El doble crimen del cantobar de Juan B. Justo al 8400, una de cuyas víctimas fue un policía de custodia, puede explicarse de un modo más complejo que la simple violencia letal aplicada por grupos rústicos. La mira debiera ser puesta en el apoyo estatal al emprendimiento: la subcomisaría 21 con asiento en barrio Rucci y jurisdicción en la zona, quedó expuesta días después del crimen. Ahora los investigadores están convencidos de que el responsable de esa dependencia y un subalterno, cobraban por enviar efectivos para hacer "adicionales". Y el "por izquierda" es más que la falta de habilitación municipal del bar: los pesquisas saben que el mismo sujeto preso hasta el juicio por robarle el arma al moribundo uniformado, vendía drogas en un descampado frente al boliche, a la vista de los policías. Y sospechan que justamente este dealer era uno de los destinatarios de las balas. "Los Hermosín ( apellido del principal detenido) manejan el barrio y hubo una disputa por ese negocio", revela un detective a este diario. Las sospechas caen también sobre el secretario del jefe de la sub 21, que los mandó a cuidar el cantobar "por ocho mil pesos" -como reveló la madre del policía muerto-, " porque siempre se quedaba hasta el cierre de lugar, pero llamativamente ese día se fue antes". Además ninguno de los dos efectivos de custodia llevaban chalecos antibalas. El domicilio de la mano derecha del comisario también fue allanado.  En la casa del inspector Cristian Ernesto P., en Pérez, hallaron una escopeta calibre 16, un revólver calibre 22 y un revólver calibre 38 en mal estado. Todo fue secuestrado junto al celular del inspector y dio pie a una causa por tenencia indebida de armas de fuego. El oficial fue pasado preventivamente a disponibilidad y el fiscal Alejandro Ferlazzo evalúa qué temperamento jurídico tomará con el policía.

La misma dependencia policial había quedado en el ojo de la tormenta sobre el final del año pasado: el 29 de noviembre de 2022 , el fiscal Ferlazzo ordenó allanar una vivienda en barrio 7 de Septiembre, uno de los más afectados por la violencia. Lo curioso fue el lugar: frente a la subcomisaría 21ª, ubicada en Ayala Gauna al 7951, que también es blanco de reclamos desde hace años por hechos violentos en sus alrededores. Fue en el marco de una serie de operativos relacionados a la investigación de un crimen ocurrido en octubre del año pasado en barrio Industrial, en el marco del cual la policía encontró en su interior gran cantidad de droga fraccionada para la venta y varias armas.

El domicilio allanado fue en Ayala Gauna al 7950, donde personal del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri) de la policía provincial halló material ligado a la venta al menudeo de drogas. A saber, según el registro de lo secuestrado: casi 2 kilos de cocaína entre un ladrillo, una bolsa con trozos y 700 dosis; y 800 gramos de marihuana divididos en un ladrillo y 200 paquetes para la venta minorista. También secuestraron armas: una ametralladora de fabricación casera calibre 9 milímetros, una pistola calibre 45 y una calibre 22, un revolver calibre 38 y uno calibre 32, todas con sus cargadores y varios proyectiles.

En la vivienda fue identificado un hombre de 34 años, Flavio Martín C., con domicilio a unos 600 metros de ese lugar. Quedó detenido y por el hallazgo de la droga fue notificado el juzgado federal en turno. Entre los investigadores del caso predominó el asombro por el funcionamiento de un aguantadero a escasos metros de una sub comisaría.

 Las crónicas periodísticas de la época ya daban cuenta del malestar del vecindario con la dependencia policial a la que creían parte del problema más que de la solución. "La comisaría no existe, no hay patrullaje y las balaceras son todos los días", dijo un vecino. También llamaron la atención sobre un grupo de personas que hacían movimientos vinculados al narcomenudeo a metros de la comisaría: "Arman las bolsitas con droga en el playón detrás de la misma seccional".

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que la venta de drogas en las calles de los barrios Fisherton Norte, Emaús, Stella Maris, villa La Bombacha, 7 de Septiembre y  Hostal de Sol fue el detonante del doble crimen del cantobar. Allí murieron el suboficial Héctor Ricardo Medini y Adrián Jones, cliente del local. 

El conflicto tiene como protagonistas a Sebastián Hermosín, condenado en un abreviado en 2019 a ocho años de prisión por una brutal agresión a balazos contra un vecino, y a sus rivales, definidos de manera genérica como “los del 7 de Septiembre”. Tras el ataque Hermosín fue detenido e imputado junto a otras dos personas por el hurto calificado del arma reglamentaria del policía asesinado. Además una mujer también fue detenida y acusada por secuestro de dos armas en su casa, una de ellas la pistola reglamentaria del policía. Es una mujer de apellido Fernández que habita una propiedad de Schweitzer  8300, donde fue hallada el arma policial y una segunda.