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El presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Ejército a cumplir tareas de urbanización como parte del paquete de medidas con el que el Estado nacional busca cooperar con la provincia de Santa Fe y el municipio de Rosario ante el crecimiento de la violencia vinculada con el narcotráfico.
Si bien desde el gobierno nacional remarcaron que los efectivos castrenses no portarán armas, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión como un "hecho grave" que podría contribuir a borrar los límites entre la defensa y la seguridad.
El gobierno diseña una intervención del Ejército en tareas de mejora en los barrios populares de Rosario, que puede incluir desde la construcción de calles, la provisión de agua potable o la creación de espacios de socialización. Qué hará la Dirección de Ingenieros del Ejército se definirá en una mesa con el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin en los próximos días.
En el Ministerio de Defensa, que conduce Jorge Taiana, venían trabajando en una propuesta antes del anunció del Presidente, pero la decisión acelerará los tiempos. Es probable que la letra fina quede definida en un convenio entre el municipio y el Cuerpo de Ingenieros, explicaban en la Casa Rosada. El mensaje que trasciende de la cartera es que no habrá un desembarco desordenado sino que se definirán los lugares en los que el Ejército hará las tareas y también eso será lo que permitirá saber cuántos hombres serán desplegados.
Alberto Fernández: "Estas son las Fuerzas Armadas de la democracia"
Si bien el Presidente remarcó que éstas son las Fuerzas Armadas de la democracia, la presencia del Ejército en un territorio siempre trae aparejada preocupación. Lo primero que destacaron desde el gobierno es que el Ejército no portará armas y que, en caso de hacer tareas en determinada zona a la que no querían concurrir constructoras ante la escalada de la violencia, a los militares les proveerán vigilancia las fuerzas de seguridad.
“Esto se ha hecho en la pandemia, se hizo antes y se hace ahora”, dicen en el Poder Ejecutivo. Entre los antecedentes, citan la urbanización de La Carbonilla en el barrio porteño de La Paternal que se había hecho durante la primera gestión del actual jefe de Gabinete Agustín Rossi como ministro de Defensa. El entonces jefe del Ejército, César Milani, forjó allí su amistad con la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. También mencionan el rol del Ejército durante el aislamiento y con las inundaciones. En la provincia de Buenos Aires, la fuerza armada contribuye en la urbanización del asentamiento de Los Hornos.
Existen otras modalidades de intervención del Ejército como la que se registra en Salta. Allí, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenara al Estado argentino por la violación de los derechos de las comunidades originarias en el caso de La Cajonal, el Ejército estuvo trabajando en la perforación de pozos para llevar agua potable. “En ese caso, es un servicio. Lo hace el Ejército porque tiene la capacidad para hacerlo pero lo financia la provincia”, explican fuentes al tanto del caso.
El Presidente señaló que la intervención del Ejército se da dentro de los márgenes que otorga la Ley de Defensa Nacional, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín para limitar el rol de las Fuerzas Armadas después de su actuación criminal en la última dictadura. La Ley de Defensa Nacional completa lo que se conoce como el bloque del “consenso democrático” con la Ley de Seguridad Interior, adoptada durante el gobierno de Carlos Menem, y la de Inteligencia –aprobada durante la presidencia de Fernando de la Rúa y reformada durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner–. Parte de ese consenso democrático es que las Fuerzas Armadas no pueden llevar adelante tareas que les corresponde a las fuerzas de seguridad.
Las Fuerzas armadas y la Ley de Defensa Nacional
La Ley de Defensa Nacional habilita la participación de las Fuerzas Armadas dentro de lo que se define como “Defensa Civil”, que es la posibilidad de intervenir en catástrofes ambientales u “otros desastres”. Un decreto de noviembre de 2006, el 1691/2006, define las misiones principales y subsidiarias de las Fuerzas Armadas. Dentro de las subsidiarias, está el apoyo a la comunidad nacional y allí se mencionan las catástrofes, los desastres naturales y “cualquier otra circunstancia”.
Dentro del gabinete nacional está el diagnóstico de que un área abandonada o poco desarrollada puede funcionar como un ámbito propicio para el crecimiento del crimen. “El anuncio de que el gobierno nacional enviará divisiones del Ejército a Rosario es un hecho grave, que muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana y la limitación a un abordaje punitivista del problema”, retrucan desde el CELS.
“La violencia no se reduce con acciones espasmódicas e improvisadas. En los últimos años, el despliegue de fuerzas de seguridad federales fue una moneda de cambio político entre el gobierno nacional y las provincias. A esta lógica, ahora suman a las Fuerzas Armadas”, señalaron desde el organismo de derechos humanos.
