Hay en el aire húmedo de la cuadra de Pedro de Mendoza al 1400 un olor a irremediable. Ninguna de las 23 familias que viven –se niegan a hablar en pasado– en el ex edificio Zanchetti y conventillo hace más de treinta años albergando la precariedad habitacional de la Ciudad, aceptan la posibilidad de un exilio forzado por una trama institucional que las dejó en la calle tan de repente, víctimas vinculadas entre las llamas de un intento de femicidio que identifican como “patología territorial”, las muertes de cuatro personas, entre ellas una beba, y el desalojo brutal hacia una incertidumbre que al cierre de esta edición llevaba siete días sin resolverse. La treintena de criaturas que hasta el miércoles 19 corrían por los pasillos ahora se refugian en carpas tapizadas con prendas y frazadas que les dona el vecindario. Lo propio quedó adentro de las piezas que sus madres prometen recuperar cuando vuelvan a tomar posesión de las viviendas. “De aquí no nos saca nadie”, advierte el mujerío en abrazos inundados de lágrimas porque temen que lo peor aún está por venir. 

Romina Segundo, la hija de una de las víctimas fallecidas contra las rejas de un ventanal clausurado, clama por justicia y por la recuperación de viviendas dignas. “Que la pareja responsable del incendio y estas muertes sea imputada. Que paguen por lo que hicieron. Solamente queremos ingresar de nuevo a nuestras casas y reconstruirlas: de todos los que vivimos en ese edificio los que más perdimos fuimos nosotros, porque además de la casa perdimos a toda nuestra familia.”

Las preguntas se agolpan urgentes ¿Quién va a hacerles creer en medio de tanto despojo que las violencias sistemáticas del vecino Miguel Angel Torres derramadas sobre su mujer son muestras más temerarias que ver a sus hijas e hijos enfermándose bajo este frío de julio? ¿Qué peligro de derrumbe podría disuadir mientras el diluvio del martes calaba pieles y huesos? ¿Cómo procurar solidaridades sin titubeos con una joven que pudo morir carbonizada, cuando se abalanzaron otras muertes pared por medio, entre parches de construcciones clandestinas, como ocurrió en los talleres de Flores? Apenas un puñado logró ir a casas de familiares; los más vinieron resistiendo contra el ofrecimiento de subsidios ínfimos y paradores a los que invita el Gobierno porteño.  “Es que si nos vamos lo peor está por venir”, aseguran las que enumeran otros intentos de desalojo y avisan de la acción de amparo que les habilita a permanecer en ese edificio de la Ciudad desde 2010. Son las mismas mujeres, incluso Beatriz Méndez, la madre de Romina, que fueron a la comisaría 24ª para denunciar en vano los episodios de violencia que Torres coronaba con augurios incendiarios para  su mujer y todo el conventillo. Tampoco les ofrecieron asistencias institucionales específicas. Por respuesta, el titular de aquella seccional se alzaba de hombros y les daba a entender que tenía las manos atadas. “El comisario nos dijo que no podía hacer nada porque el pibe vivía ahí. Nadie nos resuelve nada”, reclama Natalia Esteban, inquilina y vocera del Zanchetti. “Somos los damnificados y vamos a quedar en la calle por la mala influencia de la policía que no quiso poner una consigna en la puerta y esa persona no hubiera cometido todo esto. Nos dicen ´tienen que esperar las amenazas, que les haga algo´. Ahí está, nos quemó la casa. ¿Y ahora quién nos da una solución?” 

La Dirección de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano porteño decretó que no se puede ingresar “porque es peligroso” y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que busca alternativas hasta que se acondicione el lugar clausurado por la Dirección General de Guardia de Auxilio ante el derrumbe que no llega. Aun cuando los mismos bomberos intervinientes manifestaron que no existiría tal riesgo. Sospechan que detrás de lo que se presiente como expulsión hay una avanzada inmobiliaria grosera con el nuevo polo de torres corporativas que el Gobierno nacional planea entre Puerto Madero y La Boca, el Paseo de la Rivera que les pasa por las narices y el proyecto “Queen Caminito”, al estilo Palermo Soho.

Natalia detalla que el incendio sólo quemó un colchón y el piso de pinotea. “No comprometió  paredes ni el resto del edificio. Pero en el medio quedamos nosotros y el único techo que tenemos.” El legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, denunció el fantasma inmobiliario. “Estuvimos dentro del conventillo y pudimos hacer una filmación para demostrar que es falso el argumento del riesgo de derrumbe”, explicó. “No dejan volver a la gente porque el Gobierno de la Ciudad quiere hacer un negocio inmobiliario con un terreno fiscal y donde la gente vive hace treinta años.” Las familias del Zanchetti declararon que se les negó “de manera sistemática” ropa de abrigo, frazadas, colchones y baños químicos, lo que consideran otra intentona de desalientos para que abandonen el lugar. “No queremos creer que se esté aprovechando lo ocurrido para realizar un desalojo encubierto y de esta manera seguir beneficiando como desde 2012 a los grupos de especuladores inmobiliarios que quieren quedarse con nuestro barrio.”

La hoguera

“Las patologías del fuego”, le dicen en el barrio a los diferentes tipos de violencias, no sólo de género, porque en su expresión se vinculan íntimamente con las construcciones de madera y chapa. Los incendios centenarios que retrató Quinquela son la reseña de una hoguera que sigue devorando a lxs que habitan esos márgenes. “Son patologías territoriales, agresiones que tienen que ver con un tipo de vida. Es muy común entre los jóvenes y escuchar la amenaza ´te voy a prender fuego la casa´, como expresiones de violencia entre ellos o hacia las mujeres”, explica Natalia Quinto, del colectivo multisectorial La Boca Resiste y Propone. “Hay estudios sobre la piromanía como patología local, pero las precariedades habitacionales son cuestiones rotundas para que estos hechos se repliquen. La gente vive en inmuebles con conexiones eléctricas deficientes, calientan en braseros, tienen vías deplorables de acceso y salida y viven hacinados en piezas por las que pagan alquileres siderales. Al lado o a cien metros, cuando no es el pirómano o la violencia de género, es un cable, la madera, las calderas, los braseros y otras formas inseguras de calefacción, porque las  boletas de electricidad son demenciales.”

En un petitorio, las 40 familias que viven en Pedro de Mendoza 1447/49/51 exigen al Gobierno porteño viviendas transitorias en el mismo barrio para los grupos familiares completos, ayuda económica que permita recuperar las pérdidas materiales, un proyecto de reconstrucción consensuado y regularización dominial sobre el edificio, garantizando solución habitacional definitiva, atención integral de la salud psicológica y médica en la zona, y reconexión inmediata del servicio eléctrico al resto de lxs vecinxs de la cuadra. “El Estado tiene una responsabilidad sobre el inmueble”, sostiene Natalia. “Si hubieran hecho algo, esto no pasaba. La Ciudad no tiene un programa de prevención y protocolo de actuación para controlar estas catástrofes. Hace dos semanas estuvimos en la Comisión de Vivienda de la Legislatura alertando sobre un posible incendio en cualquier zona del barrio porque estos hechos ocurren en julio, diciembre y enero, como pasó con el fuego de la calle California. No es igual el tiempo que lleva prevenir un incendio en nuestras casas de chapas y maderas de hace cien años que en un departamento.” El 23 de diciembre de 2014 el incendio de los conventillos de California 1134 y 1140 dejó a veinte familias en la calle. El Gobierno de la Ciudad les hizo la misma propuesta que a las familias del edificio de Pedro de Mendoza: ir a paradores por una semana y un subsidio de 1.800 pesos por unos meses, cuando en ese momento el hotel más barato de la zona costaba 3800 pesos. Las 80 personas, más de treinta niñas y niños, tuvieron que escuchar a un funcionario del programa Buenos Aires Presente (BAP) dependiente del ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, diciéndoles que por las fiestas recién podían atenderlos el 29 diciembre, porque “el Estado no funciona hasta el lunes”. Un año antes, dos hermanos de 10 y 11 años murieron en el incendio de un inquilinato de Carlos Melo 586 y siete personas sufrieron heridas, entre las que se encontraba la madre de los chicos, Estela Cristina Machado, que permaneció internada diez días por inhalación de humo, quemaduras y hematomas. Por el hecho enmarcado en una causa de venta de estupefacientes, la Justicia condenó a veinte años de prisión a Leandro Exequiel Uzqueda, por el incendio agravado. Desde su formación, La Boca Resiste y Propone denuncia que los incendios mataron a una veintena de chicos en los últimos seis años. En cada Día Nacional Contra la Violencia Institucional exigen al Estado “Basta de pibes muertos. Por un presente con inclusión, para un futuro digno”. 

Sólo el Grupo de Vivienda y Hábitat de ese colectivo lleva 79 causas por juicios de desalojo, la mayoría viviendas multifamiliares habitadas durante décadas. En abril presentaron ante la Legislatura un proyecto de ley para que se declare la emergencia habitacional en La Boca,  suspendan los desalojos y se den soluciones definitivas. Las condiciones de precariedad habitacional previas al incendio de Pedro de Mendoza “tienen que ver con a imposibilidad de acceder a nuestro derecho constitucional a la vivienda, según el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad”, señala el comunicado de las familias. Remarcan que el Gobierno porteño no cumple con la Ley 2.240 y el artículo 29 de la Ley de Distrito de las Artes, que contemplan entre otros puntos presupuestos generales para viviendas y relevamiento de familias en situación de vulnerabilidad. “No estamos en condiciones de seguir soportando la inacción del Estado y esperamos la inmediata solución. Y hacemos responsable de la salud y el futuro de nuestros niños al Estado de la Ciudad y de todo aquello que aquí pueda suceder.”

Violencias acalladas

La legisladora porteña Andrea Conde, que acompaña el proyecto de Emergencia Habitacional y lo hizo propio para lograr su estado parlamentario, caracteriza el entrecruzamiento de los ataques contra las mujeres y la precariedad de la vida en los barrios populares como las formas acalladas de la inseguridad. “Hay quienes dicen que la violencia de genéro es la inseguridad de la que no se habla. Cuando la dependencia económica obliga a la mujer a vivir bajo el mismo techo con su agresor, ese concepto se vuelve muy tangible. El grave déficit en materia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires impacta doblemente en estas mujeres.” Los dos proyectos de ley que presentó están destinados a que se garantice el acceso a la vivienda de aquellxs que viven en situación de violencias de géneros.

En situaciones críticas como la que terminó con la clausura del edificio de La Boca, Conde observa además el corrimiento de las consecuencias de la violencia contra las mujeres hacia las personas que comparten los espacios edilicios. “Esas violencias se trasladan a las mujeres que murieron y a las que quedan en la calle. Lejos de adoptar políticas públicas para erradicar este flagelo, de pensar alternativas para asistir en materia habitacional en casos de mucha exclusión y opresión en los que es fundamental poder contar con otro techo, el Gobierno de la Ciudad no pierde la oportunidad de poner por delante sus negocios inmobiliarios, desalojando el conventillo sin garantizar el acceso a una vivienda digna a quienes sufren la violencia y a las familias que hoy quedaron en la calle.”

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó otro proyecto que establece “Obligaciones del Estado en orden a la promoción del empleo, vivienda y establecimiento de cupos respecto de las mujeres víctimas de violencia doméstica, explotación sexual o trata”. La directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad del organismo, María Elena Naddeo, subraya que La Boca y Barracas “compiten” con Lugano en un ranking de profundas vulneraciones de derechos, la codicia inmobiliaria y una espiral de violencia que no retrocede.

“Es el distrito con los peores indicadores de pobreza, mortalidad infantil, materna, desocupación y problemáticas de vivienda. En los últimos años el hacinamiento de los conventillos se ha agravado por la voracidad inmobiliaria y una legislación equívoca, que en nombre de crear el Distrito de las Artes ha producido el desalojo de cientos de viviendas humildes. El incendio del 20 de julio puede tener múltiples causales. Una de las hipótesis es la de incendio intencional de colchones con motivo de una discusión intrafamiliar. Un varón violento y machista, que  descarga su agresión contra su mujer y provoca la peor escena: la muerte por asfixia de una familia vecina. Vemos reiterarse diariamente el mapa de conductas perversas, amenazas, hostigamientos, múltiples lesiones, llegando a  horrendos femicidios. El dato objetivo de la realidad es que a pesar de la legislación de vanguardia, a pesar de variados programas y proyectos, la espiral de violencia parece realimentarse y profundizarse.”

Naddeo acentúa que es preciso establecer nuevas relaciones entre la crisis estructural del sistema social y las consecuencias en las prácticas cotidianas que el neoliberalismo trae de la mano: la ampliación de la brecha de la desigualdad, del malestar y las violencias sociales, intrafamiliares, institucionales. “Las políticas públicas para la prevención de las violencias, en este contexto de mayor vulnerabilidad, deben superar la fragmentación, dejar de ser meros paliativos, para convertirse en políticas de Estado revisadas y repensadas con el movimiento de mujeres y con la comunidad en su conjunto.”