A siete años del asesinato de la líder indígena y defensora del medioambiente, Berta Cáceres, los familiares y la principal organización indígena lenca de Honduras exigen justicia y captura para los autores intelectuales del crimen. Cáceres fue recordada en un acto en la ciudad de La Esperanza con un altar y ofrendas en honor a su lucha por el pueblo lenca.
La familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que presidía la líder lenca, mantienen el reclamo de justicia “para que todas las personas involucradas en su crimen sean enjuiciadas y castigadas”, indicaron en un comunicado.
Hasta el momento sólo uno de los autores intelectuales fue condenado: el año pasado David Castillo fue sentenciado a 22 años de cárcel.
Justicia por Berta Cáceres
“A siete añosnuestras demandas siguen intactas. Eso habla de que seguimos en lucha contra un sistema de impunidad”, expresó la coordinadora del COPINH, Berta Zúñiga Cáceres, hija de la líder lenca.
En un comunicado, la organización indígena conmemoró “un año más de la siembra de Berta Cáceres como semilla de libertad para el pueblo lenca y hondureño".
“Un año más en el que exigimos que los delincuentes Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah, junto a Daniel Atala Midence, autores intelectuales de este crimen, sean llevados a la justicia a pagar por sus crímenes”, continúa el comunicado.
Además, denunciaron que los autores intelectuales del crimen de Cáceres están libres y “siguen haciendo negocios a costa del pueblo hondureño, es un mensaje que promueve el asesinato de otras personas defensoras de los derechos humanos y el ambiente".”
“La búsqueda de justicia para Cáceres implica el desmantelamiento del injusto sistema extractivista de los recursos de las comunidades indígenas y campesinas basadas en un modelo de desarrollo que se comprueba inútil para resolver los problemas de Honduras", señala el comunicado.
Laura Zúñiga Cáceres, hija de la líder indígena, dijo que “aunque nos quieran vender el cuento de la reconciliación, vamos a seguir recordando que hay un sistema extractivo que ha propiciado el asesinato de la compañera #BertaCáceres".
Crimen organizado sigue intacto
La organización lenca y la familia de Berta Cáceres le hicieron un llamado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que desmonte “la impunidad de las mafias criminales que mantienen capturada a Honduras”.
"Este sistema de muerte que arrebató a Berta Cáceres de los brazos de sus hijas, hijo, madre y compañeros de lucha, se sostiene por los intereses de inescrupulosos grupos empresariales y bancarios que han desangrado y siguen desangrando al pueblo hondureño por décadas y en especial en el Gobierno de narcodictadura del Partido Nacional", añadió.
En esta línea, Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de Estado del gobierno de Castro, aseguró que "sigue siendo un reto formidable desmontar el crimen organizado (...) de un modelo profundamente desigual que reproduce desigualdad y violencia. Ese modelo sigue completamente intacto…”.
El COPINH denunció los abusos a las comunidades indígenas y reiteró la denuncia contra la impunidad y el pedido de cancelación de la concesión del río Gualcarque
“Aún cuando se comprobaron las irregularidades y corrupción de la concesión sobre el río Gualcarque, y se comprobó la vinculación de la familia Atala Zablah… todavía esta misma familia mantiene los derechos de la concesión y los permisos por 50 años para explotar el río Gualcarque”.
El crimen contra el pueblo Lenca
Un dos de marzo de 2016 cerca de la madrugada, la líder del pueblo lenca Berta Cáceres, fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Cáceres llevaba años de lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
Este proyecto fue parte de una lista de concesiones mineras e hidroeléctricas otorgadas después del golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009. Ninguna de la concesiones contó con una consulta libre, previa e informada según lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la consulta para los pueblos indígenas.
La defensa del territorio liderada por Cáceres fue criminalizada por los sucesivos gobiernos del partido Nacional. Con el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) Cáceres fue perseguida y acusada de causar pérdidas a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
Y con el entonces presidente Juan Orlando Hernández (quien actualmente enfrenta juicio en Estados Unidos por introducir 500 toneladas de cocaína al país norteamericano), no se tomaron los recaudos para proteger a la líder lenca, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En junio de 2022, el director ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, un exmilitar hondureño egresado de la academia militar West Point en Estados Unidos y coautor del asesinato de Cáceres fue sentenciado a 22 años de prisión por su participación en el crimen.
En noviembre de 2018, cuatro acusados fueron condenados a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 años por el intento de
asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo y quien era
huésped de la líder indígena el día del crimen.
