Silvio Robles se convirtió en un protagonista involuntario del proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema. Mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Robles también descolla por los mensajes que se filtraron con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y por un cierre exprés de una denuncia en su contra que terminó ocasionándole varios dolores de cabeza al juez que lo decidió. Pero si algo le faltaba a esta comedia de enredos con ribetes tragicómicos en el plano institucional es la aparición en escena de un caño roto en el séptimo piso del Palacio de Tribunales que generó una sospechosa inundación que terminó dejando inutilizable el despacho que utiliza –tres pisos más abajo– el vocero de Rosatti. El gobierno denuncia que puede tratarse de una maniobra para ocultar pruebas que sirvieran para mostrar cómo se cocinaron algunas decisiones del máximo tribunal de justicia del país.

Hasta la tarde del jueves, muy pocas personas en el mundo político estaban enteradas de la anegación del Palacio de Talcahuano. Fue el diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau quien hizo la revelación durante la audiencia de la Comisión de Juicio Político cuando le tocó declarar a Sergio Romero, director general de Gestión Interna y Habilitación de la Corte.

Romero comparte en la práctica el mismo rango que Robles, el de director general, que está asimilado –en lo que a ingresos interesa– al de un juez de primera instancia. Romero es un empleado que fue haciendo carrera con los años en la Corte. “Lo mío es el mantenimiento del edificio, ordenanzas, choferes, gastos de funcionamiento y la proyección de entrega de vehículos secuestrados”, contó ante la comisión que preside la diputada del FdT Carolina Gaillard. Romero es conocido en los tribunales porque es a quien llaman los jueces y las juezas, por ejemplo, cuando piden que les asignen un auto para trasladarse.

Ante una pregunta de Moreau, Romero contó que en el mes de enero hubo una inundación en el Palacio. “Fue en un piso superior y llegó el agua hasta la planta baja”, relató y explicó que al momento del desborde acuático él estaba de licencia. Según aportó Moreau, el caño se rompió durante el fin de semana del 28 y 29 de enero, cuando los judiciales transitaban los últimos días de feria. Para entonces estaban a cargo del edificio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, según creyó recordar Romero.

La inundación se produjo por una rotura de un flexible en el séptimo piso. Todas las vocalías de la Corte están asentadas tres pisos más abajo: en el cuarto piso. Allí también está el despacho que usa Robles. Según relató Romero, la oficina del asesor de Rosatti y la entrada también se vieron afectadas por el agua.

–¿El despacho de Robles está actualmente utilizable?-- lo interrogó Moreau.

–No, creo que no. Entiendo que no está utilizable porque está en obra.

–¿Por qué está en obra?

– Por la inundación.

Después de unos chisporroteos con los diputados de la Coalición Cívica (CC) que abrían grandes los ojos porque no estaban enterados del asunto acuífero, Moreau insistió:

–¿Sigue clausurado?

–Sí, sigue inutilizado. Está en obra.

–¿Esa es la única vocalía que sufrió la inundación? La vocalía, no hablo de otras dependencias– apuntó Moreau.

–Es la única vocalía.

Para entonces, todos los que asistieron a la Comisión se miraban con incredulidad. La diputada de la CC Mariana Stilman reclamaba que era necesario contar con mayor información para entender por dónde iban las preguntas pero no las objetaba. Moreau le respondió que el interrogatorio estaba conducido a entender qué había pasado después de que aparecieron los chats con D’Alessandro porque estaba la sospecha de que Robles “negociaba y traficaba sentencias”.

Las sospechas

Los chats se conocieron el 29 de diciembre pasado. A la semana siguiente, D’Alessandro pidió licencia en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. El mismo día del anuncio de D’Alessandro, un juez federal de Santiago del Estero reclamó que Robles entregara su teléfono para asegurar la prueba, pero eso nunca sucedió. El juez se declaró incompetente y mandó la denuncia hacia los tribunales de Comodoro Py. En la mole de cemento de Retiro, ya estaba radicada una presentación que había hecho Gastón Marano, exasesor del PRO en la Bicameral de Inteligencia y abogado de Nicolás Carrizo en la investigación por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Esa fue la denuncia que el fiscal Carlos Stornelli pidió archivar. Lo mismo hizo el abogado de Robles y el juez Sebastián Ramos procedió en menos de 24 horas.

“La inundación es un indicio que apunta a la posibilidad de que se hayan llevado adelante maniobras de ocultamiento de pruebas”, le dijo a Página/12 el diputado Moreau, quien adelantó que posiblemente se pida que la Corte informe sobre el caso.

Este diario intentó obtener una versión oficial acerca de lo sucedido por parte de la Corte. Si bien confirmaron que hubo una inundación que afectó un ala del Palacio de Talcahuano –particularmente los dominios de Rosatti–, no pudieron precisar la magnitud de los daños ni si se afectaron las computadoras que están en el despacho de Robles pues circulaba la versión de que los aparatos fueron retirados de la oficina. En la vocalía de Rosatti no respondieron la consulta tampoco.

Las suspicacias no solamente anidan en la Cámara de Diputados. “Llama la atención la sugestiva declaración ante la Comisión de Romero, que relató que, mientras estaba de licencia en enero pasado –en plena feria judicial y justo un mes después de trascender los escandalosos chats entre Robles y D’Alessandro–, se rompió un caño de agua en el Palacio de Justicia que generó una inundación que llegó hasta la planta baja. Lo curioso es que únicamente afectó una vocalía, la de Rosatti, y una oficina, la de Robles”, planteó el ministro de Justicia, Martín Soria. “Inexplicable coincidencia, solo les falta que nos quieran hacer creer que en plena feria judicial Robles dejó en el piso de la oficina inundada su teléfono celular y la computadora”, chicaneó.

Los diputados que responden a Elisa Carrió siguen el asunto con interés. Rosatti, de hecho, llegó a la Corte con el beneplácito de la chaqueña. A diferencia de sus otros socios de Juntos por el Cambio, los lilitos tienen la directiva de “cuidar” a los testigos. La declaración de Romero los dejó descolocados. En voz baja comentan que el funcionario debió responder otras preguntas: por ejemplo, si se le asignaron nuevas computadoras al despacho de Robles, lo que podría indicar que los aparatos anteriores quedaron inutilizados. Sin embargo, ninguno de ellos formuló esos interrogantes.

La semana próxima no sesionará la Comisión de Juicio Político. Únicamente está previsto que se reúnan los asesores para que ordenen cómo continuarán las audiencias. Moreau dejó planteado un pedido porque el Telegram de Robles sigue dando de qué hablar: quiere un careo entre dos secretarios de la vocalía de Rosatti. Lo que sucede es que cuando declaró Adriana Valinotti, la secretaria que se dedica a la materia laboral, relató que el chat que ella tenía con Robles y con la subdirectora Natalia Monayer se desactivó después de la feria, aunque reconoció que seguía en funcionamiento un grupo general de la vocalía. Al rato, cuando fue el turno de Roberto Saggese, el secretario –que se sumó a la oficina de Rosatti después de la jubilación de Elena Highton– dijo que las instancias de mensajería seguían en funcionamiento. El hilo conductor es el mismo: a Moreau le interesa saber si hay elementos que se borraron o se dañaron y que pueden ser de utilidad para entender cómo se mueven los tentáculos de la Corte.