El caso de Beatriz, una mujer a la que El Salvador le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo para salvar su vida, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). El próximo 22 y 23 de marzo se realizará el juicio por el caso de Beatriz en la CorteIDH con sede en Costa Rica.
Organizaciones feministas llevaron el caso a los tribunales internacionales para que el Estado salvadoreño sea condenado y que esto se traduzca en “cambios estructurales” en las leyes del país centroamericano. Actualmente el aborto está completamente prohibido en El Salvador y las mujeres pueden enfrentar penas de más de 30 años por una emergencia obstétrica.
Las consecuencias de la penalización absoluta del aborto
“La historia de Beatriz dejó al descubierto las graves consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, incluso en casos en los que la vida de las mujeres está en riesgo”, afirmó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
García también dijo que tras conocer todas las violaciones de derechos que enfrentaron Beatriz y su familia “esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado”.
"Esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado, esperamos que se pueda generar cambios estructurales, que se puedan generar medidas de no repetición (...) que el Estado salvadoreño le repare de manera integral a la familia", agregó Sara García.
Irma Lima, presidenta de la organización Colectiva Feminista, aseguró que una condena a la nación centroamericana será un acto de justicia para los derechos humanos de las mujeres.
Las organizaciones y agrupaciones feministas esperan que la CorteIDH ordene medidas de no repetición y que esto lleve a cambios estructurales en las leyes del El Salvador donde el aborto está totalmente prohibido.
Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señaló que esperan que la sentencia de la CorteIDH implique no sólo la reparación y el reconocimiento por lo sucedido que implicó la violación de los derechos de Beatriz sino que también implique “medidas que esperamos permitan remover los obstáculos para acceder a una salud sexual y reproductiva en El Salvador".
"Las organizaciones que acompañamos a la familia de Beatriz estamos esperanzadas a que, con que la decisión que se tome, podamos avanzar hacia un continente que en mayor medida garantice la vida y los derechos de todas las mujeres", afirmó Martino.
El Caso de Beatriz en El Salvador
Beatriz era una joven del área rural de El Salvador. Fue diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistémico (LES), una enfermedad que complicó su primer parto en 2012. En 2013, Beatriz queda embarazada y el comité médico del hospital materno recomendó la interrupción inmediata del embarazo. El feto fue diagnosticado con anencefalia (no tenía partes de su cerebro y cráneo) y no tenía posibilidades de vida fuera del útero. Además, continuar el embarazo representaba un riesgo en la salud de Beatriz.
Sin embargo, pasaron más 80 días hasta que el 3 de junio de 2013 las autoridades salvadoreñas autorizaron una cesárea temprana para Beatriz y horas después el feto murió. La salud de Beatriz seguía siendo frágil y continuaba en tratamiento médico. En 2017 Beatriz muere en un accidente de motocicleta mientras se dirigía al hospital.
Su hermano, Humberto, exige justicia por Beatriz. "La lucha de ella sigue, y nosotros como familia la hemos retomado hasta lograr que se haga justicia a mi hermana, para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar", declaró.
El 29 de noviembre de 2013, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE) y otras organizaciones, Beatriz presentó una demanda contra el Estado de El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En enero de 2022 la CIDH escaló el caso a la CorteIDH.
El Código Penal salvadoreño establece penas de dos a ocho años de cárcel por abortar. Sin embargo, como los jueces y fiscales tipifican los casos de aborto o emergencias obstétricas como homicidio agravado y con esta carátula el delito tienen condenas de 30 a 50 años de prisión.
