Los restos de los estudiantes y el profesor víctimas de la Masacre de la Cantuta (1992) que estaban en un laboratorio británico y que fueron regresados a las autoridades de Perú revelaron que hubo un informe forense de ADN realizado en 1994.
El mismo fue enviado a la cúpula militar de la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) pero no fue incluido en la investigación que se realizó en los años siguientes. Actualmente Fujimori cumple una pena de 25 años de prisión por el caso del secuestro y asesinato de los estudiantes y el docente de La Cantuta durante su régimen.
Un informe forense silenciado
Hace casi 30 años los restos de los nueve estudiantes y el profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, fueron enviados a un laboratorio británico para determinar que se trataba de las víctimas de la masacre de La Cantuta.
Sin embargo, años después los familiares de las víctimas no volvieron a saber el paradero de los restos enviados que incluían huesos y sangre de los familiares. Recientemente la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Redress, una ONG londinense de derechos humanos, lograron ubicarlos en un laboratorio británico.
La abogada de Aprodeh, Gloria Cano, reveló que la semana pasada abrieron las muestras remitidas desde el Archivo Forense de Birmingham de Inglaterra.
En una de las bolsas encontraron un informe escrito en inglés que incluía gráficos y cuadros que serán evaluados por la Unidad de Biología Molecular y Genética de Ayacucho, creada para identificar a las víctimas de la violencia política de 1980 hasta fines de la dictadura de Alberto Fujimori en el 2000.
"Ellos determinarán qué dice exactamente, para saber si se realizaron los exámenes de ADN y cuáles fueron los resultados. Pero aparentemente sí hubo un análisis", reveló Cano.
"Hubo mala intención"
El documento fue enviado al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Guido Guevara, por orden de la exfiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán. Pero Guevara y Colán negaron en todo momento haber recibido ese informe.
"A pesar de que los familiares han estado indagando, Guevara siempre negó tener conocimiento de los resultados", denunció Cano.
"Tal vez le llegó al señor Guido Guevara, y él no lo remitió al juez que veía el caso para que lo incluyera en la carpeta, sino que se lo quedó y lo ocultó. Hubo mala intención de negar información y agravar el sufrimiento de la familia", añadió.
Colán, cercana a Fujimori y a su mano derecha Vladimiro Montesinos aseguraba “que no sabía nada”.
Sin embargo, Cano reveló que en uno de los documentos de la cancillería en el Reino Unido señala que, por disposición de la conversación telefónica mantenida con la entonces fiscal de la Nación de Perú, la información debía ser enviada al Fuero Militar, al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (Guido Guevara). Incluso le facilitó la dirección de donde tenía que enviar la información.
“Ella mintió cuando dijo que no sabía si había respuesta, porque ella estuvo en comunicación con el laboratorio forense", remarcó.
La Masacre de Cantuta
La semana pasada, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en julio de 1992 viajó al Reino Unido junto a la abogada Gloria Cano en representación de los familiares de las víctimas.
"Vamos con mucha expectativa de saber qué cosa vamos a encontrar porque no sabes si la caja está sellada, ni lo que contiene. Tampoco sabemos si se hicieron los análisis de los restos, y si lo hicieron si hay algún tipo de identificación, que es la respuesta que los familiares están esperando", señaló Ortiz al diario local La República.
El 18 de julio de 1992 los militares ingresaron a la Universidad La Cantuta, en las afueras de Lima y secuestraron a nueve estudiantes y a un profesor. Luego los ejecutaron, quemaron sus cuerpos y los enterraron en tumbas clandestinas.
La dictadura de Fujimori aseguró, sin prueba alguna, que los estudiantes universitarios eran simpatizantes de Sendero Luminoso. Este caso fue el que llevó a prisión al entonces mandatario Alberto Fujimori, condenado el siete de abril de 2008 a 25 años de prisión.
