La movilización en Francia contra la reforma previsional que impulsa el presidente Emmanuel Macron entró este martes en una nueva fase tras el reclamo de más de tres millones de personas en distintos puntos del país. La jornada amaneció con carreteras bloqueadas, sin provisión de combustible, sin recolección de residuos, sin clases en las escuelas, sin transporte público y con vuelos cancelados.
Luego de la masiva convocatoria, desde la Confederación General del Trabajo le pidieron a Macron una reunión "urgente", tras considerar que su "silencio ya no es aceptable". Además, convocaron a una nueva protesta el sábado y otra la próxima semana (probablemente el miércoles), día en que el parlamento tratará el proyecto.
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen al proyecto que intenta llevar la edad jubilatoria de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de contar con 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Incluso, una gran mayoría apoya también el principio de huelgas prorrogables (56%) y el objetivo sindical de "paralizar Francia" (59%) para obligar al gobierno a retroceder, según un sondeo publicado este lunes.
Las protestas registraron este martes choques aislados con las fuerzas de seguridad en varios lugares, entre ellos París, donde se detuvo a 43 personas.
El prefecto de Policía de la capital, Laurent Nuñez, atribuyó los enfrentamientos y destrozos a "individuos extremadamente radicalizados".
Por su parte, desde el Ministerio del Interior minimizaron la convocatoria a la huelga y aseguraron que el número de personas que protestó en las calles fue de 1,28 millones.
Este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Mujer, podría registrarse también una fuerte movilización, máxime cuando los opositores al proyecto consideran que las mujeres son uno de los colectivos perdedores de la reforma.
La respuesta del gobierno de Macron
El gobierno no ha logrado convencer sobre la supuesta necesidad de reformar para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones. La primera ministra, Élisabeth Borne, calificó el lunes de "irresponsable" el reclamo de los sindicatos.
La última vez que se logró frenar una reforma de las pensiones fue en 1995, cuando los gremios paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas, con el apoyo masivo en la opinión pública.
Pero ahora el tiempo apremia y el proyecto sigue su trámite parlamentario. Y aunque cuenta con el apoyo de la oposición de derecha, el gobierno escogió un polémico procedimiento que le permite aplicar la reforma por ordenanza, si las dos cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de marzo.
Este martes, y pese a las multitudinarias protestas en las calles, el Senado reanudó el debate.