Tras varias amagues y la insistencia de sobrevivientes y familiares de víctimas, el Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires puso nueva fecha para el comienzo del tercer juicio que se llevará a cabo por los crímenes sucedidos en el centro clandestino conocido como Puente 12, ubicado en La Matanza. Comenzará el próximo 3 de abril. “Por un lado es un alivio que ya haya fecha. Por otro, es agotador, ¿es necesario que insistamos para que avancen con algo que es su deber hacer?”, se preguntó Alejandra Cravello, integrante de la Comisión de familiares de víctimas y sobrevivientes Vesubio-Puente 12.

“Tuvimos que ponernos firmes y creo que producto de eso sale el TOF ponen fecha”, coincide Pablo Llonto, abogado que representa a la mayoría de los querellantes en el debate que “viene sufriendo demasiado debido a una cuestión que ya es la realidad actual de los juicios de lesa humanidad, que no son prioridad para los jueces porque no lo son para esta Corte Suprema de Justicia”, denunció el abogado.

El tercer tramo de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó en el predio de la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense, en las cercanías de la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de Cintura —lo que se conoce como Puente 12– fue elevado a juicio oral en diciembre de 2020. El TOF 6 dispuso una primera fecha de inicio de aquel debate para mediados de octubre pasado y de inmediato lo pospuso para febrero de este año. La excusa fue la recusación de una de Sabrina Namer, una de las juezas que subroga ese tribunal que dirige Daniel Obligado. El mismo tribunal dio entonces comienzo a otro juicio de lesa humanidad, el que los operadores judiciales llaman “Superintendencia de Seguridad Federal III”. Más acusados, pero muchísimos menos casos.

Pero cuando la feria judicial de verano terminó, la fecha de inicio de debate se convirtió mágicamente en una audiencia preliminar. Entonces, la insistencia de la Comisión Vesubio Puente 12 fue fundamental para que la demora no siga siendo eterna. “Sirve insistir, pero es agotador. Parece que los tribunales funcionan así, a presión, cuando los juicios de lesa humanidad deberían ser una prioridad a casi 50 años de los hechos”, sentenció Cravello. Los querellantes aprovecharon aquella reunión de preparación para solicitar a los jueces “celeridad” en el ritmo del juicio: dos audiencias por semana, entre cinco y seis testimonios por jornada. “Como solía suceder cuando se retomaron los juicios de lesa humanidad”, aclaró Llonto. El juicio Superintendencia de Seguridad Federal III, por caso, a cargo del mismo tribunal, cuenta con una audiencia cada 15 días.

En Puente 12 III, el TOF número 6 deberá juzgar a seis imputados –dos integrantes del Batallón y cuatro policías de la Bonaerense– por secuestros, torturas y asesinatos en perjuicio de 185 personas. De esos casos, más de 100 llegan a debate por primera vez: son casos que datan de 1974, 1975 y los primeros meses de 1976. “Yo tengo 57 años, muchos más de los que tenía mi papá, Ricardo Cravello, y su esposa al momento de ser secuestrados, es demasiado lo que esperamos”, completó la referente de la comisión de familiares y sobrevivientes.

Una prueba judicial afectada

Mientras se preparan para el inicio del juicio, familiares de víctimas y sobrevivientes esperan que haya definiciones en relación con la presencia de la Bonaerense en el lugar donde funcionó el centro clandestino y sus alrededores, donde “está confirmado que hubo fosas clandestinas en donde los represores incineraron los cuerpos de nuestros desaparecidos”, apuntaron desde la Comisión. El lunes, los jueces del tribunal realizarán una inspección ocular para conocer el escenario de los crímenes que juzgarán en menos de un mes. Pero se espera que el Juzgado de Instrucción número 3 defina otra visita, solicitada por la querella de la Comisión, para determinar el impacto de la presencia de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI) de la Bonaerense y las obras que el jefe de esa fuerza, Sergio Berni, está implementando allí.

“Venimos denunciando que las modificaciones que la Bonaerense realizó en el lugar está afectando el sitio, que es todavía prueba judicial”, apuntó Llonto. El centro clandestino Puente12-Cuatrerismo-Brigada Güemes funcionó en el territorio que, en términos de división administrativa del territorio, se compone de dos parcelas: la 948H, en donde desde 2017 tiene su base de operaciones la UTOI, y la 948G. “Pedimos al Juzgado federal que dicte una medida de no innovar sobre las dos parcelas”, añadió el abogado querellante.

En la parcela H está localizado lo que fue el espacio de detención clandestina y de tortura propiamente dicho. En la G, que es el predio que lo rodea, están localizadas las “capachas”, como incluso son mencionadas en los testimonios que figuran en la causa: pozos, fosas en donde los represores arrojaron cuerpos sin vida que luego iban prendiendo fuego. Por orden de Daniel Rafecas, el juez a cargo de la instrucción, intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó varias excavaciones en el lugar, en donde halló objetos y restos humanos. Ese espacio es, hoy, según denunciaron desde la Comisión Vesubio Puente 12, el “estacionamiento y zona de esparcimiento de los efectivos que componen la unidad”, además de destino de baños químicos e incluso proyecciones para localizar un gran edificio. “Las trabajos no terminaron, Para nosotros es importante que ese lugar no se toque. Y si hay gente que circula todos los días por allí, si entran y salen camiones con materiales y equipamientos, el lugar puede estar viéndose afectado”, sumó Llonto.

Una papa que quema

La UTOI llegó a ese predio de La Matanza por orden de Cristian Ritondo cuando éste estaba al frente del Ministerio de Seguridad Bonaerense durantel gobierno macrista de María Eugenia Vidal. Entonces, la fuerza que según los denunciantes contaba con cerca de 300 efectivos, hoy supera los 2500. En agosto de 2019, familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos y funcionarios del gobierno nacional y del provincial señalizaron el lugar como sitio de memoria. En septiembre de 2021, miembros de la Comisión de familiares y sobrevivientes se encontraron con la desagradable sorpresa de que había sido modificado.

“El portón de madera de ingreso al lugar, algo sumamente característico para muchos testigos ya que por él lo recuerdan, fue reemplazado por un portón de chapa de más de dos metros de altura que no solo cambia la fisonomía de ese elemento, sino que tampoco permite ver para adentro. Desde la entrada, muchos testigos tenían una imagen del centro clandestino, del predio. Ahora ya no”, denunciaron. El camino entre ese portón y la casa, base de Cuatrerismo y espacio de detención clandestina, fue cementado.

Radicaron una denuncia ante Rafecas, que citó al Ministerio de Seguridad bonaerense. Entonces, según apuntaron desde la Comisión, el propio ministro Sergio Berni, se comprometió a mudar la unidad “si es que se le aseguraba otro terreno en donde establecerla”. No ocurrió nada. Berni evadió reuniones con la Comisión, cuyo último paso fue presentar una carta oficial para pedir encuentros formales con el gobernador Axel Kicillof, Berni y las áreas de derechos humanos bonaerenses. Todavía no obtuvieron respuestas. “El tema es una papa que quema”, advirtieron los familiares, quienes la semana pasada debieron soportar que decenas de efectivos de la Bonaerense “uniformados”, los rodearan y filmaran mientras realizaban una caravana de recorrida por los centros clandestinos en donde desaparecieron sus seres queridos y algunos de ellos sufrieron violaciones a sus derechos humanos.