Una víctima que había sido captada en Buenos Aires pudo escapar y denunció el hecho en un llamado al 145, línea del Ministerio Público Fiscal nacional de atención telefónica gratuita para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata de personas.
En el marco del proceso que se inició tras esta denuncia, el sábado último fueron detenidas dos mujeres, que ayer fueron imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por el fiscal general federal Eduardo Villalba. El juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación.
El fiscal Villalba, a cargo de la investigación, expuso en la audiencia que la existencia de esta organización se conoció el viernes, cuando una joven llamó y contó que había logrado huir de una casa donde era obligada a prostituirse, junto a otras víctimas.
El llamado activó un dispositivo que permitió salvaguardar a la joven y detener a los responsables, lo que se hizo con la supervisión de la auxiliar fiscal Roxana Gual. El Ministerio Público Fiscal federal informó que las acusadas son dos mujeres que tienen un historial de denuncias por amenazas, algunas con uso de armas.
El fiscal indicó que la joven que denunció la trata había sido captada en Buenos Aires a través de un supuesto tour de compras a la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Sin embargo, nunca llegó a ese destino sino a una casa de Rosario de la Frontera. Allí, fue retenida contra su voluntad, le quitaron el documento de identidad y destruyeron su teléfono celular.
Asimismo, el fiscal manifestó que el lugar contaba con “protección policial” e incluso, algunos policías eran clientes de los servicios sexuales que ofrecían las acusadas, quienes habían logrado infundir gran temor, tanto en la joven que denunció como en otras compañeras y hasta en varios vecinos.
Ese miedo, según explicó Villalba, radicaba en gran parte en el hecho de que todos sabían que la policía no les hacía nada, sino que eran funcionales a la actividad delictiva que llevaban adelante las dos acusadas. El hecho pudo conocerse merced a un ardid que usó la denunciante, junto a una compañera, para poder escapar.
Las jóvenes convencieron a las acusadas de que debían atender a un cliente en un motel, como eso significaba un ingreso de dinero mayor, las ahora detenidas les permitieron salir de la casa. Así pudieron escapar y refugiarse en un domicilio vecino, desde donde llamaron en busca de ayuda.
Tras la denuncia se puso en marcha un mecanismo de protección de la mujer, del que participaron la Dirección de Género de la Municipalidad de Rosario de la Frontera y el Polo Integral de la Mujer. También la Unidad Fiscal Salta brindó asistencia a través del área de asistencia a la víctima y en la audiencia de imputación estuvo el titular de la Defensoría Pública de Víctimas, Nicolás Escandar.
Por otra parte, a partir de datos que surgieron de la denuncia, el fiscal solicitó la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces de la provincia, ya que existen indicios fuertes de que un niño, hijo de una de las imputadas, sería también víctima de malos tratos.
El juez hizo lugar a la imputación presentada por la fiscalía, a la prisión preventiva de las acusadas y otras medidas investigativas que ya están en curso.
