Producción: Natalí Risso

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Evitar el abismo

Por Nicolas Bertholet (*)

El Programa de Facilidades Extendidas acordado con el FMI en marzo de 2022 marcó el fin de la etapa de reestructuración de la deuda iniciada por este gobierno y abrió nuevos desafíos para la economía. Para entender un poco de qué se trata, el programa estableció metas trimestrales para ser evaluadas a final de cada periodo por el staff técnico del FMI como paso previo a que autoricen desembolsos destinados a saldar el pago de los vencimientos del acuerdo Stand-By que se firmó en el gobierno de Macri. Por lo tanto, durante un período de 30 meses el país recibirá (en caso de cumplir con las revisiones trimestrales) un total de 45 mil millones dólares.

A pesar de las turbulencias políticas y los cambios de equipo económico, el gobierno se las arregló para cerrar 2022 sobre-cumpliendo con todas las revisiones, tanto trimestrales como anuales, del acuerdo.

Para verlo un poco en números, la meta fiscal anual establecía un déficit primario de 2,5 por ciento del PBI, pero el año pasado se acumuló un déficit primario de 1.955.140,8 millones de pesos, que representó un 2,4 por ciento del PBI. La meta anual de acumulación de reservas establecía una acumulación de 5.000 millones de dólares y la alcanzada, con respecto a diciembre 2021, ascendió a 5.938 de dólares millones.

Este éxito en el cumplimiento del plan fue posible en buena medida gracias a que se destrabó el financiamiento por parte de organismos multilaterales como el BID y la implementación de medidas de corte excepcional como los regímenes de Dólar Soja I y II que incentivaron, vía un tipo de cambio diferencial, la liquidación de divisas por parte del agro.

Este año el panorama luce ya más complicado tanto por políticas implementadas por el gobierno como por factores imposibles de prever de antemano como la sequía. No ayudó en este sentido la política de recompra de bonos de mas de 1.000 millones de dólares anunciada en enero con el objetivo de sostener las paridades y de estabilizar el CCL, que implica una presión adicional sobre las escasas reservas netas.

Una buena noticia para el gobierno es que los últimos días trascendió que se hará una modificación de la meta de reservas que estaba acordada para 2023 como consecuencia del impacto de la sequía y de la guerra en Ucrania. Especialmente la sequía, que se estima que puede significar una pérdida de divisas por 13 mil millones de dólares. Sin embargo, el programa con el FMI no sufriría modificaciones en cuanto a las metas fiscales y monetarias y sólo se harían cambios en los niveles de reservas que deben acumularse.

Otra parte del nuevo arreglo que se da por descontado es que este 2023 la Argentina ya no tendrá que cumplir metas trimestrales dentro del acuerdo, sino que las metas se determinarán de manera anual. Sin embargo, la meta de déficit fiscal de 1,9 por ciento del PBI y el límite de emisión monetaria de un 0,6 por ciento del PBI se mantienen y lucen difíciles de cumplir por varios motivos.

Una primera razón es que a diferencia del año pasado donde los desembolsos netos fueron positivos, en 2023 el saldo neto entre pagos y desembolsos del FMI favorecerá al organismo en unos 4.100 millones de dólares. El segundo motivo es que un nuevo Dólar Soja difícil que logre revertir totalmente el efecto negativo de una sequía histórica. Además, nuevas medidas extraordinarias para alcanzar la meta de reservas seguramente no sean efectivas en medio de un año eleccionario con la volatilidad adicional que conlleva y con una oposición que amenaza defaultear la deuda en pesos.

El gobierno para salir de esta situación compleja y poder cumplir las metas de este año, va a tener que apuntar a varios frentes a la vez. Primero, va a tener que continuar con la política de ajuste del gasto real que se consolidó desde la asunción de Massa en el área económica. A priori parece difícil lograr eso en un año electoral. Segundo, se necesitan más que nunca políticas que incentiven exportaciones de productos con mayor valor agregado. Para ello es fundamental que no se utilice el ancla cambiaria y se diseñen incentivos cambiarios pro-exportaciones.

El panorama es muy complicado pero el gobierno tiene que poner todos sus esfuerzos para cumplir las metas acordadas y evitar el abismo que en la situación actual implicaría salirse del acuerdo con el Fondo. Será tarea del próximo gobierno darle un rumbo económico más definido al país y llevar adelante un plan de estabilización.

(*) Docente FCE-UBA y becario de investigación IIEP (UBA-CONICET).

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Los costos de acuerdo

Por Diego Kofman (**)

Desde la firma del nuevo acuerdo con el FMI, hasta febrero de 2023, el organismo realizó cuatro desembolsos por un monto equivalente a 23.520 millones de dólares. En el mismo lapso, el gobierno nacional tuvo que usar 18.580 millones de dólares para cancelaciones de la deuda anterior con esa entidad contraída por la gestión de la Alianza Cambiemos. Es decir que, si tomamos los meses de marzo a febrero, el endeudamiento neto con ese organismo es de 4.940 millones de dólares. Además, en este período el gobierno incrementó la deuda “con otros organismos y bilaterales” por un total de 2006 millones de dólares. En paralelo, el gobierno canceló deuda con otros acreedores por 741 millones de dólares.

Entre marzo de 2022 y enero de 2023, Argentina importó bienes por un valor CIF de 75.638 millones de dólares, mientras que los pagos realizados por importaciones de bienes del período -incluyendo los bienes (FOB) más el flete y el seguro- fueron de 67.631 millones de dólares. Es decir que, desde marzo a enero se postergaron pagos de importaciones por 8.007 millones de dólares, lo que contribuye a sostener las reservas ahora, pero incrementa paralelamente el endeudamiento comercial de nuestro país.

Por otro lado -en el mismo período- las exportaciones de bienes totalizaron 81.063 millones de dólares, mientras que los cobros por exportaciones totalizaron U$S 83.395 millones. Es decir que, entre marzo y enero se cobraron anticipadamente exportaciones en forma neta por 2.332 millones de dólares. Esto se explica principalmente por la instrumentación del denominado “dólar soja” de septiembre y de diciembre.

Entre estas tres fuentes de financiamiento, Argentina logró un “ahorro” neto de 16.543 millones de dólares entre marzo y diciembre. Por otro lado, en el período de vigencia del nuevo acuerdo, el intercambio comercial de bienes arrojó un superávit acumulado de 5425 millones de dólares. De modo que el ingreso neto de divisas por el intercambio comercial y por los tres mecanismos detallados totalizó casi 22.000 millones de dólares.

Al final de febrero las reservas fueron de casi 39.000 millones de dólares, lo que representa un incremento de sólo 2000 millones de dólares respecto del valor de finales de febrero de 2022, previo al acuerdo. Es decir que, por otros mecanismos, se perdieron casi todos los dólares (20.000 millones de dólares) provenientes del intercambio comercial de bienes, del endeudamiento comercial y del endeudamiento externo público.

Eso muestra la gravedad del problema del frente externo de nuestra economía, problema con el que dejara al país la experiencia neoliberal del gobierno encabezado por Mauricio Macri, pero que hasta el momento el gobierno del Frente de Todos no ha podido resolver y que condiciona el desempeño de nuestra economía en el marco del nuevo acuerdo con el FMI: pagos derivados del sobre-endeudamiento externo público y privado y excedentes que se transforman en activos externos.

Luego de haber logrado reducir el ritmo devaluatorio al 20 por ciento anual y a pesar del incremento de los precios internacionales de nuestras exportaciones, el gobierno volvió a la política de crawling peg para llegar a finales de febrero de 2023 con una tasa de devaluación interanual del 82,3 por ciento.

El mayor ritmo devaluatorio se traduce en presión inflacionaria por varias vías: incremento del precio interno de los bienes exportables, incremento del costo productivo por insumos importados, incrementos del precios del sector energético por los vestigios de dolarización propios del sector y por sus importaciones, las grandes empresas trasnacionalizadas aceleran sus precios domésticos para sostener y recomponer la rentabilidad en dólares, se incrementa el costo financiero de las empresas endeudadas en dólares, se incrementa el costo de repago de la deuda comercial que se viene acumulando por el atraso de pagos en la importación de bienes.

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, marcó un nuevo despegue en los precios internacionales de las commodities, algo no previsto en el acuerdo con el fondo. La aceleración acordada del ritmo devaluatorio amplificó el impacto inflacionario de la guerra sobre nuestra economía. En vez de mecanismos de desacople, la nueva política cambiaria amplificó el impacto interno de la suba de precios internacionales.

A un año del acuerdo tenemos una moneda más débil, un mayor ritmo inflacionario y es nula la acumulación de reservas internacionales. Con el diario de un año después quizá podamos entender mejor la posición de quienes, aun siendo parte del oficialismo, se negaron a votar el acuerdo logrado por el ex-ministro Guzmán.

(**) Economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).