El plenario de secretarios generales de la CGT ratificó hoy la movilización prevista para el 22 de agosto próximo, a la vez que decidió convocar a un Comité Central Confederal, aún sin fecha, tal como reclamaron algunos oradores en la reunión que se desarrolló este mediodía en el microestadio de Ferrocarril Oeste, del que no participaron las organizaciones gremiales que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA).

El plenario ratificó el documento difundido hoy por Página/12, en el que señalan que “no puede aceptar que los trabajadores nuevamente seamos la variable de ajuste de un programa económico que desalienta la producción, agudiza la pobreza, ejecuta despidos y suspensiones, mientras que, sin inversiones genuinas y productivas, se toleran altas tasas de interés haciendo crecer la especulación financiera”.

Además, el texto anticipa la respuesta al propósito oficial de impulsar una reforma laboral, confirmada por varias figuras de Cambiemos. "No vamos a tolerar que desde el Poder Económico concentrado y especulativo se agiten nuevamente  las banderas de una reforma laboral que avasalle los derechos laborales conquistados ni propuestas regresivas que afecten los Sistemas de Jubilaciones y Pensiones y de Obras Sociales", indica el documento.

Los dirigentes sindicales resolvieron, asimismo, que no participarán de "negociación alguna" en la que se discuta la "quita o retroceso" de los derechos laborales y se comprometieron a "proteger los puestos de trabajo existentes haciendo uso de todas las políticas públicas activas con las que cuenta el Estado y nuestras organizaciones, para que cesen de inmediato los despidos y suspensiones".

También condenaron y exigieron el cese de las "abusivas intervenciones en los sindicatos y el intolerable e injustificado ataque a los dirigentes sindicales", en relación a lo acontecido con Omar Plaini, del gremio de los Canillitas. 

Por último, reclamaron un aumento para los jubilados y de las asignaciones sociales, "tarifas acordes a los bajos niveles de ingresos", una política "comercial inteligente" que favorezca a la industria nacional y en especial a las Pymes, y "transparencia y efectividad" en la política contra el trabajo no registrado.