En diciembre de 2015 una mujer fue al Hospital Sub zonal de El Maitén, en la Patagonia, a solicitar una interrupción legal del embarazo. Fue atendida por profesionales de ese hospital, que siguieron los pasos de la ley de aborto no punible de Chubut (vigente desde 2010) y del Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, por causas no establecidas, la mujer falleció. Una de las médicas que la atendió fue imputada y el 31 de julio comienza el juicio contra ella. El juez penal de Esquel, a cargo de la causa, José Oscar Colabelli, fue destituido durante seis años por violación a los derechos de los pueblos originarios e intentó obstaculizar el derecho a un aborto seguro a una niña violada de doce años y sostiene que se opone al aborto en base a sus creencias religiosas.
La Multisectorial de Mujeres de Esquel y la Colectiva por el Derecho a Decidir denuncian “la clara intencionalidad aleccionadora del sistema judicial ya que durante más de un año se ha mostrado incompetente: no ha investigado seriamente el caso, ha descartado pericias y no ha autorizado la realización oportuna de otros estudios que pudieran esclarecer la causa de muerte. Sin embargo, se intenta culpabilizar a la médica y a la práctica realizada llegando a una instancia de juicio a la que no se debió haber llegado. Encontramos alarmante que el juez que lleve adelante este juicio sea una persona que antepone sus creencias personales al legítimo derecho. La pérdida de una vida es siempre dolorosa. Pero es importante destacar que el accionar de la médica no tuvo relación alguna con ese lamentable resultado, por tanto su procesamiento no proveerá reparación ni hará justicia”.
Más información: [email protected]
