El letargo para avanzar en el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura sigue siendo la norma adoptada por la Justicia, a 20 años de la anulación de las leyes de impunidad que dio luz verde para retomar ese proceso. Hasta el momento y desde principios de mes, tras el cierre de la feria judicial de verano, ha comenzado un solo juicio de lesa humanidad y hay otros tres procesos orales anunciados para marzo, de pocos acusados por puñados de casos.

“Entramos en la etapa de juicios cortos”, coinciden fuentes vinculadas directamente con las investigaciones judiciales sobre el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio que desplegaron los represores de la última dictadura cívico militar eclesiástica. La descripción no necesariamente indica un problema, sino más bien pinta un estado de situación. En ese sentido, la titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), Ángeles Ramos, considera que “el estado del proceso de juzgamiento de los delitos de la dictadura se muestra con actividad, más allá de las diferencias de intensidad que se evidencian en las distintas jurisdicciones”.

Según el análisis de quienes empujan estos expedientes a diario, a excepción de tramos “residuales” (los segundos, terceros, cuartos y siguientes fragmentos de causas que han tenido un primer juicio inaugural en el que suelen quedar hechos, casos e imputados fuera o que las instrucciones siguen su camino), hay pocas megacausas que estén a la espera de su juicio oral o que estén trabajándose en los juzgados de instrucción. De hecho, desde los juzgados federales han venido clausurando y elevando a debate oral tramos pequeños de las investigaciones.

Tal manera de proceder, no obstante, “no indica necesariamente intención de frenar el proceso” de juzgamiento a genocidas, advierten las fuentes. Las hipótesis que pueden explicarla son muchas: “Puede suceder que se estén apurando porque tal o cual imputado es mayor y entonces antes de que quede imposibilitado de ser juzgado o muera, mejor que haya juicio”, aventuran.

El mayor embudo que evidencia el proceso sigue siendo, desde hace ya varios años, la falta de tribunales orales disponibles para concretar debates orales con celeridad. “La agenda de juicios está limitada a la posibilidad real de los tribunales en funcionamiento”, resaltó Ramos. Muchos tribunales federales en el país deben ser integrados por jueces de otras jurisdicciones en modo subrogante, que deben “coordinar agendas” para dedicar días semanales –con suerte– a audiencias en juicios de lesa humanidad.

Así, no solo es un problema la demora en la realización de juicios orales. También lo es la tramitación de los debates que están activos, con audiencias cortas –de dos o tres horas–, semanales e incluso quincenales en juicios que se extienden durante meses o incluso años. En La Plata, por ejemplo, el megajuicio por los crímenes de los pozos de Banfield y Quilmes y el ccd El Infierno –de 13 imputados y centenares de víctimas– lleva dos años de audiencias testimoniales y, con la incorporación de dos tramos elevado a juicio en noviembre de 2022, se espera que continúe durante todo este año. “La misma cantidad de testimonios que oímos en dos años de juicio se concretó en Circuito Camps, hace algunos años, en 9 meses”, destacaron desde una de las querellas.

La solución a este inconveniente “es política”, postulan las fuentes. En septiembre pasado el Senado trató una treintena de pliegos; el Consejo tiene todavía decenas de concursos por definir, al igual que el Poder Ejecutivo. Mientras, los subrogantes toman cargos y se sobrecargan sus agendas por un incremento nutrido en sus sueldos.

A esto hay que sumarle, tal como lo evidencian las estadísticas de los últimos años de la PCCH, el circuito agónico que transitan los expedientes entre la sentencia que logran en primera instancia, tras el juicio oral, y las etapas recursivas –sobre todo en la Cámara de Casación y la Corte Suprema, que guarda en sus gavetas cientos de planteos por resolver, algunos con años de espera–. Mientras, el tiempo pasa y suma años tanto a imputados por su participación en la represión asesina de la última dictadura, como a sobrevivientes y familiares de quienes sufrieron el horror envejecen. Y contra el tiempo no hay Justicia que valga.

El avance a cuenta gotas

2022 culminó con dos juicios de lesa humanidad prometidos para el primer mes post feria estival. Eran dos juicios de cierta envergadura que estarían a cargo del Tribunal Oral Federal número 6, pero con diferente integración. Uno, el que el sistema judicial decidió bautizar como “Superintendencia de Seguridad federal III”, comenzó el primer viernes de febrero con el propósito de juzgar a 17 policías retirados de la Federal por el homicidio de 12 personas asesinadas –dos permanecen desaparecidas– en seis operativos ilegales llevados a cabo durante la última dictadura.

El otro prometía revisar el tercer tramo de la causa que investigó las violaciones a los derechos humanos que sufrieron personas cautivas en el centro clandestino conocido como “Puente 12”, que funcionó en el partido bonaerense de La Matanza. Seis imputados –cuatro retirados de la Policía bonaerense y dos del ex Batallón de Inteligencia 601– acusados de delitos de lesa humanidad contra 185 personas. El debate debía comenzar a fines de 2022, pero por “cuestiones de agenda” los jueces subrogantes del TOF, dirigido en esta ocasión por el magistrado Daniel Obligado, decidieron posponerlo para el último día de febrero actual, el 28.

“Nosotros pedimos una audiencia preliminar antes para exigir dos audiencias por semana, que la primera sea presencial con todos los imputados, que se televise luego. Pues los jueces en lugar de organizar esa audiencia previo al inicio del juicio, decidieron reemplazar el inicio del juicio con esta audiencia”, explicó en declaraciones a este diario Viviana Losada, integrante de la Comisión de Familiares, sobrevivientes y amigos de detenidos desaparecidos de Vesubio y Puente 12. Ahora no saben cuándo efectivamente comenzará el debate. “Estamos preocupados, porque este proceso se hace eterno”, remarcó Losada.

Lo que viene en marzo

Hay hasta el momento tres juicios con fecha de inicio agendada para marzo. El 7 el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba comenzará a juzgar al genocida ya condenado Ernesto “Nabo” Barreiro por el secuestro y las torturas a tres militantes sindicales y la muerte de uno de ellos. El 9 el Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzará a juzgar a Julio Adelaido Ramos, personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, por el secuestro y las torturas aplicadas a Luis Felipe Solé. Al día siguiente, en La Rioja, el Tribunal Oral Federal local iniciará el debate contra el gendarme retirado Eduardo Abelardo Britos por el homicidio del laico Wenceslao Pedernera y su intervención en el secuestro, las torturas y abusos sexuales contra otras 42 personas.