En el inicio del juicio oral y público por estafas inmobiliarias que salieron a la luz en 2016, Fiscalía pidió penas que van desde los 20 hasta los 3 años y medio de prisión, según las responsabilidades atribuidas a cada uno de los 13 imputados, entre los que hay cuatro escribanos, empresarios, un dirigente sindical y varios familiares. Los delitos económicos investigados en la megacausa, que involucra una decena de propiedades entre viviendas, terrenos y campos, fueron calificados penalmente como fraude inmobiliario, lavado de activos y falsificación ideológica.
Durante el juicio que, según estimó el fiscal Sebastián Narvaja podría durar entre dos y tres meses, se ventilarán ocho casos de personas que fueron desapoderadas de bienes mediante maniobras ilegales. El tribunal que deberá resolver sobre el final del debate está compuesto por los jueces Ismael Manfrín, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón.
"Es un juicio importante para la Fiscalía. Desde que funciona el MPA hubo un cambio para impulsar este tipo de investigaciones por delitos económicos. Fundamentalmente es importante para las familias, que en muchos casos hace siete u ocho años esperan resolver la situación de una propiedad de la que fueron despojados", destacó el fiscal.
Se trata de "una serie de maniobras cometidas por personas que conformaban un grupo destinado a estos delitos, donde el patrón común es que a través de falsedades de escrituras hechas por escribanos acusados en la causa se generaron documentos falsos y fraudes, mediante los cuales se quitaron propiedades a diferentes familias. Se falsificaba la firma del verdadero dueño de la propiedad en un poder falso, y luego se usaban para instrumentar escrituras de transferencia, para inscribir las transacciones en el registro. En algunos casos se hacían más compra-ventas de esa propiedad para que fuera difícil la recuperación de los inmuebles", se detalló desde Fiscalía. "El caso incluye la acusación por lavado de activos".
Entre las etapas para cometer las estafas, se indicó que primero se "buscaban propiedades y las desapoderan mediante fraudes inmobiliarios"; luego se "buscaban compradores solventes para 'lavar' fraudes; y finalmente, se realizaban "maniobras para que los activos de origen ilícito adquieran apariencia lícita".
Los pedidos de pena de la Fiscalía son diferentes según la cantidad de hechos atribuida a cada imputado y su rol en las maniobras. Así, se solicitaron 20 años de prisión y multas —calculadas según el valor real de la operación de lavado— por $344.081.151,73 para el escribano Eduardo Torres (se agrega pedido de 12 años de inhabilitación especial para ejercer), para el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, y para el sindicalista del turf Maximiliano González de Gaetano.
Hay pedido de penas importantes para otros tres escribanos acusados. Para Juan Aliau se pidió pena de 9 años de prisión, multa de $344.081.151,73 y 12 años de inhabilitación; mientras que para su par Luis Kurtzemann, el fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión, multa de $54.777.000 y 10 años de inhabilitación; y 7 años de prisión, multa de $81.598.854,13 y 12 años de inhabilitación para José Gordó. En tanto, para el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, se pidieron 7 años de prisión, multa de $73.036.000,00.
Para Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, solicitó 5 años de prisión; Vanina Viglione 5 años y 6 meses más multa de $4.745.371,53; Andrés Martín, 2 años de prisión; Sandra Moresco, 5 años de prisión y multa de $40.526.404,18; Magalí González de Gaetano, 3 años y 6 meses de prisión y multa de $6.636.993; y Omar Buscellato, 4 años y multa.
Además hay personas que ya fueron condenadas en juicio abreviado. Se trata de Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo, Juan Cruz González de Gaetano, y el empresario Leandro Pérez, a quien le dieron 3 años de prisión y multa por el doble del valor del bien que fue objeto del lavado, indicaron desde Fiscalía.
También cabe recordar que en 2019 el entonces fiscal regional Patricio Serjal —ahora imputado en la causa por juego ilegal— planteó el desistimiento de la acusación contra el contador Jorge Oneto y el empresario Pablo Abdala, frente a la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas.
