La Cámara de Diputados votó contra la expulsión del ex ministro Julio de Vido. La coalición entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y 1País no consiguió la mayoría agravada de dos tercios. Las peripecias de la sesión se detallan en notas aparte. Si ese era el principal objetivo del oficialismo, no lo logró. Sí consiguió parte de sus fines, que eran mantener el tema en la portada de los diarios dominantes: 17 tapas lo que va del mes, consignó ayer el portal diariosobrediarios (eldsd.com).

Es más difícil de comprobar y dudoso que haya logrado que ese debate haya atraído gran atención de la mayoría de la opinión pública y, eventualmente, haya impactado en la intención de voto de muchos argentinos. Ni siquiera podrá saberse cuando se conozcan los escrutinios de octubre.

Hay otro propósito, reconocido por sus autores. Es allanar el terreno para impedir que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner asuma como senadora si es electa en octubre. Diputados de ambas piezas de la entente entre macrismo y massismo lo explicitaron: Eduardo Amadeo y Margarita Stolbizer. La jugada de ayer es una carambola a varias bandas, las bolas siguen rodando.

La polémica es política y no jurídica. Se quiso, y acaso querrá, quebrar una tradición sostenida con bastante transversalidad y firmeza desde 1983. El intento falló, en ese aspecto, respecto de De Vido. No obstante se propició un precedente peligroso que es valerse de contingentes mayorías parlamentarias para desplazar al adversario político, transformándolo en enemigo e inaugurando una variante de la proscripción.

Memorias del pasado: La controversia sobre la validez constitucional de la jugada oficial es ardua, plagada de tecnicismos. El portal El Parlamentario reseña bien antecedentes, previos y ulteriores a la restauración democrática. Se recomienda su lectura, para quien quiera salirse de la grita o el clima de “Intratables”.

Prescindamos del pasado remoto, caracterizado por la inestabilidad institucional, los gobiernos ungidos con proscripciones, el golpismo y las dictaduras.

Centremos la mira a partir de 1983. Los ejemplos parangonables desde entonces se han ejemplificado y sistematizado a la bartola. 

Los rechazos de los pliegos de los represores Luis Patti y Antonio Domingo Bussi son cualitativamente diferenciables del que se dirimió ayer. El núcleo de las acusaciones versaba sobre crímenes de lesa humanidad. Su persecución estaba impedida por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, más el indulto del ex presidente Carlos Menem. Los tres poderes del estado decidieron declarar nulo ese paquete de normas de impunidad. Hasta que eso ocurrió medió un injusto y aberrante escollo que impedía avanzar contra tales delitos. No ya expulsar o impedir la entrada de sus autores al Congreso, sino demandarlos en Tribunales.

Los casos de Ángel Luque, Norma Godoy y Luis Barrionuevo distan de ser idénticos al que ayer se votó. Se fundaron en motivos sobrevinientes a la elección y asunción de los legisladores. 

El diputado peronista Luque declaró que si su hijo, Guillermo, hubiera asesinado a María Soledad Morales habría sabido cómo esconder el cadáver. Fue removido por esas afirmaciones macabras y repugnantes.

Barrionuevo impidió la realización de elecciones en Catamarca, ejercitando violencias que llegaron a la quema de urnas. Zafó de ser echado del Senado, por decisión de sus pares.

Godoy, quien amenazó a muerte a periodistas, renunció antes de someterse a su resolución. Las crónicas de la época estimaban que sería eyectada pero no sucedió así.

La renuncia del ex gobernador y senador Eduardo Angeloz ocurrió cuando la legislación sobre fueros impedía que los legisladores fueran juzgados. El régimen se modificó en el año 2000, es el que impera hoy. 

Hay algún caso más. Los precedentes, contadísimos en más de 34 años, revelan que medió un acuerdo entre las fuerza políticas: el Congreso debe obrar con máxima cautela para evitar el conflicto con la soberanía popular, emergente del voto. Hasta ahora y como regla se priorizó sobre las facultades de los legisladores.

Este cronista opina que la Constitución no habilita una remoción intempestiva (tardía) fundada en causas anteriores al comicio. Eran conocidas por el electorado cuando se expidió y ejercitó su poder soberano. La Cámara Nacional Electoral y el propio cuerpo tuvieron ocasión de evaluarlas antes de aprobar el diploma. Añadamos que la expulsión está restringida por los Pactos Internacionales que forman parte de la Carta Magna, arrumbados por la narrativa oficialista.

Aún si la Cámara tuviera las facultades que ayer se discutieron, una decisión favorable al macrismo hubiera implicado un retroceso para el sistema democrático. Lo mellaron igual, no es poco.

Hoy TN hablaba de ti: Ayer al mediodía la señal de cable TN apeló a la célebre “pantalla partida”. En un hemisferio, la sesión, en otro la represión policial a trabajadores de PepsiCo y militantes. Los policías Robocop algo aprendieron: pateaban por abajo a los manifestantes, disparaban cápsula de gas procurando que no fueran visibles. Pero las consecuencias se palparon, tanto que las redes sociales recogieron el testimonio de un fotógrafo free lance, afectado por las emanaciones de gas pimienta.

El Gobierno criminaliza y reprime la protesta social, encarcela dirigentes, persigue agravar las penas por delitos conexos a la acción directa. O se prepara a tipificar nuevos, en un futuro inminente. 

Los diputados de la izquierda y del Movimiento Evita que se opusieron a la expulsión no “protegen a De Vido”. Actuaron en defensa propia, precaviendo que el furor por expulsar adversarios recaiga sobre ellxs.

No es tan solo una conjetura porque, como gustan decir los informativos, “esto está pasando ahora”. En Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, un fiscal pidió el desafuero de los diputados provinciales Lautaro Giménez (PTS) y Héctor Fresina (PO) más la del senador provincial Víctor da Vila (PO), acusándolos de delitos cometidos mientras manifestaban en la calle. El Subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, anunció que el gobierno mendocino pedirá el desafuero de los legisladores si prospera el pedido del fiscal, que está recurrido y se está sustanciando. La intención del Poder Ejecutivo en yunta con el Judicial es criminalizar la protesta, condenarlos… de ahí a intentar removerlos hay un paso bien corto.

El Movimiento Evita integra el frente electoral encabezado por el ex ministro kirchnerista Florencio Randazzo. Este sugirió que De Vido debería pedir licencia sin goce de sueldo, una postura que lo deja en una incómoda tercera posición pero que es menos talibán que la del macri-massismo. Y de varios de sus ex compañeros de Gabinete, hoy en día candidatos en otras listas “anti-K”: Massa, Martín Lousteau, Graciela Ocaña.

La vida continúa: Se votó en horario central de la tele para sacarle todo el jugo posible a la sesión.

Las causas judiciales contra De Vido continuarán y la coalición entre el Gobierno y Comodoro Py seguramente redoblará esfuerzos.

Ayer no estaba en juego la impunidad ante los Tribunales sino una sanción extralimitada y partidista justo en campaña.

Entre tanto, la vida continúa, la economía también, el dólar sube y tracciona a los precios, el consumo popular decae, los despidos se intensifican. La realidad concede pocos respiros a los trabajadores, con o sin empleo. De eso, si dependiera del oficialismo, no se hablaría.

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