La empresa japonesa Furukawa irá a juicio acusada de trata de personas con fines de explotación laboral en una forma “contemporánea de esclavitud”. Es la primera vez en la historia de Ecuador que una empresa es llevada a juicio por este tipo de delito. La empresa podría enfrentar multas millonarias o incluso la disolución.
También fueron procesados tres altos cargos de Furukawa y podrían recibir penas de entre 13 y 26 años de prisión.
La Fiscalía General de Ecuador anunció que llamó a juicio a la representación jurídica de la empresa Furukawa Plantaciones como autora mediata (es decir, que comete el delito usando a otro como instrumento).
La jueza de la causa, Susana Sotomayor aceptó las instrucciones giradas por la Fiscalía. Sotomayor revisó el expediente y los más de 100 elementos de evidencia presentados por la fiscal María Susana Rodríguez.
En el expediente, decenas de extrabajadores acusan a Furukawa, considerada la mayor productora de abacá en Ecuador, de violar derechos humanos y obligar a trabajar en condiciones infrahumanas en sus plantaciones, donde prestaban servicios familias completas, incluidos niños.
La jueza también citó a juicio a los exdirectivos de Furukawa: Marcelo A. como autor directo, Hugo Ch y Paul B. como coautores.
Furukawa Nunca Más, el Comité de Solidaridad contra la esclavitud en las plantaciones de Furukawa, calificó de histórico el llamado a juicio a la firma japonesa y a sus exdirectivos.
"Desde 1963, 1244 personas no solo han sido explotadas laboralmente por Furukawa Plantaciones, también han sido víctimas de #EsclavituModerna promovida por la empresa", escribió el comité en Twitter.
Juicio histórico
La firma instalada en 1963 en Santo Domingo de Los Tsáchilas se dedica al cultivo y procesamiento de abacá, una planta de la que se extraen fibras vegetales muy resistentes usadas para fabricar papel y también utilizada en la industria textil y automotriz. La firma es propietaria de unas 23.000 hectáreas distribuidas en 32 haciendas que se extienden por tres provincias costeras.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador advirtió que Furukawa sometió a sus trabajadores a condiciones de vida, vivienda y trabajos indignos, precarios e inhumanos “lo que habría configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud”.
La investigación incluyó pericias psicológicas, auditorías y reconocimiento de los campamentos de trabajo. Además, la fiscalía presentó como pruebas estudios de varias instituciones que también habían advertido de la existencia de violaciones a los derechos de acceso a la salud y educación.
Campamentos de trabajo sin servicios básicos
Los informes señalaban que había casos de personas no inscritas en el Registro civil y contratos irregulares de alquiler de espacios de vivienda para evadir responsabilidades laborales.
La mayoría de las víctimas son afrodescendientes y personas que no saben leer ni escribir. Furukawa Plantaciones no les proporcionó equipos de trabajo, ropa, o elementos de seguridad para las labores.
Otros informes dieron cuenta que en los campamentos de trabajo de la inexistencia de servicios básicos como agua, luz eléctrica o alcantarillado.
Segundo Ordoñez, uno de los afectados por la empresa Furukawa, declaró que llevan tres generaciones trabajando sin acceso a salud o educación. "Tenemos derechos y queremos que sean reconocidos", afirmó.
