Producción: Mara Pedrazzoli

------------------------------------------------

Prioridades invertidas

Por Nicolás Caropresi (*)

“El Gobierno suspenderá a beneficiarios de planes que hayan comprado dólares o tengan Bienes Personales” titulaba el diario Ámbito Financiero una nota en la que “informaba” que el Ministerio de Desarrollo Social iba a suspender alrededor de 250 mil beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo. Desde la contratación de plataformas de streaming, hasta la compra de juegos para celular e incluso la compra de dólar ahorro, era planteada como una "incompatibilidad" aunque absolutamente nada en la reglamentación del programa establece tal cosa. Algunos diputados opositores, como el denunciador compulsivo Waldo Wolff automáticamente presentaron una denuncia en la justicia federal acusando a cientos de miles de trabajadores excluidos de “defraudación al Estado” con información filtrada por el oficialismo. Oficialismo, oposición y Poder Judicial metían al unísono la mano en el bolsillo de los más pobres. Finalmente, la pelea en las calles y la organización popular encabezada por los movimientos sociales permitieron detener esa injusticia.

Buena parte de la política argentina no logra entender que hay alrededor de 4 millones de personas descartadas por el sistema económico que todos los días salen a ganarse el mango en las peores condiciones y sin ningún derecho garantizado. Cartoneras, trabajadoras sociocomunitarias, construcción, limpieza de arroyo y veredas, trabajo textil, venta ambulante: las diferentes ramas de la economía popular día a día, a pesar del descarte sistémico buscan e inventan su propio sustento. El programa Potenciar Trabajo es una política creada, pensada y ejecutada por la organización que se han dado esas y esos trabajadores a lo largo de años, pero para otros ojos se trata de bancar mantenidos, planeros o rehenes de malvados dirigentes sociales que los tratan como ovejas. Esa concepción, instalada desde casi todo el arco político, incluido el Frente de Todos, es la que les da la idea de que pueden intervenir en qué gasta su plata un trabajador de la economía popular: prohibirle mirar Netflix, mandar plata a un familiar en el exterior o excluirlos de beneficios básicos.

La mayoría de las y los trabajadores de la economía popular generan sus propios ingresos, pero no alcanza para subsistir: son víctimas de la explotación de otros sectores de la rueda económica y es por eso que necesitan y van a necesitar del fortalecimiento del Estado, y de sus ideas, para poder garantizar esos derechos.

Ojalá la política económica y laboral garantice a todos los argentinos y argentinas un trabajo conveniado y con plenos derechos, que no sea una falacia buscavotos la frase “Vamos a convertir los planes en trabajo genuino”. La realidad cambió. Si la preocupación del Estado es cuándo los beneficiarios del Potenciar van a “egresar” del programa, tienen que tener en claro que eso no será por la determinación de una reglamentación de un o una ministra, eso sucederá cuando el trabajo con derechos sea la norma. Y la tendencia mundial es claramente contraria. La tecnificación y la concentración de la riqueza viene multiplicando los niveles de exclusión y descarte.

La economía argentina en los últimos años, según datos oficiales, viene creciendo a números alentadores, pero la pobreza aumenta en números desalentadores. Ese es el diagnóstico de la Utep hace muchos años.

Millones de trabajadores y trabajadoras del Potenciar Trabajo en este momento se encuentran realizando una auditoría y validación de datos para demostrar que trabajan, en qué trabajan (y eso nos parece perfecto) pero la intencionalidad no es organizar y fortalecer un programa y a un sector que necesita respuestas concretas, sino ajustar a los y las de abajo. Mientras, quienes se fugaron la deuda más grande de la Argentina siguen viviendo la vida loca porque son beneficiarios del derecho sagrado al secreto fiscal y bancario, algo que los pobres no tuvieron. El problema en la Argentina no es una mujer que cocina una olla todos los días para darle de comer a miles, el problema son los que siempre extorsionaron al Estado para aumentar sus riquezas.

(*) Dirigente nacional del MTE.

----------------------------------------------------------

Cómo reducir la evasión

Por Ricardo Rotsztein (**)

En sus clases dictadas en la Escuela Superior Peronista compiladas en su libro Conducción Política, Perón nos ayuda a resolver un debate bizantino entre los economistas y los tributaristas acerca de qué es la evasión impositiva y cómo se la puede reducir.

Los economistas somos formados en el paradigma de los incentivos. Bajo ese paradigma los actores sociales actúan respondiendo a incentivos. En ese marco, se desarrolla la teoría de la evasión conocida en la literatura como modelo A-S por el paper publicado en 1972 por los autores Allingham y Sandmo quienes plantean que la evasión es básicamente una variable directamente proporcional a la alícuota del impuesto. Es decir, La alícuota constituye el premio por evadir, a mayor alícuota mayor premio y, por lo tanto, mayor incentivo a evadir. La recomendación de política de este modelo es simple y directa, para reducir la evasión solo hace falta reducir la presión tributaria.

Por el contrario, los tributaristas y los expertos en administración tributaria sostienen que la evasión es proporcionalmente inversa a la probabilidad de ser detectado o, en otras palabras, al riesgo de ser descubierto.

Esta idea fue ratificada en los hechos por el increíble resultado que tuvo el blanqueo fiscal impulsado por el gobierno del presidente Macri: obtuvo exteriorizaciones de activos financieros por más de 100 mil millones de dólares. Existe un consenso generalizado que dicho éxito se debió a la decisión de Estados Unidos y la Unión Europea de sostener una posición más agresiva hacia las guaridas fiscales y a los fondos no declarados depositados en ellas.

Perón nos enseñaba que “Los hombres son todos buenos, pero si se los vigila son mejores…”

Hace unos días se publicó un paper en el Journal of Public Economics que resume los resultados de un experimento natural llevado a cabo en República Dominicana. Los autores Justin E. Holz, John A. List, Alejandro Zentner, Marvin Cardoza y Joaquin E. Zentner explican que como parte del experimento y en un trabajo conjunto con la administración tributaria dominicana enviaron mensajes informativos a una muestra de 56.310 empresas que en conjunto explican 700 millones de dólares de la recaudación del impuesto a las ganancias. Los mensajes estaban diseñados para resaltar la prominencia de las penas de prisión y la divulgación pública de las acciones implementadas contra los evasores. Luego, los mensajes incrementaron los ingresos fiscales en 184 millones de dólares (0,22 por ciento del PBI de República Dominicana). Intervinieron con empresas de todos los tamaños, incluidas las más grandes de la economía. Casi 150 de los 184 millones de dólares recaudados provinieron de las firmas más grandes.

En otras palabras, aumentar el riesgo de ser descubierto y encarcelado funciona como incentivo a un mejor comportamiento de los contribuyentes.

En Argentina, la batalla contra la evasión sufrió un duro golpe en el año 2005 cuando la justicia declaró inconstitucional un artículo introducido por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna en el régimen penal tributario que tipificaba de asociación ilícita al asesoramiento para evadir impuestos. La asociación ilícita tiene una pena no excarcelable, era la forma de cumplir con esa promesa de “ponerle traje a rayas a los evasores”.

Argentina forma parte activa de todas las iniciativas globales para reducir la evasión de las grandes empresas y los multimillonarios. En 2017, la OCDE envió a la AFIP un listado de cientos de cuentas off shore que habían sido identificadas como parte de los acuerdos de información entre las administraciones tributarias. La AFIP tiene una constante campaña de difusión de sus avances contra los evasores, tanto en términos de inspecciones espectaculares como de fallos judiciales a su favor. Sin embargo, la economía en negro avanza cada vez más y, según algunas estimaciones, supera el 50 por ciento. La tecnología aparece como una nueva aliada en esta batalla ya que los pagos a través de billeteras electrónicas crecen a un ritmo intenso.

Respecto a los grandes evasores, la puesta en práctica del acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos surge como una importante apuesta para empezar a inclinar la cancha en la batalla contra la evasión. Como dijimos más arriba, los vientos de cambio que vienen soplando a nivel global contra las guaridas fiscales y las prácticas abusivas de las grandes multinacionales, brindan una gran oportunidad que esta vez no debe ser desaprovechada.

La sensación de riesgo de ser descubiertas o la probabilidad de ser detectadas son las variables claves que explican el comportamiento evasor de las grandes empresas. Para reducir su impacto las grandes empresas tienen a su disposición una artillería de recursos legales, contables y administrativos que son puestos en acción para dilatar y disolver las acciones de las administraciones tributarias. Completamente distinta es la situación de los beneficiarios de políticas sociales y planes de empleo quienes no cuentan con ningún tipo de recurso para anteponer ante las medidas de control que aplican los funcionarios responsables que suelen tener efecto instantáneo.

(**) Lic. en Economía. Profesor de Finanzas Públicas UBA.