La AFIP incautó 300 toneladas de maíz partido a granel valuadas en 12 millones de pesos que se intentaban exportar a Uruguay irregularmente. El total incautado equivale a una carga de ocho camiones y fue producto de un control realizado en un depósito fiscal ubicado en la localidad santafesina de Pérez.

De acuerdo al organismo, “la empresa exportadora que pretendía despachar los granos a Uruguay no poseía la capacidad financiera necesaria para justificar la compra de los mismos, al tiempo que no pudo acreditar la adquisición o tenencia de la carga que intentaba comercializar en el exterior”.

La firma no se encontraba tampoco inscripta en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a fin de evitar informar las cuentas bancarias con las que opera a partir de su actividad comercial y los ingresos de divisas, entre otras cosas, precisaron.

Por otra parte, la AFIP realizó ajustes impositivos por 11,4 millones de pesos a dos operadores de la cadena agroindustrial de Córdoba por no haber declarado 181 toneladas de maíz y 31 toneladas de soja, entre otras cuestiones. También se determinó para ambos el pago de 5,2 millones de pesos en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario, con el que tampoco habían cumplido.

La fiscalización se originó en un control de ruta realizado en la localidad de La Laguna, en el sur de esa provincia, con la detección de un camión sin la documentación respaldatoria y continuó con la detección de existencias de granos en campos ubicados en La Carlota.

Sobre las irregularidades encontradas, AFIP detalló que "se trata de inconsistencias detectadas en el Impuesto a las Ganancias y en Bienes Personales correspondientes a la no declaración de 181 toneladas de maíz, 31 toneladas de soja y la subvaluación de sementeras de soja y maíz de 950 hectáreas explotadas". La actuación se desarrolló en el marco del Operativo Granos, con la colaboración de la policía cordobesa.

El objetivo de estos procedimientos llevados a cabo por la AFIP es "desalentar irregularidades que generen un perjuicio fiscal y que impiden garantizar la trazabilidad de los granos utilizados para la actividad agroindustrial", se informó.