Comunidades indígenas celebraron que el gobierno de México negó las concesiones a la minera canadiense Almaden Minerals en el estado de Puebla. El caso marca un importante precedente para la lucha de los pueblos indígenas contra la industria extractivista minera.
El año pasado el máximo tribunal de justicia había declarado que no era factible darle las concesiones a la minera norteamericana. Pero dejó abierta la posibilidad a renovar la concesión si Almaden Minerals respetaba la consulta a los pueblos indígenas. Sin embargo, esta semana la secretaría de Economía del gobierno indicó que no es viable realizar las concesiones a Almaden.
Una decisión inédita para los pueblos indígenas
"Al hacer el análisis sobre la factibilidad de las concesiones mineras, revisó que hay elementos de hecho y de derecho que identifican que no es factible la emisión de estos títulos de concesión por no ir de acorde a la Ley Minera", expuso en conferencia Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali.
Las comunidades recordaron el fallo inédito de 2022 con el que el máximo tribunal de justicia ordenó hace un año retirar dos concesiones a Almaden Minerals tras una queja de pueblos indígenas nahua de Tecoltemi, Puebla, ante el riesgo a quedarse sin agua.
Francisca Zamora, Integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, exigió que no se realicen más concesiones en la zona de Ixtacamaxtitlán.
Cronología de una lucha
Las concesiones se otorgaron en 2003 y 2009 a la Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, durante los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del Partido Acción Nacional (PAN).En su sitio oficial las mineras describían el Proyecto Ixtaca como uno de "exploración de oro y plata en la Sierra Norte de Puebla…podría convertirse en la primera mina metálica moderna" del estado.
"Desde el año 2015 llevamos una lucha contra la minería en nuestro territorio y también (hay que) decir que no es justo que después de tanto tiempo no nos escuchan", manifestó en la rueda de prensa Raymundo Romano, inspector de la comunidad Tecoltemi.
El fallo de la Suprema Corte en 2022 dejó abierta la posibilidad de renovar la concesión si se respetaban los derechos de consulta de los pueblos indígenas. Pero luego de que la Secretaría de Economía declaró infactibles las concesiones, la consulta ya no es necesaria, según las organizaciones.
"Que quede claro, este proyecto de muerte no solo afectaría a la comunidad de Santa María, sino afectaría a todo, a muchas comunidades vecinas, incluyendo el río Apulco. Sería un desastre total que esas minas se llevaran a cabo", dijo Viola Moreno, comisariada ejidal de Santa María Sotoltepec.
El fallo llega en un contexto de revisión a las mineras extranjeras por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que acusa
puntualmente a las mineras canadienses de evadir impuestos y afectar a las comunidades.
Según organizaciones como Fundar, se estima que actualmente existen más de 25
mil concesiones mineras en el país.
