La causa por el crimen de Katherine Moscoso, la joven de 19 años que fue hallada semienterrada en mayo del 2015 en médanos del balneario bonaerense de Monte Hermoso, fue archivada por un fiscal que consideró que la repercusión mediática del caso generó un "exceso" de dudosa información que complicó la investigación y determinó que "a casi ocho años" del hecho "ya no se avizoran medidas que puedan adoptarse con miras a dilucidarlo".

La decisión del fiscal Luis Piotti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Tandil, a cargo de la investigación, será apelada por los familiares de la víctima, que reclamarán "el inmediato desarchivo" del expediente judicial y cuestionaron al fiscal por no haber avanzado "en los últimos dos años y medio de investigación".

El crimen de Katherine, cuyo cadáver fue hallado enterrado en un médano, había causado gran conmoción en esa ciudad balnearia, al punto que los vecinos se concentraron para reclamar Justicia horas después del crimen y una turba desenfrenada terminó moliendo a golpes y asesinando a Juan Carlos "Canini" González (70), un vecino al que se creyó autor del crimen sin otras pruebas que la certeza fundada en etiquetas.

El caso fue investigado por dos fiscales distintos de Bahía Blanca pero ambos fueron recusados por los abogados que representan a la familia de la joven, por lo que finalmente la Procuración General Bonaerense decidió designar en 2019 al fiscal de Tandil Piotti, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, para continuar con la investigación. 

En una resolución a la que tuvo acceso Télam, el fiscal Piotti argumentó el archivo de la causa al exceso de información que le llegó, no siempre concreta, debido a la repercusión mediática del hecho.

"El caso tuvo gran repercusión mediática y hasta se estableció recompensa para el que aportara información útil", y "se generó el ambiente propicio para el nacimiento indiscriminado de datos que naturalmente complicaron la investigación, lo que de terminó de potenciarse cuando se introdujo la sospecha de un actuar policial encubridor del delito", señaló el fiscal.

"La agencia judicial de investigación, privada de su policía natural que por esa razón se vio desplazada, tuvo que llevar a cabo una encomiable labor, obligada a agregar y explorar cada dato acercado, más allá de su utilidad o razonable vinculación", agregó el fiscal en el escrito, en el que aclaró que "así como la falta de elementos de pesquisa complica una investigación, lo mismo sucede cuando los haya en exceso".

"Sea por el clamor del momento, las ansias de colaborar o incluso lo que podría ser ciertos intereses protagónicos de naturaleza económica, pudieron generar datos que se creyeron útiles pero que no lo eran, datos que pudieron ser directamente manipulados, o significaciones de sucesos afectadas por ese contexto, pero que cargados de subjetividad, no hicieron otra cosa que incrementar la tarea seleccionadora y posiblemente también conspirar contra la obtención de evidencia", añadió.

"El paso del tiempo, hoy a casi ocho años del hecho, termina de cerrar la suerte, y ya no se avizoran de manera razonable, medidas que puedan adoptarse con miras a dilucidarlo", sostuvo. 

También dijo que "además de cumplimentarse medidas pendientes que en su momento había solicitado el particular damnificado, se llevaron a cabo un gran número de otras, entre ellas alrededor de 50 declaraciones incluyendo careos, nuevas pericias o ampliaciones, allanamientos y otras diligencias de investigación, que si bien en ocasiones despejaron aspectos de relevancia, no llegaron en definitiva a alcanzar el objetivo".

"A criterio de este Ministerio Público Fiscal, ya no se avizora razonablemente la producción de nueva prueba que permita a estas alturas y por el momento, esclarecer la autoría de los hechos aquí investigados", expresó el fiscal en su resolución, que ahora deberá ser analizada por el Fiscal General de Azul.

Tras la resolución que trascendió en las últimas horas pero que se firmó en febrero pasado, el tío de la joven, Ezequiel Moscoso, cuestionó al fiscal Piotti por "tener la causa dos años y medio" y no haber obtenido avances.

"Con nuestro abogado apelamos y pedimos el inmediato desarchivo", expresó el hombre a la prensa local, al indicar que siente "impotencia".

"No entendemos lo que pasó, mi familia viene sufriendo muchísimo. Tenemos en claro que a Katherine no la va a devolver nadie, pero queremos que se sepa la verdad", dijo el hombre, quien agregó que aguarda que el fiscal general de Azul "desarchive el expediente".

"No nos vamos a quedar con los brazos cruzados", agregó Moscoso, al indicar que "en mayo se van a cumplir 8 años y seguimos en la dulce espera".

Por su parte, el abogado de la familia, Leandro Aparicio, señaló que "después de un largo laberinto, de ver quién se hacía cargo de la causa, finalmente la tomó un fiscal de Tandil", y agregó que "después de 2 años de investigación, dispuso el archivo porque dice que no encuentra elementos como para avanzar".

El letrado afirmó que "durante todo este tiempo muchas personas tuvieron miedo de declarar" y agregó que va "a seguir hasta las últimas circunstancias".

Katherine desapareció el 16 de mayo de 2015 y siete días después su cuerpo fue hallado enterrado en un médano de Monte Hermoso.

La autopsia determinó que la joven murió por asfixia por sepultamiento, es decir, que estaba con vida al momento en que la enterraron. A raíz del crimen hubo una pueblada en Monte Hermoso durante la cual fue asesinado Juan Carlos "Canini" González (70), un vecino al que se creyó sospechoso.

Durante la protesta los vecinos atacaron a pedradas y prendieron fuego distintos edificios, entre ellos la comisaría local, la casa del secretario de Seguridad local y la sede municipal.

Además, poco después la Policía detuvo a una amiga de la víctima ante la sospecha de que la había atacado a golpes por celos, aunque luego fue beneficiada con una excarcelación extraordinaria por un magistrado bahiense, debido a que presenta "una discapacidad intelectual de grado leve/moderado".

Mientras tanto, por el crimen del vecino González un Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca condenó a ocho vecinos del balneario a la pena de cinco años de prisión por el delito de "homicidio en agresión" durante un juicio oral y público llevado a cabo el 29 de mayo del 2017.