En un contexto de escasez de divisas y brecha cambiaria, la Aduana actúa minuciosamente para atajar las reservas del Banco Central. Desde octubre de 2022 logró reducir en 99 por ciento el monto de medidas cautelares que las empresas presentan a la justicia para lograr sortear los controles de comercio exterior. Tras la implementación del SIRA y gracias a la evaluación de los expedientes vigentes en la justicia, la Dirección General de Aduanas detectó estafas procesales y logró que muchas empresas desistieran de la medida. El stock de cautelares vigentes asciende a 23,5 millones de dólares, cuando en octubre eran 2521,8 millones de dólares.
El uso abusivo de medidas cautelares está concentrado en un 80 por ciento en el sector textil. A la fecha, persisten importadoras de neumáticos y otras autopartes, así como también de herramientas. Si bien aún queda un monto importante de importaciones a cuenta de la justicia, la nueva gestión de la DGA realiza desde octubre un análisis de los expedientes judiciales que otorgaban las medidas cautelares. Identificaron que, en la mayoría de los casos, los importadores argumentaron un peligro de demora que no existía.
"Se incurrió en una estafa procesal”, explicó el titular de la Aduana Guillermo Michel y agregó que "se mintió dentro del expediente judicial y por eso nos presentamos en cada una de esas causas para demostrar que el peligro en la demora que argumentaron no era tal”. Con este análisis, el organismo ya logró un ahorro mayor a 2500 millones de dólares de manera directa para el Banco Central.
De las cautelares aún vigentes se destacan empresas importadoras con varias operaciones, entre ellas la cordobesa importadora de herramientas Barbuy Team, con 19 casos por un monto total de 982 mil dólares; las textiles Harnof y Tiaca Tex, con doce operaciones por 955 mil dólares y siete operaciones por 1,7 millones de dólares respectivamente y EPSA con once operaciones por 3,7 millones de dólares.
Nuevo sistema para importar
La nueva gestión de la Aduana formó parte de una decisión que hoy celebra: hace tres meses el Ministerio de Economía cambió el sistema para autorizar las importaciones, reemplazando al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), aplicable a los importadores inscriptos en los Registros Especiales Aduaneros con la promesa de agilizar los procedimientos. "Desde que comenzó SIRA se presentaron pocas cautelares y no se ha perdido ninguna".
El SIRA se creó destinado a obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación. En palabras de la AFIP, el sistema "tomó como base la experiencia de los resultados de los procesos de fiscalización llevados a cabo por la AFIP sobre importaciones en las que se detectaron numerosas inconsistencias de los importadores, tanto en su capacidad económica, como también en el uso de prácticas abusivas en la interposición de medidas administrativas o judiciales para eludir el SIMI".
En este contexto, la SIRA prevé que una vez ingresados los datos solicitados por el sistema para importar la AFIP pueda analizar el perfil de riesgo del importador considerando, entre otros elementos, si ha efectuado operaciones de sobrefacturación, subfacturación o ha desvirtuado el régimen con prácticas abusivas en proceso de investigación en la interposición de medidas administrativas o judiciales con relación a las operaciones. "Superado el control, podrá continuar con el registro de la declaración SIRA. Si el importador no superara dicho control podrá manifestar su disconformidad mediante un trámite en el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA) en el plazo de diez días, mediante presentación fundada", asegura AFIP.
El organismo que conduce Guillermo Michel, hombre cercano a Massa, tiene un plantel de dieciséis abogados que trabajan exclusivamente para analizar estas medidas. De acuerdo al análisis del organismo, las empresas desisten de presentar amparos judiciales porque el sistema nuevo cuenta con mayor cantidad y procesamiento de información, y genera una alerta si los importadores realizan una utilización abusiva de cautelares, complicando aún más la operación.
Además del disciplinamiento, el organismo pretende aumentar los controles físicos con tecnología para hacer más eficiente el trabajo de fiscalización. Para eso, intimó a todas la aduanas en las fronteras del país a que instalen un escáner de arco, que permite escanear 160 camiones por hora, casi cinco veces más que los actuales. Hasta ahora hay un solo aparato de este tipo en el país: aquel implementado por la operadora APM Terminal, que tiene la concesión de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires. "La tecnología que hay hoy en las terminales es de 2015", aseguran desde el organismo. Como demanda una inversión de por lo menos 6 millones de dólares la intimación, que vencía en noviembre de 2022, se prorrogó por tiempo indeterminado.
