Costa Rica declaró el estado de emergencia en el norte del país por la contaminación del agua potable con mercurio, producto de la minería ilegal. La situación ya había sido denunciada por los vecinos y alcaldes de las localidades afectadas. La contaminación por mercurio fue detectada inicialmente en noviembre de 2022 cuando encontraron “mercurio por encima de niveles aceptables”.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó la declaratoria de emergencia y autorizó el uso de recursos del fondo de emergencia para “arreglarle a esta gente la situación”.
El mandatario centroamericano fue uno de los principales opositores de la firma del Acuerdo de Escazú, el primer tratado latinoamericano sobre medioambiente que el mes pasado fue archivado por el congreso costarricense. El acuerdo garantiza la protección para los defensores de la naturaleza, así como el acceso a la información en materia ambiental y la participación ciudadana en las decisiones que afectan al medioambiente.
Los lugares afectados por la declaración de emergencia son Crucitas, ElRoble, Chamorro, Chorreras, Llano Verde y El Jocote, todas pequeñas localidades en la zona norte interior de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua.
En noviembre pasado ya había sido detectado “un incremento en el nivel de contaminación de los sistemas de agua potable y en las fuentes de dicho líquido como consecuencia de la presencia de mercurio por encima de niveles aceptables", según indica el decreto de emergencia.
"Vamos a entrarle duro a ese tema, hay drones en camino. Obviamente la estrategia no nos ha dado resultado por años. Hay reportes de acción ilegal increíbles que vamos a tener que atacar y por la delicadeza de esto no vamos a entrar en detalles", explicó el presidente.
La zona de Crucitas, al norte de Costa Rica, es donde tiene lugar la mayor extracción ilegal de oro en el país. La minera canadiense Infinito Gold buscó desarrollar un proyecto para extraer oro pero el mismo fue bloqueado por la justicia ante el impacto legal que tendría sobre las comunidades.
Sin embargo, el gobierno denuncia la presencia de minería ilegal cerca de los yacimientos donde extraen metales y los procesan con mercurio o cianuro. La exposición a estos productos altamente tóxicos tienen graves consecuencias para salud.
