La Corte Suprema de Justicia tomó finalmente ayer juramento en el Consejo de la Magistratura a tres de los cuatro consejeros en representación del Senado, luego que los cortesanos ratificaran la decisión de negarle al senador oficialista Martín Doñate ocupar una banca por la segunda minoría de la Cámara alta y sostener que ese lugar le corresponde a la oposición. La decisión es ahora eje de otra disputa: una de las causales del pedido de Juicio Político a la Corte, por intromisión en otros poderes de la República.
Con el juramento formal, los senadores oficialistas María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde (FdT-FNyP) y el opositor Eduardo Vischi (UCR-JxC) se incorporaron al organismo encargado de administrar los recursos económicos del Poder Judicial y de la selección y remoción de jueces.
Como estipula la ley, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti --que también preside el Consejo de la Magistratura--, fue el encargado de tomar juramento a tres de los cuatro consejeros en representación del Senado.
Del acto también participaron los otros tres cortesanos: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Además estuvo el resto de los consejeros, con la excepción de los diputados oficialistas del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, que además de haber manifestado su desacuerdo público con la proscripción de Doñate, privilegiaron sus asistencia a la sesión de la Cámara baja que regresó al recinto –a pesar del bloqueo opositor de JxC— para tratar el Plan de Pago de Deuda Previsional.
Conflicto paralizante
El conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo tiene paralizado el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde el 16 de Julio de 2022. Pero el conflicto comenzó en diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema declaró la muerte por “inconstitucional” de la Ley 26.080 de 2006 que modificó la integración del Consejo de la Magistratura y lo redujo de 20 a 16 miembros.
El fallo de los cortesanos, no solo desconoció la Ley que durante quince años rigió los destinos del Consejo sino que resucitó la Ley anterior derogada con la composición de veinte integrantes y la presidencia del organismo en manos del presidente de la Corte Suprema. Además, emplazó al Congreso a que en el plazo de 90 días debía sancionar un marco regulatorio, que no avanzó por el rechazo del interbloque macrista a la propuesta del oficialismo. Lo mismo hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura que estaba en funciones: le exigió que en si en 120 días no realizaba los cambios propuestos en el fallo, sus actos serían considerados nulos.
Para adecuarse al fallo de la Corte, el Consejo convocó a elecciones entre los abogados y jueces y volvió a requerir al Congreso que cada Cámara elija a sus representantes: dos por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría.
Diputados designó a los propios. En el Senado, el oficialismo creó el sub bloque "Unidad Ciudadana", constituyendo la segunda minoría de la Cámara alta y designó a Doñate como consejero representante. La Corte entonces, tomó el reclamo por esa misma banca del senador del Frente PRO Luis Juez y definió que el oficialismo había incurrido en una “maniobra” ilegítima para conservar tres de los cuatro representantes.
El Senado insistió en la autonomía del Poder Legislativo a darse la representación política que decidan sus integrantes y en la postulación de Doñate. La Corte, en su segunda acordada de este año, dispuso por mayoría --con votos de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda-- que se tome juramento a Pilatti, Recalde y Vischi, y se deje afuera a Doñate, hasta tanto resuelva a quién corresponde la representación.
Con diecinueve de sus miembros ya incorporados, el Consejo aspira a poder funcionar e, incluso, tomar decisiones llegando al quórum de trece y dos tercios de los consejeros presentes para aprobar las ternas. Aunque la experiencia indica que será difícil que el Consejo funcione por la complejidad política de un año electoral y el conflicto de poderes sin resolver, mientras –incluso— se sustancia el juicio político a los cortesanos en la Cámara de Diputados.
Julio del año pasado fue el último mes y última vez que el Consejo logró aprobar en plenario ternas de jueces para elevar al Poder Ejecutivo, en tres concursos para la justicia Civil, de Familia y de Menores. Desde entonces, salvo para cuestiones administrativas y de infraestructura tecnológica, no funciona en su principal cometido: elegir jueces para que los seleccione el Poder Ejecutivo y los refrende el Senado. Mucho menos para resolver el traslado irregular que realizó el gobierno de Mauricio Macri de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py.
