El matrimonio de Sandra Gobbo y Oscar Marinucci, cuyas familias llevaban cien años trabajando una chacra de Bigand de solo cinco hectáreas con agroecología, fueron desalojados por orden judicial en la mañana de ayer. Sorpresivamente, y horas antes de comenzar un acampe solidario en las puertas de la chacra para solidarizarse con la familia, la jueza de Bigand Carolina Mozzi ordenó el operativo policial para llevar adelante el "desahucio". La causa fue iniciada por la nueva administración de la Fundación Honorio Bigand, que tomó el control ante la ausencia de herederos.

La orden original había sido dada por el juez de Cañada de Gómez, Sergio Verdura, y ejecutada por Mozzi, ex directora del Instituto de la Mujer en Rosario durante la gestión de Mónica Fein. Legisladores provinciales acompañaron a la familia, que sufrió una descompensación física ante un operativo de gran magnitud que incluyó más de 50 efectivos y siete patrulleros de la fuerza de seguridad provincial. Presa de la angustia causada por el desenlace, Sandra Gobbo lamentó: "No tuvimos opción, o nos traían en la ambulancia o nos llevaban presos. Oscar estaba descompensándose y a mí me empezaron a apretar".

La diputada peronista Lucila De Ponti habló desde el lugar: “La jueza no nos permitió el ingreso al campo para representar a la familia, que ya fue desalojada. Es un operativo desmedido para desalojar a dos personas de más 60 años con problemas de salud. Evidentemente, se buscó que fuera una acción disciplinaria. La mayoría de los desalojos se llevan adelante con una instancia de diálogo de forma pacífica y se llama a la fuerza en caso de resistencia. En este caso, directamente, se presentó la fuerza pública. A Sandra la sacaron por la fuerza y terminó con su marido en el hospital”, dijo la legisladora del Movimiento Evita a LT8. 

La legisladora no ocultó su desagrado por la acción de la magistrada a cargo del operativo: “Conociendo los antecedentes de la jueza Mozzi, hubiera esperado otra actitud con una familia que sólo reclama seguir habitando y produciendo en las pocas hectáreas que le quedan. Volvemos a ver la peor cara de la justicia. Ni siquiera discutimos la cuestión de fondo, sino la forma del desalojo, que nos parece de una crueldad absoluta”, graficó. De Ponti estuvo interesada en la cuestión desde hace tiempo y llegó hasta el lugar para “resguardar las cosas – muebles, ropas, otras pertenencias – y llevarlas a algún lugar de confianza de ellos, pero la jueza tiene temor de que dos mujeres (haciendo referencia a ella y a la también diputada Damaris Pacchiotti) ocasionemos disturbios en el operativo”.

A su lado estaba Pacchiotti, del bloque Ciudad Futura. Las dos diputadas habían presentado un proyecto para que el gobierno provincial protegiera a la familia Gobbo-Marinucci, que fue aprobado por unanimidad. Sin embargo el ministro de la Producción Daniel Costamagna dijo haberse enterado "recién" de la situación, y pidió "tiempo para  informarse antes de opinar".

“Lamentablemente se produjo lo que no queríamos, que fue el desalojo. Esta lucha es la vida de esta familia. Oscar nació en esta casa y hace más de 100 años que su familia trabajaba esta tierra. Todos los poderes del Estado acordaron desalojar a dos personas de 60 años de su vivienda única, a la luz del día, con un operativo de dimensiones desconocidas, que excedió a las fuerzas de seguridad local”, expresó Pacchiotti.

Desde el Foro Agrario también repudiaron el desalojo. “Quienes administran la fundación desalojaron y les están robando la tierra que por derecho les corresponde a la familia Gobbo-Marinucci, una de las pocas familias agricultoras viviendo y produciendo la ruralidad del sur santafesino”, difundieron en un comunicado y exigieron la reglamentación de la ley nacional 27.118, de agricultura familiar.

Por su parte, el legislador Carlos Del Frade expresó que el desalojo “remarca la existencia de un sistema judicial clasista e indiferente ante la realidad social”. “Mientras se pide emergencia agropecuaria, miles de pequeños de productores terminan exiliados del campo de sus abuelos como consecuencia de la concentración de tierras en pocas manos".

El Foro por un Programa Agrario había organizado un acampe solidario para este miércoles, pero según allegados a la familia, la Justicia y la Policía se anticipó y ordenó el desalojo.