Alberto Fernández aprovechó la apertura del año legislativo para trazar un diagnóstico cáustico sobre el día a día del Poder Judicial en la Argentina: habló de tropelías, falta de independencia y connivencia con los poderes económicos y mediáticos. La gran responsable del deterioro –señalada por el Presidente– fue la Corte Suprema, que había decidido enviar a su presidente, Horacio Rosatti, y a su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, para poner la cara frente al Congreso que lleva adelante el proceso de juicio político contra los cuatro integrantes del máximo tribunal. El gesto adusto de los supremos despertó todo tipo de comentarios en el mundo político.

Fernández arrancó su gobierno en 2019 con una caracterización poco elogiosa de los tribunales de Comodoro Py, un territorio emparentado con los sótanos de la democracia –la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)--. La consideración del Presidente sobre los tribunales de Retiro y sus habitantes no mejoró. La novedad es que la de la Corte Suprema está a la par. Hace menos de dos meses, Fernández impulsó con un grupo de gobernadores el jury contra los supremos. Frente a la Asamblea Legislativa ratificó por qué cree que los cortesanos deben ser removidos.

A la Corte le enrostra haber consolidado las enormes asimetrías que existen en la Argentina con la cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa con los fondos coparticipables. Dijo que ese fallo –firmado por los cuatro miembros del alto tribunal– es una intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria.

Mientras Fernández hablaba, Rosenkrantz miraba al frente como si no hubiera nada hacia los costados. Hubo dos momentos en los que el vicepresidente de la Corte sintió que los dardos del primer mandatario lo rozaban: cuando el Presidente dijo que Evita tenía razón cuando decía que “donde hay una necesidad nace un derecho” –contrariando lo dicho por el supremo en una exposición en Chile– y cuando habló de los funcionarios prófugos en alusión a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri y amigo del cortesano.

Rosatti, por su parte, sintió que lo interpelaban directamente cuando Fernández habló de la “toma por asalto” del Consejo de la Magistratura. En ese organismo –encargado de la selección y sanción de los jueces–, Rosatti desembarcó como presidente el año pasado tras un fallo que él mismo firmó después de autovotarse como presidente del máximo tribunal. Algo parecido a una muñeca rusa de decisiones que terminaron por consagrar la paralización del Consejo.

En los tribunales circulaban humoradas sobre las caras serias de la dupla cortesana. “Está bien que fueran”, decía un camarista que no les tiene especial estima. “Fueron destinatarios de todos los golpes”, evaluaba otro. En el acuerdo del martes, los cuatro supremos resolvieron enviar una “representación institucional”. A Rosenkrantz le adjudican en el Palacio de Talcahuano mayor vocación de asistir. Rosatti está más golpeado, especialmente después de que trascendieran los chats entre su mano derecha, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, hablando de los dos temas más importantes que la Corte tiene entre sus manos: el Consejo de la Magistratura y la coparticipación. Juan Carlos Maqueda no quería ir y Ricardo Lorenzetti era de la idea de que debían tener presencia, pero aparentemente primó la idea de que quienes iban a poner la mejilla –cada vez más acalorada– a las críticas eran las autoridades de la Corte.

Después del discurso de Fernández, desde el tribunal, se ocuparon de decir que los supremos sabían que se expondrían a los cuestionamientos pero que hicieron gala de su “templanza” porque estaban en representación del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados salió en su defensa al denunciar que habían sufrido un "ataque" y que habían demostrado una "innegable estatura cívica".

El eje del discurso sobre la Corte sirvió como un aglutinador dentro del Frente de Todos y fue el punto de inflexión con la oposición que hizo explícita su defensa a los supremos. “Entre el discurso del Presidente en la apertura de sesiones y la sesión del día anterior en el Congreso, quedó claro que el bloque legislativo de Juntos por el Cambio quedó reducido a un grupo de marionetas defensoras de lo más rancio del Poder Judicial”, lanzó el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. 

Más allá de Talcahuano

Las críticas del Presidente no solamente hicieron foco en la Corte. Hubo cuestionamientos al Poder Judicial en general. Reclamó que se investigue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner con la misma premura con la que los tribunales archivan las causas en las que están involucrados jueces, fiscales o empresarios poderosos. Habló de la connivencia entre magistrados, empresarios de medios, exagentes de inteligencia y políticos. Si bien nunca mencionó la palabra “chat”, ésta sobrevoló durante buena parte de la exposición. Hubo algo que cambió desde diciembre cuando comenzaron las filtraciones del teléfono de D’Alessandro y se conocieron las maniobras de los viajeros de Lago Escondido, las comunicaciones con Robles y el trato familiar del ministro de Horacio Rodríguez Larreta con Sebastián Ramos, el juez que justamente archivó la denuncia contra el vocero de Rosatti.

Fernández fue enfático cuando dijo que había terminado con los sótanos de la democracia al sacar a los espías de su rol de auxiliares del Poder Judicial y reducir los fondos reservados. En particular mencionó que durante su gobierno se terminó con el espionaje ilegal. Lo acentuó. Probablemente fue una respuesta al fallo de Ramos en el que se habló de espionaje ilegal a la hora de desvincular a Robles.

Sin mencionar la palabra proscripción, Fernández rechazó la condena contra CFK en la causa Vialidad y dijo que había sido sometida a un simulacro de juicio para inhabilitarla políticamente. Explicó esa sentencia por una asociación de los tribunales con los medios y con la oposición. Al macrismo le adjudicó haber atentado contra la Constitución a través de su mesa judicial, el nombramiento de cortesanos por decreto –Rosatti y Rosenkrantz, que volvieron a tragar saliva– y los traslados de jueces en la Cámara Federal.

Lo que no hubo de parte del Presidente fue el anuncio de nuevas reformas. Ni siquiera habló de la modificación de la Ley de Inteligencia que había prometido el año pasado y sí lamentó que en Diputados no se hubiera aprobado el paquete de reforma del Poder Judicial que él promovió junto con su primera ministra de Justicia, Marcela Losardo. Hubo otras iniciativas que quedaron en la Cámara Baja: la reforma del Consejo, la ampliación de la Corte y los cambios en la ley del Ministerio Público.

“Quedaron expuestos una vez más”, evalúa Soria. “Juntos por el Cambio defiende a esa justicia cooptada que se niega a investigar a los autores intelectuales del atentado a la vicepresidenta mientras archiva en tiempo récord, en plena feria judicial, las causas que revelan la promiscuidad que ellos mantienen con la Corte y Comodoro Py”, dice.