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“¡Así no! Ni despidos ni intervenciones”, reza el título del documento que la CGT aprobará hoy durante el plenario de secretarios generales que realizará en el microestadio de Ferro. El texto incluye la convocatoria a la movilización del 22 de agosto próximo, rechaza las intervenciones a los sindicatos, se opone a cualquier intento por flexibilizar las actuales condiciones laborales y exigen un incremente de haberes previsionales y de los planes sociales. Si bien en el escrito no hay menciones al presidente Mauricio Macri, la crítica está centrada en su política económica que, sostienen, favorece a la especulación financiera.
El documento fue largamente discutido y, sobre todo, compartido con aquellos sectores que están retornando a la vida cotidiana de la central obrera como el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que lidera el taxista Omar Viviani y la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), cuyo máximo referente es el bancario Sergio Palazzo. Estas dos corrientes, que aglutinan casi un centenar de sindicatos, estarán presentes durante el congreso que se realizará a partir de las 11. Esto permitirá mostrar una CGT un tanto más poderosa pero al mismo el retorno de estos sectores abrirá nuevamente el debate sobre la conducción e incluso el rol que consideran que debe jugar la central obrera en tiempos de un gobierno neoliberal. Por caso, Viviani reconoció que el retorno a la sede de la calle Azopardo poco tiene que ver con el amor y mucho más con el espanto.
El texto del documento, al que PáginaI12 tuvo acceso, puede sufrir algunas modificaciones de último momento ante algunas observaciones de las dos corrientes que se reincorporaron y hasta la posibilidad de que durante el encuentro surjan nuevas propuestas. Por caso, se especula que el camionero Pablo Moyano ponga a consideración la convocatoria a un nuevo paro general, un tema que no está contemplado en el escrito hasta ahora acordado.
El documento sostiene que el movimiento obrero “no puede aceptar que los trabajadores nuevamente seamos la variable de ajuste de un programa económico que desalienta la producción, agudiza la pobreza, ejecuta despidos y suspensiones, mientras que, sin inversiones genuinas y productivas, se toleran altas tasas de interés haciendo crecer la especulación financiera”.
En otro párrafo, los sindicalistas afirman que no permitirán que los derechos laborales sean avasallados y mucho menos que sean “identificados o denunciados como un obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país”. Sin duda, una referencia crítica a la serie de declaraciones de funcionarios del gobierno nacional sobre la influencia negativa del “costo laboral argentino” en la generación de puestos de trabajo.
En ese marco, advierten que no van a tolerar que “desde el Poder Económico (expresado por diferentes editoriales periodísticas), se agiten nuevamente las banderas de una reforma laboral reaccionaria y propuestas regresivas a los Sistemas de Jubilaciones y de Obras Sociales”. Un tema que entre los dirigentes sindicales cobró mayor preocupación a partir de la reforma laboral que implementó Michel Temer en Brasil.
Si bien los sindicalistas se preocuparon en no hacer una referencia explícita al actual proceso electoral, de todas formas hay un párrafo destinado al poder político. Concretamente le solicitan a los partidos con representación parlamentaria que se pronuncien en defensa de los derechos laborales y que se comprometan a no respaldar leyes que conspiren con la protección social y laboral. Justamente en este apartado es donde el documento pone un pie dentro de la compulsa electoral al sostener que “la disputa entre el pasado versus el presente nos oculta el verdadero drama nacional”, dicen los gremialistas para luego afirmar que se trata de “una polarización de vuelo corto, mezquina, que sólo busca hurgar en el pasado para disimular los errores del presente”. Una frase lo suficientemente amplia como para que las diferentes ofertas electorales que presenta el peronismo se sientan incluidas o favorecidas.
El texto tiene un sector resolutivo donde los firmantes se comprometen a no participar de reuniones “donde se discuta la quita de derechos fundamentales de los trabajadores”. Por otra parte, se comprometen “a proteger los puestos de trabajo existentes” a partir del uso de todas las políticas públicas activas con las que cuenta el Estado “para que cesen de inmediato los despidos y suspensiones”. Reclaman, sin decirlo de manera expresa, el mantenimiento de los subsidios al transporte público, el incremento de los montos de jubilaciones, pensiones y planes sociales y, sobre todo, la aplicación de una política comercial que favorezca la industria nacional “posibilitando así la defensa de los puestos de trabajo y salarios dignos”.
