Acontecimientos recientes han producido estupor en los damnificados y agrios intercambios verbales desde ambos lados de la grieta política. La Cámara de Diputados trató, entre otros proyectos, la creación de algunas universidades públicas en el interior del país y la moratoria previsional, que finalmente fue aprobada, para obtener la jubilación en aquellos casos en los cuales no se tuviera el número indispensable de aportes mensuales.
La primera propuesta busca estimular el acceso a la educación superior gratuita de jóvenes de clase media baja y especialmente de estamentos empobrecidos de la sociedad facilitando la concurrencia de los estudiantes a instituciones cercanas a sus domicilios. La segunda ayudará a más de 800 mil personas, con historias de aportes irregulares, a jubilarse con modestia y dignidad.
Sin embargo, en la etapa inicial del debate, diputados de la oposición asociados a Juntos por el Cambio impidieron el tratamiento de los mencionados proyectos de ley. En una etapa posterior, declararon que no permitirían la sanción de ninguna ley para este año porque el Gobierno alienta el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. A pesar de su voto negativo, la moratoria fue aprobada.
Las características y las consecuencias de la decisión colectiva de la oposición se pueden encuadrar desde la noción de sociopatía, porque ella contribuye a explicar escenarios adversos al funcionamiento de la democracia, no solo en Argentina sino también en la extensión geográfica del continente americano.
Contra la democracia
Estos patéticos ejemplos desnudan un conjunto de conductas que van a contrapelo de un sistema político basado en la democracia representativa, republicana y federal (artículo 1 de la Constitución Nacional).
La oposición demostró desprecio y perjuicio deliberado hacia los beneficiarios de ambos proyectos de ley, revelando la inadaptación de los diputados a las múltiples demandas de la vida real y cotidiana, en un mundo cada vez más complejo y desigual. También realizó una defensa de intereses claramente sesgados contra la educación pública y los derechos de seguridad social de todos aquellos que, durante décadas, fueron perjudicados por prácticas laborales precarizantes alimentadas por las mismas asociaciones empresariales.
La actitud negativa de esos diputados traduce y defiende los objetivos de grupos de poder, que se oponen de manera agresiva a la justicia y a la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el Estado de bienestar, así como las conquistas laborales exitosas del siglo XX, que el país debe al civismo de legisladores del peronismo, socialismo y radicalismo.
Capitalismo sociópata
¿De qué se habla al utilizar la palabra “sociópata”? Una descripción intuitiva se encuentra en el admirable diccionario de María Moliner, dedicado al uso del español: “persona que padece un trastorno de la personalidad que se manifiesta con problemas de inadaptación y actitudes antisociales”.
El sociólogo Charles Derber se ha ocupado recientemente (Sociopathic Society) de ampliar el concepto, más allá de cada persona y dentro de un contexto aplicable a organizaciones, comunidades y países. Derber asocia el desarrollo de la sociopatía con lo que considera la última etapa del capitalismo neoliberal, globalizante, y con innegables rasgos antisociales.
El atributo definitorio de este proceso involutivo es que los individuos y organizaciones buscan el beneficio monetario por sobre todas las cosas y mediante cualquier camino a su alcance. Si el cumplimiento de semejante objetivo generara costos limitantes, sea por perjuicios al medio ambiente, a los países vecinos o a la salud de la población, entonces se transfieren los costos a los afectados.
En este cuadro, la competencia y el libre mercado son ficciones convenientes para ocultar los verdaderos propósitos, evitando críticas a la codicia de productores e intermediarios. Se fomenta el consumo banal, enajenante, adictivo y hasta perjudicial para la salud, puesto que no interesan las consecuencias sociales de las lucrativas decisiones.
Asimismo, esta lógica de comportamiento indica que es necesario debilitar, hasta que dejen de ser operativos, los asentamientos económicos y políticos locales (comunas, municipios, provincias) porque ellos estimulan la participación y solidaridad social de las pequeñas comunidades. El mundo es global y la actividad debería concentrarse en los emprendimientos oligopólicos.
Como confesara quien fuera presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, ante el Congreso de los Estados Unidos, la garantía de una economía global saludable consiste en el crecimiento persistente de la inseguridad laboral en el planeta. Dicho de otro modo: trabajadores más precarios implican mejores negocios.
El Estado
El Estado sería el gran cliente y protector de las empresas multinacionales y por ello se lo debe cooptar, influir en la redacción y sanción de leyes, obtener subsidios, menores impuestos, más patentes y monopolios, comprar políticos y jueces, colonizar el sistema educativo para que los hijos de las élites del poder tengan las mejores remuneraciones y reconocimiento social, prestando el menor apoyo posible a la educación pública, desatendiendo su infraestructura física, los incentivos a maestros y profesores, el acceso a la calidad educativa de los alumnos.
De modo que el objetivo de fondo es terminar con el Estado de Bienestar, desfinanciando y privatizando la seguridad social y la medicina pública. Por ejemplo, permitiendo que los laboratorios de productos medicinales sean lecciones exitosas de enriquecimiento subsidiado.
Así lo ha demostrado Peter Gotzche en su devastador análisis de la industria farmacéutica (Medicinas Mortales y Crimen Organizado) que pone en blanco y negro el deliberado incumplimiento de los estándares de testeo de medicamentos, los sobreprecios depredatorios, la inagotable red de coimas, regalos y turismo subsidiado para asegurar la fidelidad de algunos médicos para que prescriban sus especialidades, la cadena de muertes evitables que ocurren año tras año por ingesta de productos inadecuados y la connivencia con agencias reguladoras y Ministerios de Salud.
Si los ejecutivos y accionistas principales de las empresas son castigados con multas o condenas judiciales, no hay problema alguno porque los costos asociados se trasladarían a los precios finales de los productos y servicios.
La misma situación de la industria farmacéutica aplica para los complejos agro-industrial, militar-industrial, bancos e inversores institucionales, complejos alimenticios, minería y petróleo, turismo y hotelería, medios de prensa hegemónicos, entre otros conglomerados.
La enumeración no es exhaustiva pero clarifica los rasgos principales del capitalismo sociopático, que enarbola la santificada fórmula del “99 por ciento para el 1 por ciento, y lo que queda, para el resto”.
La precariedad
Lo que no percibe la oposición es que la mitad del país vive en la precariedad social. La inseguridad laboral destruye familias y proyectos personales y el empleo informal o temporario niega los aportes tanto previsionales como los dirigidos a las obras sociales, aguinaldo y vacaciones. De acuerdo al Indec, hay 5,3 millones de trabajadores informales en la Argentina.
Esta multitud de precarios es decisiva electoralmente y sólo sobrevive pacíficamente gracias al tejido de contención asistencial que administra el Gobierno junto a los movimientos sociales, los intendentes y gobernadores, los gremios, los curas villeros, las cooperativas y ciertas organizaciones no gubernamentales.
La coalición opositora tampoco no ganará demasiados votos provenientes de las asociaciones cooperativas, sindicatos, en particular los de salud, educación, trabajadores del Estado y de sus empresas públicas a nivel federal o provincial, bancos nacionales y provinciales, camioneros y transportistas.
Finalmente, no les serán favorables los empresarios pymes, devastados en la gestión Macri, y les irá peor todavía con muchos jubilados y pensionados, así como también en una abrumadora proporción de beneficiarios por planes sociales.
* Doctor en Administración. Escritor y analista político.
