Ponce de León dentro de su radar de enemigos, sindicándolo como un ‘obispo peligroso’ ”, y que por ello se realizaban en la sede de inteligencia del Área Militar 132 reuniones entre civiles y militares “para denunciar y conspirar” contra el obispo de San Nicolás.

De acuerdo con la documentación obtenida en la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en el propio Ejército argentino, los militares sabían que el obispo Ponce de León tenía su propia investigación sobre la masacre de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos, hecho ocurrido en Buenos Aires el 4 de julio de 1976, y sobre el asesinato del obispo riojano Enrique Angelelli en 1976.

Entre las declaraciones recogidas en el proceso judicial se incluye el testimonio de una religiosa de apellido Biancardi, colaboradora del obispo, quien sostuvo “que no se ocultaba, que (Ponce de León) tenía amenazas de muerte, que lo llamaban por teléfono, que le mandaban anónimos”. La misma persona recordó un mensaje anónimo: “Terminamos con Angelelli, se acabó Brasca, ahora le toca a usted”. Antonio Brasca era obispo de Rafaela y murió en junio de 1976.

Los tres obispos eran catalogados por la dictadura militar como integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, una entidad a la que, en un documento rotulado como “confidencial”, los militares caracterizaron como “la única organización de accionar trascendente en el ámbito de ciertos sectores de nuestra población, de definida prédica socializante, que sirve a la postre a la lucha de clases que pregoniza el marxismo”.

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