Cuando se analiza el panorama del sistema previsional y del empleo se oculta lo relevante: el mundo empresarial es el principal responsable de la fragilidad del régimen jubilatorio por el elevado grado de informalidad laboral. La contratación ilegal no es una elección del trabajador, sino una decisión del empresario.

En una instancia posterior aparece la responsabilidad del Estado por la debilidad en la fiscalización en las formas de contrataciones en el mercado laboral.

Los trabajadores informales tienen empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas de trabajo, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema judicial y al régimen de protección social, incluyendo el previsional y de salud en el trabajo (ART) y en general (obra social gremial o prepaga).

El empresario que contrata informales no realiza aportes previsionales y, por lo tanto, el trabajador no puede contabilizar años de aportes en el sistema para alcanzar los 30 necesarios para acceder a una jubilación.

Ante esta situación de vulnerabilidad, en forma esquemática existen dos senderos a transitar por las políticas públicas. Uno, desentenderse del drama sociolaboral y arrojar esas personas a la marginalidad económica. Otro, asumir el problema y diseñar esquemas de integración al sistema de protección social, por ejemplo con una moratoria previsional.

Informalidad y desocupación

El cuadro es más complejo porque en una economía con varias crisis económicas, algunas de ellas devastadoras y prolongadas, son varios los años con tasas de desocupación elevadas, que implican nulos aportes previsionales de los trabajadores. Aparece nuevamente el debate acerca de qué hacer ante esta circunstancia: penalizar a la persona que quedó sin trabajo formal y en esos años no tuvo los correspondientes aportes, o reparar esta adversidad laboral mediante una política pública inclusiva.

La posición expuesta en el reciente debate sobre la Ley de "Plan de pagos de deuda previsional", conocida como moratoria, aprobada por Diputados, de referentes políticos de la oposición y de varios economistas fundamentalistas de la ortodoxia fiscal ignora deliberadamente cuáles son las responsabilidades en el mundo laboral.

No sólo desvían el centro de la discusión exclusivamente hacia el Estado y las cuentas públicas, sino que muestran un nivel de insensibilidad social con impunidad asombrosa.

Además de cargar la culpa en el trabajador por no acceder a la jubilación, ofrecen como solución una prestación equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. La propuesta es construir un sistema con jubilaciones de primera y de segunda, que es lo mismo que diseñó el gobierno de Macri con la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La contradicción discursiva es impactante: existe consenso de que la jubilación mínima es baja y la oposición política de la alianza macrista-radical afirma que la moratoria no es necesaria porque existe la PUAM, cuyo monto es equivalente al 80 por ciento de la mínima.

El incentivo es estar registrado; no esperar una moratoria

La moratoria previsional aprobada otorga a trabajadores varones y mujeres la posibilidad de regularizar los aportes desde 2008. Quienes están en edad jubilatoria podrán jubilarse y descontar el pago de su haber en hasta 120 cuotas, mientras quienes todavía no alcanzaron esa edad tendrán la posibilidad de ir cancelando la deuda por los aportes no registrados, de forma anticipada.

Algunos de los voceros de la oposición afirmaron con la soberbia de la ignorancia que una moratoria previsional es "un incentivo a no aportar" por parte de los trabajadores. Una de dos: quienes lo dicen nunca trabajaron –formal o informalmente- en una empresa, o mienten en forma descarada.

El incentivo del trabajador se encuentra en estar registrado y, por lo tanto, sumar aportes previsionales. Además, no toma la decisión de aportar o no; esto es atributo de la empresa que lo contrata.

El mínimo conocimiento del mundo del trabajo brinda información acerca de que el incentivo se encuentra en la formalidad porque, además del aporte previsional, se tiene derechos laborales como vacaciones, días por enfermedad, aguinaldo, indemnizaciones.

Además, el salario de bolsillo descontados los aportes previsionales y la obra social o prepaga es mayor entre el 20 y el 30 por ciento al ingreso de los trabajadores no registrados, según diversas investigaciones sobre el mercado laboral.

El sistema jubilatorio no debería reproducir la desigualdad del mercado laboral, como postulan referentes económicos de la oposición y voceros mediáticos de la derecha, sino que debe ofrecer ingresos que permitan buenas condiciones de vida para los adultos mayores.

Doble castigo a trabajadores

El mundo empresario cuando contrata trabajadores informales no sólo no realiza los aportes previsionales, debilitando el sistema jubilatorio, sino que elude el pago de impuestos y afecta de este modo las cuentas públicas que financian parte del régimen de retiro.

Negar el derecho a la jubilación a los trabajadores que no completaron los 30 años de aportes es un doble castigo: primero, porque en su vida activa no tuvieron derechos laborales, y después en su etapa pasiva por no poder contar con un ingreso previsional.

El universo de los informales anotó el primer gran un salto en los años de la dictadura militar que comenzó con una tasa cercana al 15,0 por ciento, para terminar cerca del 20,0. Después el otro incremento considerable se registró en la década del '90, al alcanzar el 35 por ciento en el 2001, y después del estallido de la convertibilidad subió al record de 44,5 por ciento en 2004. Desde entonces retrocedió hasta un mínimo de 30,2 por ciento en 2015, para luego iniciar una persistente alza con algunos períodos de retroceso pero sin alcanzar ese umbral.

El último registro del Indec fue 37,4 por ciento correspondiente al 2022.

¿Qué significan estas cifras de informalidad de los últimos 30 años y que proyectan continuar por muchos más?

A nivel coyuntural, que permanecerá la emergencia previsional y que se necesitarán otras moratorias para atender a millones de trabajadores.

En términos estructurales, que se requiere un debate consistente acerca de cómo diseñar un sistema jubilatorio inclusivo, con mejora en los haberes y solvencia en su financiamiento con recursos públicos.

¿Quién tiene que pagar la reforma previsional inclusiva?

El discurso dominante al momento de analizar el régimen jubilatorio en sociedades con aumento en las edades de expectativa de vida de la población, de expertos nacionales e internacional y de organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial), apunta a cuantificar el costo fiscal de mantener una régimen contributivo de reparto, que viene acompañado con la propuesta de elevar la edad jubilatoria y la privatización parcial del sistema.

El poder adquisitivo de gran parte de los haberes es bajo y requeriría una actualización extraordinaria para recuperar el fuerte recorte padecido durante los años del gobierno de Macri, y el retroceso en estos últimos tres años con excepción de la jubilación mínima que fue compensada con bonos para no quedar rezagada respecto a la evolución de la tasa de inflación.

Esto significa que con o sin moratoria el sistema necesita más recursos fiscales. Para ello el debate tiene que definir la fuente de financiamiento: puede ser con desvío de gastos de otras partidas, opción compleja porque la mayoría está bastante apretada con poco margen de reducción, o con ingresos tributarios adicionales (Ganancias, Bienes Personales).

Esto último resulta todavía más complicado porque se ha instalado en el debate público que en Argentina existe una carga tributaria asfixiante, cuando cualquier comparación internacional muestra que no es así, al ubicarse el país en un lugar intermedio en un ranking mundial en esta materia.

El monto real de las jubilaciones no se recuperó

El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA) difundió un detallado informe sobre el sistema previsional, elaborado por Nuria Mendizábal. Respecto a los aumentos recibidos por los jubilados en estos años, destaca que las subas otorgadas vía movilidad no lograron recomponer el poder adquisitivo de forma significativa.

Por ese motivo, indica que el gobierno nacional apeló a una política focalizada sobre la población más vulnerable, al otorgar bonos extraordinarios. Esto permitió que el haber mínimo superara los valores de diciembre de 2019 en casi todos los meses donde hubo estos refuerzos de ingresos.

Mendizábal explica que en diciembre de 2022 el haber mínimo real cayó 9,7 por ciento en relación a igual mes de 2019, pero con el bono lo superó en 8,3 por ciento. Para agregar que si bien esta política permitió sostener y mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados en situación de mayor vulnerabilidad económica, se trata de una "recomposición efímera dado que este monto extra no se incorpora a la base de cálculo de la fórmula de movilidad jubilatoria, de allí su carácter extraordinario”.

Precisa además que el poder de compra de la jubilación mínima actual se encuentra por debajo de la de diciembre de 2015: sin bono, -24,0 por ciento y con bono, -8,8 por ciento. El resto de las jubilaciones tiene una caída de 15,3 por ciento.

Concluye que "esto debería ser revisado por el gobierno en pos de cumplir con sus promesas de campaña, en donde se auguraba la mejora de los ingresos reales de jubilados y pensionados".