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Página/12 en Francia
Desde París
El Estado Bienestar europeo atraviesa una nueva etapa de ofensivas contra sus sectores esenciales de la protección y el desarrollo humanos: salud, educación, seguro social, jubilaciones y seguridad están bajo un aluvión de recortes y políticas restrictivas que, en las últimas semanas, han sacado a decenas de millones de personas a la calle en varios países: Gran Bretaña, Francia, España y Portugal son el cuarteto donde las protestas han sido más fuertes. En Francia, a lo largo de 5 jornadas de huelgas y manifestaciones, más de 10 millones de personas manifestaron contra la reforma del sistema de jubilaciones presentada por el Presidente Emmanuel Macron.
Esta segunda versión de un proyecto de reforma ya propuesto en 2019 y retirado en 2020 a raíz de la pandemia, apunta a aumentar la edad mínima para jubilarse hasta los 64 años, contra los 62 actuales. En Gran Bretaña, durante la primera semana de febrero de 2023, maestros, profesores y ferroviarios organizaron huelgas y manifestaciones en reclamo de mejoras salariales. Al reclamo se unió el Servicio Nacional de Salud (NHS), el cual protagonizó la protesta más importante en sus 75 años de historia. Enfermeras y personal de ambulancias se aunaron para exigir aumentos de sueldo. Sin compensación alguna, el personal de todos estos rubros vio sus ingresos recortados en la hoguera de la inflación que azota al Reino Unido. La respuesta del Gobierno de Rishi Sunak ha sido la misma que la del Ejecutivo francés: indiferencia absoluta ante las demandas de la población.
La península Ibérica en lucha
En España se da un esquema similar en un campo tan sensible como el de la salud. Con el lema “Madrid se levanta y exige sanidad pública y soluciones al Plan de Atención Primaria”, decenas de miles de personas participaron en una marcha en defensa de un sector sofocado por la falta de personal y recursos que sufre la región de Madrid. Las políticas ultraliberales de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han decapitado al sistema sanitario de la región. La misma línea de la revuelta se extendió a Portugal donde escuelas, salud pública y ferrocarriles fueron los sectores más afectados por una huelga organizada por la principal organización sindical del país que exige mejoras salariales y aumento de las jubilaciones. Los cuatro países están, desde finales del año 2022 bajo un esquema que refleja las consecuencias que el neoliberalismo ha tenido (Gran Bretaña) y está teniendo en los países que abordan reformas complejas (Francia). En España se lucha contra políticas de achique del Estado de Bienestar y Portugal recibe el impacto de la crisis sin que el Estado intervenga para mediar.
Los sectores en crisis son los mismos: salud, educación pública, transportes, jubilaciones y un reclamo global de mejoras salariales ante la brutal inflación que vino con el coletazo de la pandemia y la guerra en Ucrania. Durante la pandemia, el papel de los servicios públicos, sobre todo el sector de la salud, mostró hasta el absurdo cómo las políticas neoliberales que habían desmantelado sistemas sanitarios, destruyeron lo que era esencial para la sociedad. Ante esa crisis de carácter planetario, los Estados compensaron las falencias. Sin embargo, apenas se alejó la nube negra de la pandemia, volvieron las mismas políticas destructivas, aplicadas sin consenso contra la sociedad amenazando al Welfare State.
Del dicho al hecho
Nicolas Schmit, el Comisario Europeo encargado del empleo y los derechos sociales, comentaba hacia finales de año los objetivos de Europa en materia social: ”nuestro objetivo para el porvenir de Europa es muy claro: debemos ofrecer una protección social para todos, sacar a las personas de la pobreza y reducir las desigualdades”. Esa es la retórica. La realidad son todas las huelgas y las manifestaciones de los últimos meses cuyo resorte es, como en Madrid, la defensa de los servicios públicos.
El Estado de bienestar y la economía estuvieron asociados hasta finales de los años 70 cuando la crisis que azotó a Europa hizo tambalear las estructuras. El sociólogo Pierre Rossanvallon escribió el libro “La Crisis del Estado de bienestar” donde sintetizaba las consecuencias de las medidas que se tomaron a partir de ese momento: La “crisis financiera” puso en tela de juicio la forma en que se financiaba la Seguridad Social. La “crisis de la eficacia” llevó a que el Estado fuera incapaz de hacer frente al desempleo, al tiempo que la “crisis de legitimidad” puso en tela de juicio la forma en que el Estado gestionaba los fondos públicos. Rossanvallon mostró los ejes de la respuesta del Estado ante esa crisis global: control de los gastos públicos mediante la reducción de los costos de la protección social; restricciones al acceso a esas ayudas; aumento de la edad jubilatoria; impuestos o cargas sobre los bajos salarios; introducción en los organismos de protección social de métodos de gestión del sector privado.
Macron y la edad de jubilación
Los últimos 40 años han sido una travesía de esas políticas, a veces atenuadas con la victoria electoral de algún partido socialdemócrata, pero nunca erradicadas. La reforma de la edad mínima para jubilarse que está en discusión en Francia es heredera de esa metodología. Es la segunda reforma que Emmanuel Macron le propone a la sociedad y, al contrario de la primera, esta es mayoritariamente rechazada. La primera que presentó en 2019 al menos contenía entre líneas un proyecto de sociedad. La de 2022 es un mero esquema de ahorro contable que perjudica a las mujeres, a las personas de menos ingresos y a quienes, por una u otra razón, han tenido carreras profesionales interrumpidas.
La segunda reforma macronista provocó, por primera vez en muchos años, la unión de los ocho sindicatos franceses y dio lugar, durante su primer examen en la Asamblea Nacional, a una batalla de enmiendas introducidas por la alianza de izquierda Nupes (Nueva Unión popular ecologista y social compuesta por Francia Insumisa, los socialistas, los comunistas y los ecologistas). El enredo fue tal, que el debate llegó a su final sin que se pudiera discutir el artículo 7 de la ley, el que contiene la medida que eleva a 64 años la edad mínima de jubilación. Hubo, al final, dos frentes que terminaron divididos: uno en el seno de la izquierda y el otro se plasmó en una ruptura dentro de la derecha de Los Republicanos, cuyos votos son indispensables: Macron no tiene la mayoría absoluta para aprobar la ley. Hubo cinco paros y manifestaciones. Los sindicatos tomaron la calle y la izquierda la Asamblea. Sin embargo, el caos que armó la izquierda en la Asamblea Nacional llevó a que los sindicatos criticaran su estrategia del desorden. El responsable del sindicato CFDT, Laurent Berger, evocó “un espectáculo indigno y vergonzoso”.
A la derecha no le fue mejor. La mayoría presidencial -que no es absoluta- necesita los votos de Los Republicanos. Pero era imposible: 15 diputados de los 61 que tienen el grupo parlamentario cuestionaban el texto. Incluso 38 de ellos habían votado contra el articulo 2. A su cabeza estaba Aurélien Pradié, número 2 del partido. La crisis fue tal que el jefe de Los Republicanos, Éric Ciotti, obligó a Pradié a renunciar a su puesto. El proyecto sigue aún en su ruta legal y los sindicatos, ofuscados por la sordera del Ejecutivo, fijaron para el próximo 7 de marzo una huelga mucho más dura que las cinco anteriores. Según afirmó Pierre Rossanvallon en una entrevista, la manera forzada en que el Ejecutivo está imponiendo la reforma abre un abismo entre el poder y la sociedad. El sociólogo francés dice que esta reforma es “el signo de una profunda sacudida de nuestro sistema democrático, del sentido y de los fundamentos de la noción de legitimidad y de las formas de expresión de la democracia.
El denominador común
El gobierno francés, en nombre de la economía y sobre la espalda de las clases medias menos altas, se apartó del pueblo. Lo mismo en Gran Bretaña, España con la Comunidad de Madrid y Portugal: a los gobiernos parecen importarles un bledo lo que piensan o sientan las mayorías que los votaron. Que haya 100 mil o 20 millones en las calles les da lo mismo. En Francia, el proyecto fue presentado el 23 de enero. Luego hubo 5 huelgas y manifestaciones donde protestaron 10 millones de personas. El Ejecutivo presenta su texto con palabras de perfumería: ”es un proyecto justo de equilibrio y progreso”. La radicalidad del gobierno puso en segundo plano temas esenciales como la transición ecológica. El aumento del costo de la vida sumado a los planes de ajuste, al congelamiento de salarios y la arrogancia de los gobernantes están recreando en varios países una figura olvidada: el asalariado que responde a la convocatoria sindical para defender derechos y salarios. Los sindicatos habían casi desaparecido del mapa como fuerza de movilización. Han regresado y legitimado su papel histórico en el momento en que las sociedades más lo necesitan. [email protected]
