En el marco del 8 de marzo, las mujeres y disidencias de distintos municipios del interior de la provincia de Salta, también ocuparon las calles, organizadas con demandas a los distintos poderes del Estado, denuncias y reinvidicaciones de derechos desde sus territorios.
Las mujeres y disidencias de los movimientos populares La Dignidad; Darío Santillán; 8 de Abril; integrantes de la Mesa de Género del departamento San Martín, marcharon en la mañana, "por la soberanía alimentaria, contra la violencia y el agronegocio".
Las organizaciones se dirigieron al Poder Judicial de Tartagal con la consigna, "Con esta justicia no hay derechos ni democracia". La coordinadora de la Mesa de Género y del área feminismo popular y disidente de La Dignidad, Pamela Fernández, dijo a Salta/12 que reclaman el acceso a la justicia para las mujeres de pueblos indígenas, "siempre denunciamos que el poder judicial es racista y patriarcal", señaló.
Fernández contó que intentaron manifestarse en las escalinatas del edificio pero la policía se los impidió. Incluso contó que fue intimidada por un un sargento: "le recomiendo que haga caso, porque las consecuencias, que no van a ser para sus compañeras que están afuera, sino para usted, pueden ser muy graves", le dijo. La militanta reprochó que para intimidar en una manifestación la policía despliegue recursos, mientras que no los tienen para cumplir las consignas policiales en causas de violencia de género.
"Llevamos el nombre de todas las mujeres víctimas de femicidio, hicimos mucho hincapié con los nombres de las víctimas del departamento San Martín", contó Fernández, y dijo que relevaron 40 femicidios.
El pliego de demandas de las organizaciones incluye "denuncias a los terricidas", "realizamos acompañamiento a mujeres que defienden sus comunidades, que fueron desalojadas por la policía, en su momento escrachamos a fiscales y jueces", explicó Fernández. Relató que en la zona hubo mujeres indígenas amenazadas por finqueros en el contexto de la lucha por el territorio. "El agronegocio, las fumigaciones con glifosato, la falta de agua", las cuales son parte de las problemáticas contra las que protestan.
Fernández indicó que participaron de la marcha las mujeres que también se organizaron en el acampe que sostiene los reclamos "por la luz y el agua". Señaló que el agua es una de las principales demandas en Tartagal, denunció que muchas comunidades originarias no acceden a este derecho humano. Además mencionó el enorme esfuerzo de las cocineras comunitarias de merenderos y comedores que a diario se las ingenian para llevar agua y asistir a infancias y adultxs mayores, lugares donde además cocinan a leña con las altas temperaturas porque no acceden al gas.
"Casi el 80 por ciento de las organizaciones del norte están conformadas por mujeres" sostuvo Fernández para enmarcar la demanda por las altas en el programa Potenciar.
"Estuvimos denunciando que se investigue lo que ha pasado con el programa Acompañar, la exdirectora está denunciada por pedir coimas. Que se aceleren los procesos y se garantice la protección a las víctimas", añadió.
Fernández se pronunció contra la "romantizacion de las fechas", "y la banalizacion de los temas (de género), cuando las mujeres necesitan políticas públicas concretas". Explicó que en la localidad hubo quejas porque la intendencia llamó a las trabajadoras para "un agasajo" y les dio "bizcochos con agua" en el salón auditorium de la municipalidad. La referenta dijo que "las compañeras vienen reclamando cosas importantes desde lo sindical", y en vez de avanzar con respuestas serias, esto fue "una burla a las compañeras".
Contra la policía en Salvador Mazza
En Salvador Mazza también marcharon las mujeres de los movimientos sociales: la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Ni un Pibe Menos por la Droga (de la CCC), Nuestra América, el Partido Comunita Revolucionario (PCR), el Polo Obrero, la UTEP, la Federación Nacional Campesina (FNC), Originarios en lucha, rl Movimiento Territorial Rebelde (MTL) y Barrios de Pie.
Las organizaciones se manifestaron frente a las instituciones locales, una de las principales fue ante la Comisaría 40. En ese lugar reclamaron contra la policía por haberse negado a tomarle la denuncia a la madre de una niña de 12 años desaparecida, que después fue hallada por la familia y contó que había sido víctima de violencia sexual por un desconocido que ahora está prófugo. "No le quisieron tomar la denuncia a la madre aduciendo que el protocolo es por 24 horas pero no está vigente eso", dijo la militanta de la CCC, Karina Herrera.
"Cuando una persona va a denunciar una desaparición o un abuso de género, se tiene que tomar inmediatamente la denuncia (...) cuando no pasa, aparecen las mujeres como uno no quiere, aparecen violadas o muertas", advirtió Herrera.
Además de adherir a las consignas nacionales, Herrera planteó que requieren instituciones municipales que asistan a las víctimas. "No tenemos un lugar a donde recurrir cuando tenemos mujeres maltratadas, a donde puedan refugiarse. Un refugio nos hace falta. Necesitamos una oficina que sea de la mujer", manifestó.
Reforma judicial feminista
Clara Flores es trabajadora del Poder Judicial e integra la colectiva feminista Panambi en Orán. Desde la organización realizaron una mateada para encontrarse y reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan a mujeres y disidencias en la localidad. “Las demandas siempre son las mismas: basta de violencia de género; basta de femicidios, que las trabajadoras informales puedan formalizar el empleo, y la efectivización del cupo laboral trans", dijo a Salta/12.
Flores explicó que en el municipio de Orán está aprobado el cupo laboral trans travesti en la municipalidad, “pero no se cumple con el porcentaje del 1%”, indicó que en la administración pública hay cerca de 20.000 empleadas y empleados y "debería haber 20 personas trans trabajando pero solo conoce a tres compañeras que han sido incorporadas".
Desde la organización, denuncian que la Secretaría de Género y Diversidad municipal "se fue desdibujando" en este último tiempo. Flores señaló que incluso les derivan a víctimas, "las mandan a nosotras cuando no contamos con recursos para acompañarlas", y aunque explicó que como activistas se esfuerzan por brindar información, servir de nexo, y contener, no cuentan con los recursos materiales ni humanos necesarios.
Como en otros lugares, Flores dijo que falta de implementación de la Ley Micaela en la policía, genera que todavía haya personas que son revictimizadas cuando van a denunciar hechos de violencia machista y a veces “no les quieren tomar la denuncia, les dicen 'ya vas a volver con él, no sé para qué denuncias'”.
Al Poder Judicial, la colectiva le demanda la reforma judicial feminista y la implementación también del cupo laboral trans.
También Panambi reclama a las autoridades judiciales el pronto esclarecimiento y justicia por el femicidio de su compañera Nahir Nuri Klimasauskas, quien murió al caer del cuarto piso de un edificio en Orán, cuando se encontraba en el departamento de su pareja Gustavo Viarengo, quien después fue detenido . “Estaban tratando de ver si era femicidio, en primera instancia decían que fue suicidio”, manifestó.
Nahir tenía 27 años, era feminista y kirchnerista, chef, según contó Flores, e integraba la colectiva Panambi. La joven también es hija de una fiscala penal de Orán. “Sigo consternada por la noticia (...) Nunca nos dijo puntualmente que estaba en un círculo violento", expresó Flores. Sin embargo, aclaró que hubo amigas de la víctima que dijeron que el novio "era violento". "Cuando se acercó (a la colectiva) fue como compañera pero no hablaba de su vida privada", explicó.
Demandan políticas públicas en Anta
En Joaquín V. González, localidad cabecera del departamento Anta, en el sur de la provincia, las mujeres de los movimientos sociales MTL Rebelde y CUBA, también marcharon.
La referenta del MTL Rebelde, Alicia Pomo, dijo a Salta/12, que eligieron marchar y no sumarse a las actividades de la intendencia, organizadas por el Área de la Mujer, Género y Diversidad Sexual, que realizó una "feria" de emprendimientos y un evento con "un músico".
La militanta sostuvo que esta área género de la localidad "es un adorno". "Ayer me mandaron un mensaje invitándonos pero no para coordinar, sino para ser parte del bulto", sostuvo reprochando que "con la directora nueva" las organizaciones no consiguen articular la asistencia a las víctimas. "No se ven políticas claras de qué es lo que hace el área de la mujer en Joaquín V. González", manifestó.
"Los hechos de violencia son cada vez peor. Inclusive con el tema de que los trabajos son cada vez más precarizados", denunció. También dijo que hay muchos casos de violencia contra las infancias y no encuentran acompañamiento estatal.
En Apolinario Saravia las mujeres de las organizaciones Las Bartolinas, MTL Rebelde y autoconvocadas también se movilizaron en la plaza San Martín, frente a la municipalidad. Entre sus demandas se encuentran el "derecho a la vivienda como urgente", explicó Gabriela Sotelo, directora del Área de la Mujer y Diversidad Sexual que acompañó las actividades. Señaló que la falta de acceso a un lugar donde vivir es uno de los principales impedimentos que encuentran las mujeres "para denunciar, o para salir" de vínculos violentos.
Las mujeres también plantearon la falta de acceso al trabajo como impedimento para la autonomía. En Saravia, la mayor fuente laboral es en las fincas, precarizada e insalubre "por el contacto con los agrotóxicos", señaló Sotelo, como algo que se planteó en la asamblea previa a la marcha. Otra problemática que se visibilizó en ese contexto fue el trabajo de las infancias, ya que son "familias completas" las que se desempeñan en los trabajos rurales.
La violencia económica y la enorme cantidad de demandas por alimentos; la revictimización en la justicia, en la policía y en las mediaciones penales; la falta de protocolos sanitarios para abordar los casos de violencia de género, fueron parte de las problemáticas denunciadas.
La marcha se solidarizó también con la madre de una adolescente que fue víctima de violencia sexual por el progenitor "porque el acusado es de una familia con poder económico y suponen que es un obstáculo para que haya justicia", explicó Sotelo.
"Tejer redes contra la violencia en los valles"
En la zona de los Valles Calchaquíes, en Angastaco, el Área de la Mujer realizó actividades en la plaza para sensibilizar respecto a la violencia machista. La docente y diplomada en violencia por motivos de género Griselda Ferreyra contó a Salta/12 que fue a invitada a dar una charla allí: "Es importante poder tejer redes en lugares aislados de muchas cosas", señaló.
Angastaco es un lugar donde faltan políticas públicas, y recursos, "necesita más redes", consideró Ferreyra. Señaló que pese a esto, "se intenta trabajar la temática". Esta zona de la provincia además cuenta con una geografía particular, ya que lo urbanizado es el pueblo y después hay lugares aislados y de difícil acceso. "La policía está en el pueblo de Angastaco, se puede ir a determinado lugar en vehículos, y luego en lomo de burro. No hay luz, ni señal de teléfono, en algunos lugares hay paneles solares, nada es inmediato, hasta hace muy poco no había ni agua, usaban el agua de acequia", contó Ferreyra.
En ese marco, las mujeres y disidencias afrontan la "naturalización de la violencia y del abuso", en los que se intenta "buscar espacios que sean trincheras y de encuentro".
Ferreyra dijo además que mientras falta la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, a las docentes se les impone un código de vestimenta en base a un "estatuto docente, que es de 1969, que (establece) que la vestimenta de las docentes tiene que se decorosa". Ese "decoro" impuesto por la supervisora de educación del lugar incluiría que no tienen que ir con zapatillas ni con calzas, ni con remeras que muestren los brazos. Ferreyra expresó que tales medidas "siguen reforzando estereotipos de género" y además son "obsoletas y disciplinadoras".
