Desde Lima

Este martes se realiza la audiencia judicial en la que se verá el pedido de la Fiscalía de una segunda prisión preventiva contra Pedro Castillo. El expresidente está encarcelado desde el 7 de diciembre, con una prisión preventiva de 18 meses, acusado de rebelión luego de su fracasado intento de cerrar el Congreso. En esta ocasión, la Fiscalía solicita tres años de prisión preventiva por cargos de corrupción. Se le acusa de encabezar una organización criminal para direccionar licitaciones públicas. La Fiscalía le imputa los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El fiscal Uriel Terán ha señalado que por estos cargos el expresidente podría ser sentenciado a más de 30 años de prisión.

En diálogo con PáginaI12, el abogado de Castillo en este proceso por corrupción, Eduardo Pachas, acusó al gobierno de Dina Boluarte de estar detrás de este nuevo pedido de prisión preventiva contra Castillo. “Este no es un tema jurídico, es un tema político. Hay una orden de la dictadura para mantener al presidente Castillo en prisión”, señaló. El expresidente ha demandado ante instancias internacionales anular su actual detención por rebelión argumentando que no se ha respetado el debido proceso para su destitución de la presidencia y su encarcelamiento. El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, demandó públicamente al Congreso y a la Fiscalía que “aceleren” la acusación por corrupción para dictar una prisión preventiva que mantenga a Castillo en prisión en caso la justicia internacional le dé la razón en el cuestionamiento a la legalidad de su actual encarcelamiento. Días después de esa abierta intromisión del Ejecutivo en el proceso judicial por corrupción contra Castillo, el Congreso aprobó la acusación por corrupción levantándole el fuero y la Fiscalía pidió la prisión preventiva.

La Fiscalía asegura que Castillo organizó desde el poder la entrega de licitaciones a cambio del pago de sobornos. Señala que operó junto a su entorno familiar y político. Su esposa, Lilia Paredes, ahora asilada en México, sus tres cuñados y sus sobrinos están incluidos en la acusación fiscal. La cuñada menor de Castillo, Yenifer Paredes, a quien el expresidenta llama “mi hija”, estuvo en prisión preventiva entre agosto y octubre del año pasado. Sigue procesada. Sus ministros de Transportes Juan Silva y de Vivienda Geiner Alvarado, están denunciados. Para ellos también se pide tres años de prisión preventiva. Silva se encuentra prófugo desde julio del año pasado.

Tres casos

Son tres casos por los que se acusa a Castillo. Uno es por un decreto de su gobierno para realizar más de cien obras de agua y saneamiento en poblados en situación de pobreza, por un total de 130 millones de dólares. Se señala que en algunas de esas obras hubo corrupción. Las licitaciones de estas obras, sin embargo, estuvieron a cargo de las municipalidades y no del Ejecutivo. La Fiscalía presenta como prueba principal el testimonio del empresario Hugo Espino, que dice pagó un soborno de 228 mil soles (unos 60 mil dólares) al alcalde del poblado rural de Anguía -donde Castillo vivió hasta que llegó a la presidencia- por una obra de 3 millones de soles (790 mil dólares), y que coordinó ese trato con la esposa y la cuñada de Castillo, quien trabajaba para su empresa. Por esta declaración, a Espino se le levantó la prisión preventiva. En la acusación fiscal se señala que Castillo es amigo del alcalde de Anguía, José Medina, quien está detenido.

Un segundo caso se basa en la declaración de la lobista acusada de corrupción Karelim López de que el consorcio de construcción al que ella estaba relacionada obtuvo la licitación para construir un puente por un monto de 58 millones de dólares previo pago de una coima a Castillo. Ese contrato fue anulado luego de esta denuncia. López negocia beneficios judiciales a cambio de su testimonio contra Castillo.

La tercera acusación es por la compra de combustible por 74 millones de dólares por parte de la petrolera estatal Petro Perú a la empresa Heaven Petroleum Operation (HPO). Un colaborador de la fiscalía asegura que Castillo recibió un soborno de dos millones de soles (523 mil dólares) del propietario de HBO, Samir Abudayeh, para que su empresa gane esa licitación. Cuando estalló la denuncia, esa licitación fue anulada. Se convocó una nueva y HPO volvió a ganarla.

“La Fiscalía cita testimonios que no han sido corroborados, no hay pruebas”, le señaló a este diario el abogado de Castillo. Sobre el decreto del Ejecutivo y las obras municipales, respondió: “Si no se cumplió con alguna obra, que se investigue, pero decir que por dar un decreto para facilitar que los municipios hagan obras hay una organización criminal es un absurdo. En su momento, ese decreto no fue observador por el Congreso. El empresario Hugo Espino en ningún momento menciona al presidente Castillo cuando habla de una supuesta coima. Se acusa a su cuñada, a su cuñado, ellos ya han respondido, pero no se vincula a Castillo”.

En el caso de la acusación por la construcción de un puente, el abogado indicó que si bien esa obra se entregó en el gobierno de Castillo, el proceso de licitación se inició en el gobierno de Francisco Sagasti y que ese gobierno nombró a los funcionarios que decidieron sobre este tema. “La Fiscalía dice que Castillo nombró funcionarios para direccionar licitaciones, pero él no nombró a los funcionarios que manejaron esa licitación”.

Sobre la compra de combustible, Pachas admitió que Castillo se reunió con el empresario beneficiado, pero señaló que no hablaron de ese tema sino de un proyecto de palma aceitera. “Lo recibió como recibía a muchos, no son amigos”. Centra su defensa en que no existe ninguna evidencia de la ruta de los dos millones que la Fiscalía dice se pagó como soborno. “El empresario Abudayeh tuvo que haber sacado esos dos millones de soles de una cuenta bancaria, o de su empresa, pero no hay ninguna información sobre la salida de ese dinero. Tampoco hay una sola evidencia que Castillo haya recibido ese monto”.

Pachas cuestiona que se pida una segunda prisión preventiva cuando ya hay una vigente. “Si Castillo ya está en prisión, cuál es el peligro procesal, no hay peligro de fuga. No conozco un precedente que alguien tenga dos prisiones preventivas simultáneas”.