El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que inició la auditoría técnica en Edesur y el proceso de sanciones contra la distribuidora metropolitana motivado por los reiterados cortes en el servicio que se registraron durante las últimas semanas.

Tal como había adelantado el Ministerio de Economía, a través de la resolución 237/2023 la intervención del ENRE dispuso la realización de la auditoría técnica integral con el objetivo de determinar la capacidad y confiabilidad del servicio público de distribución de electricidad y fiscalizar la calidad de servicio establecida en el contrato de concesión.

El ENRE precisó que la tarea será llevada adelante por un equipo interdisciplinario dirigido por un coordinador general, y al menos tres equipos de fiscalización, quienes verificarán los procesos de atención primaria de reclamos, operación y gestión, mantenimiento correctivo y preventivo, planificación de inversiones, gestión de pérdidas, y auditorías internas de costos.

"Con este nuevo criterio de control adoptado, el ENRE incorpora la facultad de acceder en tiempo real a los procesos y recursos que conllevan sistemáticamente al incumplimiento de los parámetros de calidad establecidos, manteniendo a la vez el control por resultados que permite aplicar las sanciones por tales deficiencias", explicó el organismo.

La decisión de avanzar en esa dirección se tomó el 16 de febrero luego de una reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa. El malestar contra la empresa creció luego de que intentara desentenderse de su responsabilidad en los cortes al asegurar que había sido un problema de generación de energía.

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, no descartó luego la posibilidad de expropiar Edesur. “Se analizan todas las variables legales y posibles para cuidar a los usuarios”, aseguró. Sin embargo, la posibilidad de una expropiación es remota, fundamentalmente porque la empresa Enel, controlante de Edesur, anunció en noviembre del año pasado que puso en venta sus activos en el país. De hecho, ya vendió Central Costanera y Central Dock Sud y el mes próximo comienza el proceso para desprenderse de Edesur, el cual tiene previsto concluir antes de fin de año. Si el gobierno se anticipara a esa venta y expropiara la empresa, Enel terminaría reclamado una indemnización millonaria en el CIADI, un tribunal dependiente del Banco Mundial donde las empresas suelen jugar de local.

Las multas

Además, se informó que “se determinó el inicio del proceso de aplicación de un conjunto de sanciones a la empresa Edesur por las afectaciones en el servicio eléctrico durante febrero".

"Estas sanciones se suman a los más de 3772 pesos millones aplicados a la distribuidora Edesur desde septiembre de 2022", agregó el ENRE.

El organismo aclaró que en la primera instancia sancionatoria Edesur "deberá abonar resarcimientos a los usuarios afectados por cortes de suministro cuya duración haya sido igual o mayor a las 10 horas, según lo establece la normativa vigente para este tipo de afectaciones, y sin perjuicio de las sanciones que se encuentran en desarrollo". Asimismo, en relación a los montos de las sanciones, los mismos deberán ser acreditados por la empresa en las facturas de servicio de los usuarios dentro de los 20 días hábiles administrativos, a partir de la notificación de la resolución.

También se habilitará un ámbito de reclamo por daños que se hayan producido en los electrodomésticos a raíz de los cortes.