El Ministerio de Economía contestó una demanda judicial que busca impugnar la fusión entre Cablevisión y Telecom, aprobada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. De esa forma, rechazó los argumentos que involucran a la cartera como veedora del proceso, que aseguran se habría concretado con información "falsa e incompleta" y desestimó por segunda vez la posibilidad de revisar la fusión que dio origen a uno de los mayores conglomerados mediáticos de la región. Según una resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) del año pasado, hubo conflicto de interés y violación a la ley de Ética Pública por parte de los funcionarios que aprobaron la operación.

El expediente, que tramita el Juzgado Civil y Comercial N°10, a cargo de Gonzalo Auguste, es impulsado por la abogada Liliana Zabala, especialista en asuntos de propiedad participada y representante de trabajadores telefónicos. La denuncia alega que dos de los cinco miembros que integraban la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) al momento de la fusión debieron excusarse por su relación profesional con las empresas intervinientes, en el marco de un claro conflicto de intereses. El titular del organismo, Esteban Greco, había formado parte hasta febrero de 2016 de la consultora GPR Economía, que tenía entre sus clientes a Cablevisión y a Telecom, para ponerse al frente de la CNDC. De acuerdo con la ley de ética pública, el plazo mínimo para actuar es de cinco años. La otra apuntada es Roberta Marina Bidart, quien habría trabajado en la misma consultora hasta 2020, según Zabala.

Fue este el motivo que dio lugar a una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) conducida entonces por Laura Alonso. Luego de un "llamado de atención" por parte de la funcionaria macrista a Greco, el caso llegó a la gestión actual del organismo de control. Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción hasta diciembre de 2022, consideró que tanto Greco como Bidart no debieron participar de la aprobación de la fusión, y elevó la resolución a la Justicia penal por “la posible comisión de delitos de acción pública”. Además, aseguró que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, se le habría negado información clave para la investigación.

La ley de Defensa de la Competencia establece que es posible impugnar la fusión si han habido maniobras de omisión u ocultamiento. Es por esta razón que Zabala involucró en su presentación judicial a la cartera de Producción. En septiembre de 2021 el representante legal del ministerio, Juan Ignacio Rodríguez Jalón, negó 89 puntos de la demanda. La misma respuesta tuvo este viernes, cuando el abogado volvió a rechazar los argumentos.

Zabala impulsa el pedido de nulidad desde agosto de 2018 con base en tres argumentos. Además del conflicto de intereses mencionado, asegura que Telecom no habría cumplido con los requisitos establecidos en el pliego de licitación durante la compra de Entel en los noventa, ya que adeuda el pago de la participación de ganancias a sus trabajadores. Además, se sostiene que la sociedad Universo Net, creada para descomprimir la conentración de mercado que poseían las empresas cuestionadas, estaba formada por accionistas que a la vez eran socios de Cablevisión y conformaban el directorio de Telecom.

A pesar de la reciente negativa de Economía, el proceso aun está abierto, avalado por las dos resoluciones emitidas por la OA. "La investigación de la OA habilita para que la Justicia declare la nulidad absoluta", había dicho Zabala al conocerse el dictamen de Crous.