El Poder Ejecutivo decidió remover de su cargo a Pedro Martín Biscay, hasta ayer director del Banco Central, “por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La muy grave acusación, apuntada en el decreto que lleva las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y Nicolás Dujovne, se fundamenta en el dictamen de mayoría de una comisión bicameral encabezada por Federico Pinedo, que resolvió por tres votos contra dos que “las actitudes del mencionado director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del Banco Central (…), lo que configura un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”. El dictamen no aporta mucho más, no hay denuncia de hechos o dichos “concretos” que sustenten esa posición extrema de condena, salvo la mención en general de “actitudes del citado Director que no guardan relación con las obligaciones de su cargo”. Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, le advirtió a Biscay en 2016 que “no debía formular declaraciones sobre temas técnicos o de coyuntura que se encontraran en tratamiento por parte de órganos internos del banco, así como otros de importancia institucional”. La comisión bicameral, de mayoría de Cambiemos, consideró que tal restricción no era violatoria del derecho a la libertad de expresión. Marcos Peña y el diputado Pablo Tonelli, no tuvieron empacho en señalar que su remoción tenía que ver con su origen “kirchnerista” o por “estar en contra de las políticas monetaria y económica”. Una de los artículos que la comisión legislativa le cuestionó a Biscay es una columna de opinión en Pagina 12 (22 de junio de 2016) en la que analiza el blanqueo y critica el cierre de los sumarios por irregularidades cambiarias que dispuso la ley. No era, precisamente, un artículo en contra de las funciones que le corresponden al Banco Central, que es lo que se le imputa a través de la calificación de “mala conducta” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sino todo lo contrario: la defensa del ejercicio del rol de control de la autoridad monetaria. 

El decreto de remoción hace constantes alusiones a la experiencia de otros bancos centrales del mundo, mencionando que “se ha considerado la existencia, tanto en la Unión Europea (Banco Central Europeo), y en los Estados Unidos de América (en la Reserva Federal) como en la República Argentina, de una política de comunicación del Banco Central”. Políticas a las cuales la comisión considera que las expresiones públicas de Biscay “no se adecuan en lo más mínimo”, quedando justificada así su remoción.  

La doctrina internacional en la materia, según lo señalaron ayer mismo diversos especialistas, contradice dicha evaluación y deja en evidencia la arbitrariedad con la que fue condenado Biscay, a pedido de Sturzenegger primero, y por la comisión legislativa macrista después. Puntualmente, en lo referido a “Transparencia y políticas de divulgación de los Bancos Centrales”, los denominados “enfoques” del Bank of International Settlements (BIS) de Basilea, y del Fondo Monetario Internacional (FMI), sostienen, entre “los criterios que conforman la noción de buen gobierno de bancos centrales, la divulgación de las controversias con individualización de criterios que se producen en el seno de las reuniones y comités de política monetaria, garantizar la pluralidad de criterios en cuerpos colegiados”. Dichos organismos internacionales también estudian criterios relacionados con los mecanismos de remoción en los bancos centrales, indicando que aquellos deben evitar injerencias del poder político sobre la estabilidad de los cargos, para lo cual recomiendan el uso de diseños normativos con criterios no discrecionales. A todas luces, la injerencia del poder político fue el gran protagonista de la remoción de Biscay, mientras que el gran ausente fue el mecanismo normativo con criterios no discrecionales.

 Pedro Biscay era el único director del Banco Central que cumplía el requisito de haber sido designado con acuerdo del Senado, con mandato hasta 2019. Pero la mayoría automática del PRO en la comisión bicameral que lo sentenció (Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina) no se vio impedida por ello de avanzar en su remoción sin necesidad de recabar muchos elementos para incriminarlo. Su trabajo se limitó a juntar los recortes de comentarios periodísticos que Sturzenegger le arrimó a Marcos Peña, para que éste a su vez los remitiera al Congreso. El trámite no demoró más de veintitrés días, hasta la publicación del decreto de remoción. Peña justificó la medida en una entrevista, sin aportar más elementos y recitando simplemente los considerandos del decreto. Y rechazó la denuncia de Biscay con respecto a que la decisión en su contra representaba “un ataque a la libertad de opinión”. “No hay razones para la victimización, que tanto les gusta”, lo chicaneó Peña, poniendo sin proponérselo, el eje de la decisión en el origen kirchnerista del funcionario desplazado.

 Biscay es un joven abogado especializado en delitos económicos. Cumplió una vasta tarea en la investigación de la trama de negocios ilícitos que posibilitó la fuga de capitales vía el circuito financiero local e internacional, primero desde la Procelac y luego en la Comisión Nacional de Valores. Hay razones de peso, y de clase, que explican la irritación que provoca en la sensible piel del actual gobierno.      

 “El carácter de atropello que tuvo la remoción quedó evidenciado en el enorme respaldo de diferentes personalidades, organismos de derechos humanos, entidades profesionales y gremiales, que se expresaron condenando el avasallamiento institucional del Banco Central”, señaló Biscay ayer. Efectivamente, un fuerte documento titulado “Parémosle la mano a Macri y Sturzenegger” había circulado el día anterior al pronunciamiento de la comisión bicameral macrista, denunciando que “la destitución de Biscay es un golpe más a la destrucción de políticas de Estado en materia de derechos humanos, una clara persecución ideológica, una violación a la Carta Orgánica del BCRA y a la independencia de la entidad frente al poder económico concentrado y al poder Ejecutivo: hechos que no son nuevos y que encuentran parangones en lo que ocurre hoy con la Procuraduría General de la Nación y el consejo de la Magistratura”. Firman el documento, entre otros, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (línea Fundadora), H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Desaparecidos, Serpaj, y ambas CTA.