Encrucijadas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos: Hayan sido capturados en forma ilegal o no, los mensajes de los jueces con dirigentes y funcionarios macristas son verdaderos. Por otro lado, el debate interno en el oficialismo empieza a mostrar puntos de desborde y desguace de la alianza. La esencia de ambas encrucijadas es la misma y tiene que ver con el Partido Judicial, cuya existencia no afecta sólo a las dos fuerzas, sino a todo el país y a su fundamento institucional.

El espectáculo que ofrecen los legisladores macristas en la comisión de juicio político de Diputados haciendo esfuerzos para tapar un escándalo que pone al descubierto el verdadero cáncer de la democracia en estos años, no puede ocultar los hechos y los incrimina como cómplices.

El debate en el Frente de Todos sobre si la vicepresidenta Cristina Kirchner está proscripta o no y sobre la convocatoria para el acto del 24 de marzo, asume, en algunos casos, ribetes sin retorno. Las fallas y diferencias en el seno de la alianza oficialista no tienen esa dimensión a la que son llevadas por interferencias externas y por historias previas que aprovechan semejanzas y situaciones sacadas de contexto.

Estas encrucijadas se producen cuando ambas fuerzas están conmovidas por internas para resolver sus candidaturas.

“No señor”. El juez Sebastián Ramos puso cara de juez, énfasis de juez en las dos palabras y toda su postura corporal era la de juez. Puro teatro. Una imagen construida a lo largo de años de historia judicial, en la que se supone que un juez debe más parecer que ser. Pocos instantes después de esa respuesta a la pregunta sobre si tenía una relación “sistemática” --permanente o de confianza-- con Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, se difundieron mensajes donde Ramos y D'Alessandro intercambian frases amistosas. El juez trata de “Tano” al ministro, y este funcionario le llama “Seba”.

La mentira sobre esa relación tuvo relevancia porque Ramos fue el juez que recibió, tras un trámite por demás turbio, la denuncia de los gobernadores por los mensajes entre Silvio Robles, el hombre de confianza del titular de la Corte, y D'Alessandro. Es el juez que rechazó la denuncia en menos de 24 horas, sin producir ninguna prueba ni investigar realmente el origen de esos mensajes relacionados con un fallo de la Corte que iba a favorecer a la ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias.

Hubo varias denuncias sobre este tema, unas reales, como la de los gobernadores, y otras truchas para orientar el camino hacia el juzgado de conveniencia. El juzgado de Ramos fue el último donde recayó, tras pasar por otros que estaban de vacaciones o se declaraban incompetentes. El fiscal, cuya función es reunir prueba y acusar, como hicieron en todas las causas que involucraban a Cristina Kirchner, algunas sin sentido como las del dólar a futuro, en este caso pidió que se rechace la denuncia. Era Carlos Stornelli, el fiscal procesado en la causa del espía y falso abogado Marcelo D'Alessio.

Leer esos mensajes resulta repugnante, constituyen una burla enorme a las personas que creen en la democracia. Y contrastarlos con los dichos del juez aumenta la sensación de desprotección e impotencia. Los legisladores tendrían que estar ofendidos por esa corrupción y no porque la corrupción quede expuesta.

Alegar, para tapar la suciedad, que el hackeo del celular fue ilegal, los convierte en cómplices, porque los mensajes tienen detalles que impiden dudar de su veracidad. Ni D'Alessandro ni Robles negaron la veracidad de los mensajes y nunca ofrecieron entregar sus móviles para que sean peritados.

La “mafia” entre sectores del Poder Judicial, la política y las corporaciones mediáticas quedó expuesta en estos mensajes y se reveló como el verdadero cáncer institucional de estos años. Cuando caduque este sistema, --como caducó en su momento el partido militar-- la complicidad del PRO, la UCR y el partido de Elisa Carrió pagará un alto costo político.

El Partido Judicial también está involucrado en el debate interno del Frente de Todos, donde se mezcla el proceso de selección de candidatos con la persecución judicial contra Cristina Kirchner. Negar, como hizo Aníbal Fernández, que Cristina Kirchner está proscripta, es pensar que la Cámara de Casación o la Corte, podrían rechazar la condena que le fue impuesta junto con la prohibición ad eternum de ocupar cargos en la función pública.

El debate sobre su proscripción no puede ser técnico, sino político. Alegar que todavía no tiene fallo en firme, porque falta que pase por Casación y la Corte, es desconocer la existencia del Partido Judicial. Es poco serio. Casación hará su trabajo a partir de abril. Y puede llegar a la Corte antes de octubre, cuando serán las elecciones generales.

Cristina Kirchner fue proscripta al ser condenada por un tribunal en el que el juez y el fiscal jugaban al fútbol en el mismo equipo de amigos y en la quinta de Mauricio Macri, el principal adversario político de la persona que condenaron a no hacer política. No se entiende ese debate.

Que Cristina Kirchner haya sido proscripta y haya que reclamar contra esa proscripción, no quita que el presidente Alberto Fernández aspire a su reelección, aunque haya partidarios de la candidatura de la ex presidenta. El Frente de Todos necesita arreglar esa discusión en términos políticos que le sumen y no que le resten. Lo mismo si surgen otros aspirantes, como Sergio Massa o Daniel Scioli.

Ese debate se desvió peligrosamente hacia el flanco de los derechos humanos, la convocatoria al acto del 24 de marzo y un supuesto enfrentamiento entre las Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación La Cámpora.

Cuando la vicepresidenta destacó la importancia de que el 24 de marzo los argentinos marcharan con el lema “democracia o mafia” hubo quienes entendieron que la marcha del 24 sería contra la proscripción de Cristina. Este martes, en la radio La Patriada, le preguntaron a Estela Carlotto y ella respondió que no creía que Cristina convocara el mismo día que todos los años lo hacen los organismos de derechos humanos.

Los medios macristas dijeron entonces que Estela había criticado a La Cámpora por la convocatoria. Fue como echar un fósforo a un debate muy impregnado por el kerosén de la interna. En forma simultánea, en las redes apareció gran cantidad de mensajes, supuestamente de miembros de La Cámpora, que atacaban en términos insultantes a la presidenta de Abuelas y en defensa de la vicepresidenta, lo cual motivó, a su vez, respuestas airadas contra la agrupación kirchnerista.

Inmediatamente, los dirigentes de La Cámpora se reunieron con las Abuelas y explicaron que no convocaban a ningún acto, sino que estaban esperando la convocatoria de los organismos de derechos humanos para sumarse. Estela aclaró que no tiene conflictos con la agrupación y que el acto se realizará con el eje en los derechos humanos, como todos los años. Por lo general, la convocatoria está encuadrada en un documento que también analiza la actualidad social, política, cultural y demás. En uno de sus puntos estaría incluido el rechazo a la proscripción de Cristina Kirchner.

Esta vez, la confusión no solamente apuntó a la interna del Frente de Todos, sino a embarullar la convocatoria a una manifestación popular que en varias ocasiones puso en jaque al Poder Judicial, como ha sido con la histórica exigencia de memoria, verdad y justicia.