El dato es abrumador: el 97,1% de los registros del Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género (SICVG) corresponde a violencia doméstica; con una diferencia abismal, el 1,3 corresponde a violencia laboral y el 1,2 a violencia institucional. Lxs agresorxs, en su mayoría, son varones (95,8%), de los cuales el 87,8% es pareja o ex pareja de la persona en situación de violencia. Los resultados surgen del Primer Informe Estadístico Global del SICVG, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyDN), con datos desde 2013 hasta diciembre de 2022, y remiten al universo a mujeres y LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género que buscaron asistencia en algún organismo estatal, sea nacional, provincial o municipal.
El trabajo, que además incorpora variables y categorías para sistematizar información sobre personas LGBTI+, contabilizó un total de 18.808 LGBTI+ asistidxs, de lxs cuales el 54,4% tiene entre 19 y 29 años, mientras que el 50,3% no finalizó sus estudios secundarios o presenta menor nivel educativo. El sistema funciona a través de una aplicación web y tiene el doble propósito de sistematizar la información con un enfoque estadístico y ser elemento de consulta, articulación y seguimiento. Permitirá “conocer en profundidad las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo” en que se encuentra una persona en situación de violencias.
“De esta manera, es posible establecer los contextos en los cuales es más probable que las violencias se incrementen y pongan en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas”, explican en la introducción del documento. “El Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género nos brinda información de todo el país, nos muestra cómo impactan las políticas, las respuestas del Estado, y nos permite mejorar aquello que tengamos que mejorar”, sostiene la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, que describió el informe como “una herramienta federal e interseccional”.
