En los papeles, el juez de garantías de Avellaneda Luis Carzoglio enfrenta un juicio político por su modo de tramitar amparos, por un habeas corpus a favor de presos en comisarías, por dos allanamientos y denuncias de maltrato de empleados. Pero en los hechos se enfrenta a este proceso de destitución porque --subraya su defensa-- en octubre de 2018 se negó a detener a Hugo y Pablo Moyano frente a un pedido explícito de dos exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que hasta le mandaron un borrador con la orden de arresto. Al hablar públicamente de lo ocurrido se convirtió en el primer magistrado que reveló con claridad cómo funcionaba el aparato de espionaje y armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri. Poco después de ese episodio el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, reflotó viejas denuncias en su contra, algunas hasta de 2009, y en un mes Carzoglio terminó suspendido. Después de cuatro años el proceso de destitución comenzó la semana pasada y tendrá veredicto del jury este jueves. 

El lunes último, ya en la recta final de su enjuiciamiento, Carzoglio recibió una carta del Papa Francisco en respuesta a un e-mail suyo donde le contaba la situación que atraviesa. "Dr. Luis, querido hermano, gracias por escribirme. Rezo por vos y tu esposa, por favor háganlo por mí. Sigan adelante trabajando por el bien. Franternalmente Francisco", decía el manuscrito. "Esperemos que el jury que me juzga entienda el mensaje del Papa", dijo el juez en el banquillo. "Estoy tranquilo porque dijimos y dimos todo con mi abogado, mostramos todas las pruebas. El jueves termina una historia en la vida de Luis Carzoglio, pero empieza otra: estaré trabajando donde sea, en la Justicia, en la profesión, en la calle, pero siempre para construir", señaló a Página/12. 

El contexto

Carzoglio acumulaba denuncias ante la secretaría del jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires desde hace más de 13 años, poco después de haber asumido el cargo en 2008, y hasta diez años después. Esos expedientes no se movían, pero estaban latentes. La prescripción está establecida a los cinco años para las faltas y para los delitos, el período es igual al máximo de la pena prevista. En ambos casos hay razones por las que se interrumpe el plazo de prescripción y puede extenderse. 

En 2018 el juzgado de Avellaneda tramitaba una de las causas por supuesta asociación ilícita en Independiente, cuando lo manejaban los Moyano. El fiscal Sebastián Scalera pidió la detención de Pablo Moyano por presunto lavado de dinero en el club.  A cuento de este expediente aparecieron en su despacho quien era jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, y quien se ocupaba de las Finanzas del organismo de inteligencia, Fernando Di Pasquale. El mensaje fue clarísimo: "El Presidente está obsesionado con Pablo Moyano. Espera su detención”, le advirtieron. "¿Usted qué quiere?", lo tantearon, con esa pregunta que podría explicar la presencia del hombre que manejaba la plata --léase por entonces fondos reservados-- del organismo de los espías. Le avisaron que le mandarían un borrador de la orden de detención tanto para Hugo como para Pablo Moyano, y así ocurrió. El papel incluía hasta indicaciones para allanamientos. Lo guardó en la caja fuerte del juzgado. 

El 16 de octubre de aquel año, mientras algunos medios de comunicación daban como inminentes las detenciones de los sindicalistas en medio de una campaña, Carzoglio rechazó el pedido del fiscal. Tiempo después daría a conocer los pormenores de la visita que había recibido. El 30 de octubre el jefe de los fiscales bonaerenses, Conte Grand --exsecretario legal y técnico del gobierno de María Eugenia Vidal-- presentó un escrito para activar las denuncias contra el juez. El 5 de diciembre el jurado, con votos de Cambiemos y de abogados de la matrícula, lo suspendieron en un comienzo por 90 días que se transformaron en cuatro años. 

Una de las pruebas presentadas por el representante del juez, el abogado Diego Raidan, es la declaración del exdirector de la AFI, Gustavo Arribas, y su número dos, Silvia Majdalani, ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, donde reconocieron la visita de De Stéfano y De Pasquale al juez de garantías. El argumento era, en el contexto de ebullición social y amenaza de flexibilización laboral, entre otras cosas, que querían saber qué resolvería Carzoglio sobre los Moyano para estar preparados por si habría un estallido frente a eso. Fue una afirmación asombrosa: es obvio que ningún funcionario puede preguntarle a un juez cómo va a fallar ni éste adelantarlo. 

El emisario De Stéfano está procesado en la causa donde se investiga la llamada "Gestapo antisindical", que comenzó con un video hallado en la AFI por la exinterventora Cristina Caamaño donde se podía ver y oír una reunión en la sede porteña del Banco Provincia con presencia de exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y exagentes de la AFI, donde hablaban de cómo armarle una causa a otro sindicalista, en este caso de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, quien meses después quedó efectivamente detenido. El expediente que estuvo a cargo del juez de La Plata Ernesto Kreplak fue catapultado a Comodoro Py por obra del macrismo y la docilidad de los jueces porteños, como las otras causas sobre espionaje de la misma época, entre ellas otra que tocó a De Stéfano por hacer inteligencia ilegal sobre funcionarios, dirigentes políticos y sociales, presos en la cárcel de Ezeiza, entre otros. En el caso de la "Gestapo", la pesquisa se cortó justo cuando escalaba hacia las autoridades políticas y también, casualmente, salpicaba al procurador Conte Grand.

El impulso y armado de causas contra sindicalistas así como la persecución de jueces que no respondían directamente a sus mandatos, fueron dos características del gobierno de Macri que con los años se hicieron más visibles, aunque la mudanza de investigaciones a los tribunales de Retiro obturó el avance de responsabilidades penales

La acusación

Con el impulso de Conte Grand --uno de sus acusadores en el juicio político-- para desempolvar viejos planteos y sumar otros, a Carzoglio se lo intenta responsabilizar por tramitar amparos (especialmente de salud) presentados en su juzgado, dictar medidas cautelares y después mandarlos a sorteo; se le cuestionó el allanamiento al Colegio de Abogados de Avellaneda por la posible destrucción de legajos en época de elecciones a pedido del fiscal Mario Prieto; también la orden de allanamiento sin fecha cierta (para que la fiscal la resolviera) en la investigación contra Elbio Fernández, un desarmador de autos conocido como El Rey del Corte; otra denuncia es por hacer lugar a habeas corpus de presos en la comisaría de Avellaneda quinta donde estaban hacinados (pese a que a raíz del fallo de la Corte Suprema conocido como "Verbitsky" están prohibidas las detenciones en esos establecimientos) y conceder arresto domiciliario a algunos detenidos; cuatro empleados alegaron maltrato. 

A lo largo de las audiencias que se desarrollaron desde la semana pasada, desfilaron cerca de 60 testigos. Un aspecto que quedó a la vista es que muchas de las decisiones cuestionadas de Carzoglio fueron revisadas por otros tribunales y en algunos casos revertidas, es decir que funcionaron los mecanismos propios del sistema judicial. En cuanto a los empleados, fueron más los que declararon a su favor que en contra. Incluso quienes lo denunciaron nunca se fueron del juzgado al menos hasta que el magistrado fue suspendido.  

El jury lo preside Hilda Kogan, la jueza suprema bonaerense y está integrado por los diputados de Juntos, Ismael Passaglia y Walter Carusso; las diputadas del Frente de Todos, Débora Galán y Maite Alvado; y la senadora radical Erica Revilla, además de los conjueces Juan Emilio Spinelli, Jorge Pablo Martínez, Pedro Jorge Arbini Trujillo, Graciela Amione y Pablo Esteban Perrino. Carzoglio le dijo a este diario: "Asumo errores pero no hay razón alguna para una destitución".