Hace exactamente medio año, Fernando Sabag Montiel gatilló su arma a pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa. La Bersa no se activó y la bala no salió. Desde entonces muchas veces se dijo que pudo haber sido una tragedia, pero para la vicepresidenta ese evento --de la noche del 1 de septiembre de 2022– lo fue. Así se lo dijo al comité de expertas que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mecsevi) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la visitó en su despacho del Senado. En un extenso informe que les presentó a las especialistas denunció que hace dos décadas es víctima de violencia política –que mutó de acoso mediático a un intento de magnicidio–. “La vida de Fernández de Kirchner corrió serios riesgos y, por decisión del Poder Judicial, los sigue corriendo. Por extensión, la democracia argentina se encuentra en vilo”, dice la presentación en la que la principal dirigente política del país pidió la intervención de organismos internacionales porque entiende que en Argentina ella ya no tiene derechos políticos ni civiles.

CFK estuvo reunida durante casi dos horas con las integrantes del Mecsevi en su oficina. Las mujeres habían llegado a media tarde acompañadas por la representante especial para la Política Feminista de la Cancillería, Marita Perceval, y no hicieron comentarios sobre el encuentro. Informalmente todas las partes lo calificaron como muy positivo. Entrada la noche, fue la vicepresidenta quien compartió en sus redes sociales un video sobre la reunión en la que habló de una seguidilla de violencias que derivó en el intento de magnicidio en su contra. “Es difícil hablar de estas cosas y hacerlo en primera persona – dijo CFK–, pero, bueno, las cosas sucedieron y no se pueden ocultar”.

En el informe de 96 páginas que les entregó a las expertas, CFK relató que sufrió hostigamiento por su condición de mujer política por lo menos en las últimas dos décadas –en los próximos dos meses se cumplirán 20 años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Presidencia de la Nación–. De ser la política más acosada mediáticamente, CFK denunció que se convirtió en alguien a quien querían suprimirle su estatus de persona. En otras palabras, matarla.

Ese acoso tuvo su correlato en los tribunales. Entre 2016 y 2019, la procesaron en trece causas. En la mayoría de ellas intervinieron los mismos jueces: Claudio Bonadio, Julián Ercolini, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Dos de ellos, Borinsky y Hornos, deberán en los próximos meses revisar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que dictó en su contra el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en diciembre. Ante la representación de expertas independientes, CFK dejó en claro que esos magistrados son parte del entramado que hace tiempo denuncia y que tiene en su cima a la Corte Suprema. “Las denuncias en sede nacional ya no alcanzan, porque la degradación institucional de estos sectores mafiosos de poder es muy profunda y generalizada”, dice el escrito de CFK en el que se pide la intervención de los organismos internacionales.

La no investigación del atentado

Para CFK, el Poder Judicial hace un juego de pinzas: por un lado, multiplica las causas en su contra sin dejarla ejercer sus derechos como es debido y, por otro, cuando ella es víctima y querellante no investiga a quienes la atacan.

La impunidad fue el patrón en todas las causas de violencia contra ella, remarcó. Desde el ataque en abril de 2017 a la casa de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, mientras estaba CFK con su nieta de un año y medio entonces hasta todos los hechos que se sucedieron durante 2022 antes del intento de homicidio de Sabag Montiel –la destrucción de una estatua suya en el Paseo de los Presidentes de Río Gallegos, la pedrada a su despacho en el Senado, los afiches que la acusaban de “asesina” de 35.000 personas hasta las amenazas en el Instituto Patria–.

Para CFK, todo eso sucedió por dos motivos: la pasividad cómplice de las fuerzas de seguridad –entre las que incluyó no solo a la Policía de la Ciudad sino también a las federales– y la inacción del Poder Judicial.

En particular, la vicepresidenta cargó contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo junto con el fiscal Carlos Rívolo de la investigación del intento de homicidio. “Las investigaciones se encuentran paralizadas por decisión arbitraria de dicha magistrada, quien procura asegurar la impunidad de los gravísimos ataques perpetrados contra la vida y la integridad física de Fernández de Kirchner. Esto no es menor, ya que la magistrada posee contratos laborales ficticios que la conectan directamente con la Policía de la Ciudad, una de las fuerzas de seguridad que, a través de su actitud pasiva, permitió los reiterados ataques a Fernández de Kirchner”, dice el informe que se llevó el Mecsevi.

“No solo está demostrado que el atentado fue realizado con la asistencia en la planificación de un grupo político violento y fascista financiado por el empresario más cercano a (Mauricio) Macri y no solo está demostrado que un Diputado Nacional de esa fuerza política sabía que se realizaría el atentado y había participado desde el Congreso de la Nación para asegurar que el mismo tuviese éxito, sino que también se encuentra demostrado que la jueza a cargo de la investigación recibía dinero de ese mismo espacio político a través de contratos laborales falsos y ficticios, lo que claramente explica la paralización de la causa”, dice el escrito de CFK.

CFK sin derechos civiles ni políticos

En su última presentación, CFK –a través de sus abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal– pidió que se mirara el ataque contra CFK desde la perspectiva de la violencia política, una figura que está en el ordenamiento jurídico argentino desde 2019. Desde entonces, poco movimiento hubo en la causa: el fiscal Rívolo avanzó con algunas medidas para desentrañar si la Policía de la Ciudad liberó la zona antes del ataque de Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

“La privación de derechos es total: Cristina Fernández de Kirchner, dos veces Presidenta y actual Vicepresidenta de la Nación, no posee derechos civiles o políticos en su país y su condición de mujer no hace más que profundizar los ataques que recibe, lo que implica una situación de violencia generalizada para el género femenino”, concluye.

El Mecsevi deberá analizar la información que recogió en su visita a la Argentina, que no solo incluyó la reunión con la vicepresidenta sino también un encuentro con la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa, otro encuentro con el comité por la libertad de Milagro Sala y una entrevista con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina. Las conclusiones se podrían conocer en las próximas semanas. En septiembre del año pasado, a menos de dos semanas de que Sabag Montiel quisiera matar a CFK, ese comité ya había denunciado un episodio de violencia política y exigido su sanción.