“Es aberrante que pongan en un mismo nivel a las personas y a los desechos urbanos”, dijeron a Página/12 referentes de organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, luego de que este diario publicara la licitación del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño en la que incluye a esa población y a los recuperadores urbanos en una lista destinada a un relevamiento de la higiene de la Ciudad. Entre las organizaciones volvió a flotar el fantasma de la UCEP y temen por un posible uso represivo de los datos recolectados, aunque aseguran que la licitación responde a la lógica de desplazamiento urbano que históricamente desplegó la gestión del PRO.

La Licitación pública N°7162-1862 LPU22 del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad  no cayó nada bien en las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle. Como publicó este diario este lunes, el servicio que crea esa licitación de más de 1500 millones de pesos tiene el objetivo de "relevar" el estado de higiene de las calles porteñas. El problema es que, además de la basura, desechos o restos de podas u obras de la Ciudad, la lista de "elementos" a relevar incluye a personas en situación de calle y a recuperadores urbanos. Una de las primeras agrupaciones en alzar la voz fue Proyecto 7, organización con casi veinte años de trabajo. En un comunicado, alertaron que la licitación responde a una “visión claramente discriminatoria y expulsiva del GCBA”.

En diálogo con este diario, Horacio Ávila, referente de la organización, sostuvo que "no vamos a dejar pasar que pongan en un mismo nivel los desechos urbanos con las personas en situación de calle, es aberrante, tendría que haber un repudio generalizado". "La licitación lo dice claro: incluye a las personas como 'todo lo que pueda causar una mala imagen' a la Ciudad. Es deplorable, si bien sabemos cómo son no imaginé que llegaran al nivel de poder decirlo así", agregó Ávila. 

La Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle de la Ciudad también se manifestó sobre la licitación. Jorgelina di Iorio, integrante de la Asamblea, sostuvo a este diario que, aunque impacta "la forma explícita en la que aparece en la licitación", la creación del servicio responde a una "lógica de visión urbana que no es nueva, desde la UCEP para acá fueron ejecutando políticas públicas de limpieza urbana de este tipo". Di Iorio consideró que la licitación "responde a los giros a la derecha que se vienen dando para referirse a estas poblaciones que son objeto de odio. Es una jugada bastante electoralista que busca agradar a determinados sectores. Antes aparecía un poco más lavado, ahora ya nos enfrentamos a estos discursos explícitos".

"Preocupa mucho a quién le llegará la información que recolecten, porque es información clara que puede servir para que se hagan operativos represivos nocturnos que ya pasaron en otras épocas. Puede ser como una UCEP privatizada", sostuvo Ávila en referencia a la Unidad de Control del Espacio Público, creada en 2008 por la gestión de Mauricio Macri y dirigida por el actual prófugo Pepín Rodríguez Simón, como organismo represivo de las personas en situación de calle. El referente de Proyecto 7 recordó que, en épocas de la UCEP, "la información se remitía a la Policía Metropolitana que armaba mapas de las ranchadas".

La preocupación actual de las organizaciones radica en que los "relevadores" del nuevo servicio deberán registrar en una aplicación móvil, con ubicación precisa, si encuentran asentamientos de personas en situación de calle. Aunque desde Espacio Público dijeron a este diario que los "relevadores" solo observan la situación, que se deriva a Buenos Aires Presente de Desarrollo Humano y Hábitat, las organizaciones creen que esos datos serán utilizados con fines más represivos que de "higiene". 

"Los operativos de desplazamiento de las personas en situación de calle ya existen y responden a protocolos de Espacio Público, cuando se supone que solo van a relevar y a derivar al BAP. Hay infinidad de denuncias por desplazamientos y violencias en el espacio público. La lógica de decir que los van a limpiar porque contaminan es parte de la lógica de gobierno y de un discurso que está legitimado en la Ciudad, que los considera como desechos, casi perdiendo el estatuto de personas", señaló Di Iorio, psicóloga e investigadora del Conicet. 

Para Di Iorio, la lógica de derivar en Espacio Público las políticas para personas en situación de calle remite a la concepción que el GCBA tiene acerca de esa población, solo como objetos de "limpieza". "La instalación de arquitectura defensiva o el enrejamiento de las plazas también ya viene de hace rato y busca desplazar a las personas", señaló en este sentido. Ávila coincide en que la lógica represiva es "histórica" de la gestión del PRO: "Siempre armaron grupos represivos a través de Espacio Público, y ahora esto da pie para que accedan a información como para poder desalojar ranchadas de manera violenta. Creemos que va por ese lado y vamos a denunciarlo cuando suceda", sostuvo. 

En julio del año pasado, la Asamblea presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación una denuncia documentada con fotos y videos de diversos casos de violencia por parte del GCBA hacia personas en situación de calle. La Secretaría tomó la denuncia y presentó también un hábeas corpus colectivo "con el fin de que se ordene al GCBA cesar con estas conductas y pensar acciones inclusivas para las personas en situación de calle".