En medio del conflicto bélico y del contexto pospandémico global, nos encontramos en un escenario donde se ponen en riesgo tres principios sustanciales: la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico.
Los acontecimientos de los últimos años acentuaron las desigualdades, perjudicando en mayor medida a los sectores más vulnerables. Por un lado, los desplazamientos y exilios por la guerra en Ucrania afectaron principalmente a las mujeres y las infancias. Por otra parte, los problemas de abastecimiento de alimentos y energía impactaron mayormente en los países de menores recursos.
En este contexto, la inflación se acentuó a nivel global y cerró en torno al 9 por ciento en 2022, alcanzando la mayor tasa de los últimos doce años. El desgaste del poder adquisitivo de los salarios derivó en una crisis del costo de la vida que golpeó en mayor medida a la población de menor nivel socioeconómico, acrecentando las brechas sociales y económicas.
En paralelo, la adopción de políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación sumó otro factor de deterioro al crecimiento económico en las naciones más pujantes del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la pandemia dejó a 93 millones de personas en situación de pobreza extrema en 2020 y se estima que en 2022 la cifra se incrementaría en 75 y 95 millones personas más, alcanzando a más de 650 millones de personas.
Como consecuencia de las políticas de endurecimiento monetario a nivel mundial, se espera una fuerte desaceleración en el crecimiento económico global. Luego de haberse registrado un incremento del 5,9 por ciento en 2021 y de 2,9 en 2022, se prevé que en 2023 el Producto Bruto Interno (PBI) mantenga una tendencia de desaceleración y muestre un crecimiento de 1,7 por ciento según las últimas proyecciones del Banco Mundial. Entre las regiones más afectadas, se encuentra América Latina y el Caribe con una proyección para 2023 de 1,3 por ciento de crecimiento, lo cual pone en evidencia las dificultades de la región para enfrentar el impacto del desbarajuste económico global.
A nivel local
En Argentina, la situación se torna más compleja teniendo en cuenta el problema de la inflación estructural, la escasez crónica de divisas y la distorsión de los precios relativos. Si bien en las proyecciones del Banco Mundial se prevé un crecimiento del PBI local del 2 por ciento para 2023, superior al resto de las estimaciones para países de América Latina y el Caribe, esos problemas estructurales impactarán en otros frentes dejando más de un interrogante para el año electoral.
Por ejemplo, las proyecciones domésticas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina son poco optimistas respecto de la inflación: sostienen que en promedio este año se acumulará un aumento no menor al 98 por ciento, lo cual indica que se sostiene una dinámica de alta inflación.
Los pronósticos sobre el dólar oficial son más favorables: se espera que suba un 85 por ciento este año respecto a diciembre de 2022, lo cual implicaría una apreciación en términos reales. Según las y los consultores, la clave para conseguir esto será la suba de la tasa interés, también doméstica.
En materia de acumulación de reservas, por último, se supo la semana pasada que el Fondo Monetario Internacional (FMI) contemplará una revisión a la baja de la meta para el primer trimestre del año, teniendo en cuenta el impacto de la sequía local y la guerra.
Es decir, Argentina no está tan golpeada por la coyuntura como el resto del mundo: otras economías de latinoamérica y los países centrales enfrentan peores realidades en los años recientes. Pero los problemas estructurales a nivel local no dan respiro y pueden generar campo de atracción a un gobierno de derecha que seguramente potenciará esas dificultades.
* Miembro del colectivo de mujeres economistas y feministas Paridad en la Macro.