Los fiscales que intervinieron en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa presentaron el recurso de apelación ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para pedir que los tres jóvenes sentenciados a 15 años de cárcel por el hecho reciban la misma pena de prisión perpetua dictada para los otros cinco condenados.
Juan Manuel Dávila y Gustavo García, quienes llevaron adelante la acusación fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de la ciudad de Dolores, apuntaron en su planteo en la misma línea de su alegato de cierre durante el juicio y consideraron acreditado que todos los acusados fueron coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves".
Según argumentaron, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi tuvieron el mismo grado de responsabilidad que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi en el homicidio ocurrido frente al boliche "Le Brique", la madrugada del 18 de enero de 2020, en Villa Gesell.
Para los fiscales "no hubo roles", sino que "todos hicieron todo" y "se pusieron de acuerdo para matar a Fernando". Por eso motivo, rechazaron la calificación de "partícipes secundarios" impuesta en su fallo del último 6 de febrero por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia, y entendieron que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi deben recibir la misma pena de prisión perpetua fijada para los otros cinco.
Dávila y García habían adelantado tras el juicio que, aunque estaban "muy conformes" con el fallo, cuestionarían la participación que el tribunal atribuía a los tres condenados a 15 años de cárcel.
En esa línea, presentaron su recurso de cerca de 60 páginas el último viernes por la tarde, tres días antes de que venciera el plazo para hacerlo.
La presentación fue formulada ante el tribunal que llevó adelante el debate oral, que será el que resuelva si el recurso es admisible, y en ese caso será remitido a Casación.
Fuentes cercanas a la causa indicaron en ese sentido que tanto la defensa como los representantes de la familia de Fernando harán lo propio mañana, cuando vencen los 20 días corridos de los que cada parte dispone.
Los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, que representantes en calidad de particular damnificado de los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa, irán en la misma línea que la fiscalía y ratificarán el pedido de que la prisión perpetua alcance a los ocho condenados, por entender que todos fueron coautores del crimen.
La estrategia de Hugo Tomei
En tanto, Hugo Tomei, defensor de los rugbiers, buscará cuestionar las conclusiones de la sentencia, y subrayar las presuntas irregularidades de procedimiento en la investigación. El letrado insistirá con la "incongruencia" que entiende que existió entre la imputación original y la sostenida durante el pedido de penas por parte de ambas partes acusadoras, y buscará la absolución de los ocho condenados.
De manera subsidiaria, tratará de que Casación haga lugar al planteo para que el hecho sea encuadrado en una figura más leve, como un "homicidio en ocasión de riña", que prevé una pena máxima de seis años de prisión.
El defensor pedirá además una audiencia con las partes ante el tribunal de alzada provincial, para poder profundizar sus argumentos, que incluirán la ratificación de las distintas presentaciones realizadas durante la instrucción.
En principio, la sala de Casación a la que le correspondería analizar las apelaciones de las partes es la número 2, porque ya tuvo intervención en el caso en la etapa de instrucción: en julio de 2020 rechazó por "inadmisible" un recurso de "habeas corpus" de la defensa, que solicitaba la excarcelación de los acusados por entender que sufrían una "arbitraria privación de la libertad".
Mientras la Justicia decide cómo continuará la causa, fuentes policiales desmintieron distintas versiones sobre presuntas peleas o enfrentamientos entre los rugbiers, dentro de la Alcaidía del penal de Melchor Romero, en La Plata, donde continúan alojados a la espera de un posible traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.
