La Legislatura provincial trabajó ayer sobre distintos proyectos relacionados a la seguridad pública. Entre otros, convirtió en ley el que establece prisión preventiva para quienes violen medidas perimetrales dispuestas por la Justicia por casos de violencia familiar o de género y la creación del Registro de Acopiadores y Comercializadores de Materiales No Ferrosos que busca romper el circuito ilegal que existe alrededor del robo de cables controlando y penalizando a quienes se dediquen a su reducción y reventa clandestina. Por otra parte, el Senado aprobó con modificaciones la prisión preventiva por portación ilegal de armas, que ahora vuelve a Diputados para su sanción definitiva.
Con respecto a las restricciones perimetrales, el se convirtió en ley el proyecto del Diputado Oscar Martínez, que modifica el Código Procesal de la provincia de Santa Fe. Esta modificación se refiere al artículo 221, que versa sobre la peligrosidad procesal. Esta iniciativa agrega el artículo 221 BIS, y suma como peligrosidad procesal a quien violara una restricción perimetral en un contexto de violencia de género y/o familiar. Por tanto, al agregarse esta figura, quien cometa este delito será pasible de recibir prisión preventiva.
Martínez también es autor, junto la socialista Lionella Cattalini, el Senado santafesino aprobó la media sanción que faltaba para convertir en Ley el proyecto de la diputada socialista Lionella Cattalini y el diputado Oscar Martínez (FR) para la creación del “Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales no ferrosos”.
El objetivo principal de la creación de este registro surge a partir de la ola de robos de cables que se viene sucediendo en la provincia de Santa Fe y permitirá blanquear a vendedores a titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos, quienes además deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.
"El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan. Cada vez son más los barrios que se quedan sin servicios de luz, cable, internet, y vecinos y vecinas que sufren los robos de picaportes, medidores de agua, de gas, porteros eléctricos, etc, debido al valor de estos materiales”, explicó Cattalini a la vez que aseguró que “esta nueva herramienta con la que contará el gobierno provincial permitirá controlar y clausurar aquellos negocios que no puedan dar cuenta del origen de esos materiales”.
En el mismo sentido, la legisladora contó que " junto al diputado Oscar Martínez trabajamos este tema en audiencias públicas en las cuales participaron todos los actores que son damnificados en forma directa por el robo de cables y esto permitió entender que existía un vacío legal”.
Martínez explicó que “uno de los grandes problemas de no tener una ley vigente es la dificultad que existía hasta ahora por ausencia de herramientas legales de los Fiscales para ir contra las mafias que amparan la comisión de estos delitos. Al único que se podía castigar era al hurto famélico, flagrante, es decir al que encuentran robando medio metro de cable para venderlo. Pero toda la mafia, chacaritas, desarmaderos, chatarrerías que amparan y promueven el desarrollo de esta actividad delictiva no podían ser atrapados por el accionar de la justicia.
