"Las demandas son tantas que no hemos tenido tiempo de sintetizar", dijo ayer Sofía Fernández, integrante de la organización La Fuerza de las Mujeres y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De esta manera, queda claro, una vez más, que el 8 de marzo no es un día de celebración, pues la necesidad de reivindicar los derechos conquistados va en línea con el reclamo por las desigualdades que aún transitan diariamente las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ. 

A ello se suma el reciente femicidio de Lorena Alejandra Cardozo, la joven cuyo cuerpo fue encontrado el último viernes en las inmediaciones de vertedero San Javier, en la zona sudeste de la Capital. Precisamente, su familia y amigos, encabezados por Carlos Cardozo y Lorena Cruz, padre y madre de la joven, se acercaron a la conferencia de prensa que ofrecieron las organizadoras del #8M en las puertas de la Ciudad Judicial, y sumaron su pedido de justicia para su hija y todas las víctimas de femicidios. 

"Es importante lo que nos está sucediendo con la justicia y por eso hoy estamos acá, porque cada vez que venimos a denunciar somos debilitadas, empobrecidas y revictimizadas", manifestó Fernández. Y es que la situación de violencia de las mujeres y diversidades salteñas no está siendo respondida con políticas públicas efectivas y que jueguen a su favor, incluso en casos en que reclaman el derecho a la vivienda. 

Al menos así lo graficó Fernández, quien contó que han recibido diversos casos de mujeres que denunciaron violencias y terminaron "siendo aleccionadas y hasta expulsadas de los hogares porque también es el lugar donde viven los violentos". Por ello, desde los movimientos transfeministas hay un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial que, a través de jueces y fiscales, dicta fallos que no reconocen el contexto de la violencia por género en el que están inmersas las mujeres y terminan sosteniendo una justicia machista y patriarcal. 

La militante de La Fuerza de las Mujeres sumó a su cuestionamiento el nulo o poco presupuesto estatal a los programas de sensibilización y protocolos de asistencia a víctimas. "Pero para remodelar plazas, poner focos leds, o para las macetas, sí hay presupuesto", criticó. "Hay comisarías donde todavía no se toman denuncias a las víctimas y donde se infringe la ley porque no se permite entrar a hacer las denuncias con asistentes protectoras", reclamó. En ese sentido, dijo que varias de las mujeres que se ofrecen a ser asistentes a las víctimas de violencia, "después son perseguidas". 

Para Fernández, debe existir una "mirada transversal con perspectiva de género en todo el Estado nacional y provincial". "No queremos que se hagan dos eventos en la Usina Cultural o en el Parque", agregó en disconformidad con las actividades organizadas por el gobierno de Salta y la Municipalidad de la ciudad, en el marco de las actividades del 8 de marzo. 

En Salta, desde 2014 está declarada la emergencia pública en materia social por violencia de género. Esta emergencia faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar todas las acciones que crea conveniente para "dar solución a la crítica situación y disponer la afectación e incorporación de las partidas presupuestarias necesarias a tales efectos", según dicta la norma. Esto le posibilita -entre sus principales acciones- garantizar la implementación de políticas públicas orientadas a enfrentar el problema de la violencia de género desde un enfoque intersectorial y participativo, y en los diversos niveles de gobierno, además de elaborar un plan provincial de acción para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género.

Si bien a inicios de diciembre del año pasado se creó el gabinete provincial para transversalizar políticas de género, el ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada, reconoció que desde que se declaró la emergencia por violencia de género, "los avances han sido pocos" hasta la fecha, por lo que sostuvo que se debe reafirmar el compromiso y tener nuevas visiones de cómo trabajar. 

Se ajusta con las mujeres

Verónica Liendro, del Movimiento Popular La Dignidad, expresó su malestar por las bajas producidas a nivel nacional en el programa Potenciar Trabajo. Aseguró que esa quita de dinero implicó una gran pérdida de ingreso para muchas mujeres de barrios populares que son jefas de hogar y que "tenemos a cargo hijos, con alquileres que subieron y con las subas en las compra de alimentos". "Esa quita a nuestra economía nos pega fuerte", resaltó, manifestando que las mujeres y personas de la diversidad necesitan una recomposición salarial, y la implementación del cupo laboral travesti trans. 

En ese sentido dijo que los Poderes Ejecutivos terminan "ajustando desde abajo, y ahí abajo estamos las mujeres, que somos quienes menos posibilidades de trabajo tenemos". Liendro también destacó la desigualdad en las tareas del cuidado porque "somos las mujeres cuidadoras del hogar y no podemos salir a trabajar porque no tenemos dónde dejar a nuestros hijos". Es por ello, que uno de los pedidos en este nuevo 8 de marzo es la implementación de guarderías estatales. "Hoy tenemos mucha falta de protección del gobierno", sostuvo. 

De acuerdo a los nuevos resultados del Monitor Económico de Salta con Perspectiva de Género, que corresponde al tercer trimestre de 2022, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), la mayor población ocupada en la provincia se encuentra en el área del comercio (20%), la industria manufacturera (11%) y la construcción (11%). Allí se señala que, en términos de ingreso, los varones generan el 56%, y las mujeres el restante 44%, sin incluir las tareas del cuidado que asumen muchas mujeres y no son remuneradas. 

En cuanto a las proporciones, el informe deja en evidencia que "en la mayoría de las actividades, los hombres perciben mayores salarios", con una brecha salarial del 12% en el tercer trimestre del año pasado. "De igual manera, existen trabajos donde la brecha es mayor para los hombres, dado que la composición laboral es menor para las mujeres, no es que ganan más sino que son menos", se explica en el informe, dando como ejemplo la situación de la construcción, donde el 99% de las personas que trabajan son hombres.

Otra de las demandas puntuales es el acceso a la vivienda. Desde la Unión de Inquilinxs de Salta, Natalia Soraire manifestó el reclamo por los altos costos de los alquileres y la dificultad de afrontarlos con los bajos salarios de mujeres y disidencias, la discriminación a infancias y disidencias y los desalojos. "Necesitamos políticas públicas con perspectiva de género", insistió. 

La marcha en la ciudad de Salta está convocada a las 18.30 en la plaza central, 9 de Julio. Entre las consignas también se destacan el pedido por una efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, el cese de los abusos sexuales en las infancias y la criminalización a las Madres Protectoras. Junto al apoyo al proyecto de Ley de Reconocimiento Salarial de Trabajadoras de Comedores y Merenderos Comunitarios impulsado por La Poderosa, y que se presentará este miércoles 8 en el Congreso de la Nación.