Desde Lima

Demetrio Aroquipa vive en la altiplánica ciudad de Juliaca, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia. El 9 de enero salió caminando de su casa con su esposa y sus dos hijas para ir a comprar al mercado. Ese día, una multitudinaria movilización de protesta exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte había llegado hasta las afueras del aeropuerto, única ruta que lleva de la casa de la familia Aroquipa al mercado. En el camino, se toparon con la represión. La policía disparaba.

"Estábamos yendo a comprar"

“Cuando los cuatro estábamos yendo a comprar, mi hija cayó al suelo, le había impactado una bala. Estábamos a dos cuadras del aeropuerto. Nosotros no estábamos en las protestas, nos estábamos alejando de la gente, no pensamos que iban a dispararnos”, recuerda Demetrio, entre lágrimas. Cargó a su hija, la llevó a la posta médica, por la gravedad de la herida causada por la bala de un fusil que le había ingresado por el abdomen tenían que llevarla al hospital, pero no había ambulancia. Fueron largos minutos de desesperación hasta que pudo llevarla al hospital. “Desde que le cayó la bala pasó más de una hora hasta que llegamos al hospital. Mi hija llegó con vida, pero murió en el hospital”.

Con el dolor marcado en cada palabra, cada gesto, Demetrio recuerda a su hija asesinada por la policía. “Mi hija Jhamileth tenía 17 años, estudiaba psicología en Cochabamba, Bolivia, porque en Puno no hay esa carrera. Es muy doloroso ver cómo murió mi hija, eso no se puede explicar con palabras. Cómo duele salir con tu hija, una niña, a la calle, feliz, riendo, con abrazos, y tener que verla regresar en un ataúd. Pido justicia”.

18 muertos

Ese día hubo 18 muertos en Juliaca. Muertos por disparos de la policía, como lo confirman los resultados de las necropsias y los testimonios de los testigos. Fue una masacre. Según las cifras oficiales, los heridos fueron 204, pero en realidad fueron más. Muchos no fueron a un centro de salud por temor a ser detenidos y no denunciaron haber sido heridos. Julia Piccsi fue una de las personas heridas en ese trágico día. Ella vive cerca del aeropuerto de Juliaca. Recibió un impacto de perdigón en el cuello.

“Estaba en mi casa con mis hijas -recuerda Piccsi-, los helicópteros volaban bajito disparando bombas lacrimógenas. El gas se sentía dentro de la casa, mis hijas me decían que les ardían los ojos. Salí a la calle, vi gente venir escapando, gritando ‘los policías están disparando a quemarropa’. La gente se asfixiaba por las bombas lacrimógenas, pedían agua. Entré a mi casa y saqué un balde con agua. Cuando iba a volver a mi casa, sentí un dolor en el cuello. La gente me decía ‘señora, sangre, sangre’. Me dijeron ‘tienes que ir al hospital’, pero otros me decían ‘no puedes ir al hospital porque están deteniendo a los heridos’. Fui a una clínica privada, pero no me atendieron porque no tenía plata. Por miedo que estaban deteniendo no fui al hospital ese día”. Cuando al día siguiente, con el cuello muy inflamado,Piccsi fue al hospital, no la atendieron. Le dijeron que no había un médico especialista en cuello y cabeza. “Ni siquiera medicamentos me quisieron dar. Vi a los hermanos heridos en el suelo en los pasillos del hospital, que estaban llenos”. Recién con ayuda de una profesora de su hija la recibieron en el hospital. Fue operada en Lima, necesita una segunda intervención.

Demandan justicia

Familiares de las víctimas de Juliaca y sus abogados han viajado a Lima para demandar justicia. “Han pasado casi dos meses y las diligencias fiscales sobre esta masacre no avanzan. La Fiscalía de Puno no tiene voluntad de investigar. La lentitud en la investigación es impunidad. Demandamos a la Fiscalía de la Nación la creación de una fiscalía especializada de derechos humanos para que investigue. Víctimas y abogados sufrimos amenazas. No se permite el ejercicio libre de los abogados para defender los derechos de la población. Testigos están siendo citados por Seguridad del Estado y son coaccionados, atemorizados”, señaló el abogado Wilmer Quiroz, en una conferencia de prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Después de la masacre de Juliaca, otras tres personas murieron por disparos de la policía en otros poblados de Puno, una región históricamente marginada. En todo el país, los muertos por disparos de la policía y el ejército son 48, los heridos más de mil. La mayor parte de las muertes se han dado en regiones andinas. Amnistía Internacional ha denunciado que la represión tiene un sesgo racista contra la población indígena.

Piden la presencia de la ONU

El abogado César Quispe informó que han solicitado la presencia de la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales y la de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. “El 95 por ciento de los 1,2 millones de personas que vivimos en la región Puno somos quechuas y aymaras”, precisó Quispe. “Exigimos investigación de esta masacre, sanción a los responsables, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición de estos hechos. Esta masacre no puede quedar impune”.

Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio, médico recién egresado muerto de un balazo en la espalda cuando atendía un herido en la protesta, preside la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca. “Cuando fui al hospital a ver a mi hermano había cuerpos amontonados, como si fuera una trinchera de cuerpos desangrándose, había una gran cantidad de heridos en el suelo, tratados peor que animales. Eso duele. Somos humanos. Los periodistas de Lima nunca informaron eso. Pedimos justicia. Espero que nuestras voces lleguen a la comunidad internacional”.