El máximo tribunal de justicia en Brasil podrá juzgar a los militares acusados de participar en el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva. El pasado ocho de enero seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro tomaron por asalto la sede de los tres poderes constitucionales en la capital Brasilia.
El hecho ocurrió una semana después de la toma de posesión de Lula. La decisión supone un giro inédito porque los analistas esperaban que los militares fueran juzgados por los tribunales castreneses.
Civiles y militares a juicio
El magistrado tomó la decisión luego de comprobar que muchos policías distritales de Brasilia acusaron a agentes de las Fuerzas Armadas de negarse a defender las instituciones. Incluso hubo testimonios que daban cuenta que algunos militares participaron del movimiento golpista.
"Fijo la competencia del Supremo Tribunal Federal para procesar y juzgar los crímenes del 8 de enero, independientemente de que los investigados sean civiles o militares”, indica el fallo de Alexandre de Moraes.
“Por eso autorizó la apertura de investigación por eventuales delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y las policías relacionados a los atentados contra la democracia", añade el documento.
La decisión sobre la competencia del Supremo Tribunal Federal para juzgar a los militares involucrados en el golpe de Estado se conoció después de que Bolsonaro reclamó la liberación de más de 900 de sus seguidores actualmente detenidos por los ataques en Brasilia.
Delitos militares
El juez Alexandre de Moraes explicó que la investigación no choca contra el principio de competencia de la justicia militar. "La justicia militar no juzga delitos de militares sino delitos militares", remarcó.
Según el diario brasileño Folha de Sao Paulo, durante las investigaciones Operación Lesa Patria, un oficial de la Policía Militar del Distrito Federal acusó a la cúpula del Ejército de impedir el desalojo del campamento golpista que llevaba semanas frente a la sede policial.
El exjefe del sector de operaciones de la Policía Militar, Jorge Naime, contó que en varias ocasiones estuvieron listos para desalojar a los seguidores de Bolsonaro previo a la toma de posesión de Lula pero que el alto mando del Ejército no lo permitió.
De Moraes, también prorrogó en 60 días las investigaciones por los actos golpistas y en noventa las que avanzan sobre las "milicias digitales antidemocráticas" señaladas por fomentar actos antidemocráticos a través de redes sociales.
Desde 2021, de Moraes lleva la megacausa sobre fake news y el atentado contra el estado de derecho que llevó a la detención de reconocidos activistas del expresidente Jair Bolsonaro. La causa también investiga al exmandatario que se encuentra encuentra en Estados Unidos desde el 30 de diciembre.
