Un jurado de enjuiciamiento resolvió este jueves destituir e inhabilitar al juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, en un proceso iniciado en 2018, luego de que el magistrado denunció presiones de dos funcionarios de la AFI macrista para detener a los dirigentes sindicales Hugo y Pablo Moyano. La negativa de Carzoglio le valió la activación de un antiguo pedido de destitución y la posterior suspensión en sus funciones. Tras conocer la sentencia, el juez cuestionó el procedimiento y anunció que va a apelar ante la Corte Suprema bonaerense.

"Este fue un jury hecho en forma precipitada. En cinco días hubo que interrogar a 60 testigos, y con los últimos cinco tuvimos que desistir", señaló Carzoglio en declaraciones radiales. El juez afirmó que existieron "maniobras" por parte del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que entorpecieron el desarrollo del proceso y advirtió que desconfía de la votación: “Nos extraña que haya habido un voto unánime, pero vamos a recurrir la resolución y vamos a seguir peleando dentro de lo legal”, sostuvo. El próximo paso será recurrir la sentencia ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.

El juez enfrentaba un pedido de destitución por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha, haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos y por "maltrato" a personal de su juzgado.

Pero el proceso de enjuiciamiento generó suspicacias desde el inicio. En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el director administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano y el responsable de Análisis financieros, Fernando Di Pasquale, concurrieron a la oficina de Carzoglio, quien intervenía por entonces en una causa contra Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente. Según declaraciones posteriores del exdirector general de la AFI, Gustavo Arribas, la presencia de los funcionarios fue para prevenir "acciones directas con violencia y desmanes" por parte de los sindicalistas ante un eventual fallo adverso.

Sin embargo, la versión del recientemente destituido juez fue otra. En efecto, los funcionarios de inteligencia se habían apersonado, aseguró, para transmitirle la "obsesión" de Macri con la detención de los Moyano y para convencerlo de obrar en ese sentido. Entre otras presiones, le habrían hecho llegar hasta un borrador con la orden de detención para ser firmada. Carzoglio se negó a firmar la orden y poco tiempo después fue denunciado por el procurador bonaerense.

El jurado, presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan encontró al magistrado culpable de las acusaciones de maltrato: “La mala conducta y de esa manera el ‘mal desempeño’ surge de las acciones desarrolladas por el denunciado cuando, por una parte, utilizó su poder como titular de un órgano jurisdiccional para violentar a su personal, al punto de encuadrar sus conductas en los términos de la ley provincial de violencia laboral 13.168 y por otro, cuando en un claro supuesto de ‘desvío de poder’ utilizó el aludido poder jurisdiccional para la suscripción adulterada -por falsa- de un documento público ante la férrea negativa de las funcionarias y el funcionario letrado”, sostiene el fallo. Además, sobre los allanamientos dice que “la prueba colectada muestra a un juez que no sólo menosprecia las reglas y esquemas legales que rigen la competencia, sino que a la vez, lo exhibe como un operador negligente".

“Yo este pedido de enjuiciamiento lo tenía desde 2015, en base a denuncias de 2010. Cuando conté lo que venía pasando conmigo, llamativamente se reactivó”, denunció Carzoglio. Como consecuencia, fue apartado preventivamente por 90 días, y luego fue directamente suspendido, con el embargo del 40 por ciento de sus haberes. Este jueves, tras la declaración de 85 testigos -55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado-, el jurado resolvió destituir e inhabilitarlo permanentemente.